El Ejército aplica retroactivamente la Ley de Secretos Oficiales a documentos históricos hasta ahora de libre acceso
Los archiveros están consternados, los investigadores perplejos. El Ejército de Tierra ha decidido echar el cerrojo a documentos que durante décadas han sido de libre acceso para los historiadores. Desde principios de abril, coincidiendo con el 79º aniversario del final de la Guerra Civil, ya no se pueden consultar los documentos que lleven el sello de secreto o reservado, al margen de cuál sea su antigüedad u origen.
Un hombre consulta documentos del Archivo General Militar de Ávila.
La decisión afecta especialmente al Archivo General Militar de Ávila, el organismo de referencia para el estudio de la Guerra Civil española, junto al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Parte de la documentación que se guarda en Ávila procede de los archivos de los Ejércitos de ambos bandos, unificados por orden de Franco en 1939, de los fondos de la División Azul y de las comisiones históricas sobre el Sáhara, Gibraltar o Guinea Ecuatorial y han estado a disposición de los estudiosos prácticamente desde el fin de la contienda.
Se da la paradoja de algunos documentos secretos que ya no podrán consultarse fueron clasificados por el Gobierno de la II República o el Estado Mayor del Ejército popular.
Un portavoz del Ejército de Tierra asegura que la decisión responde a una consulta elevada por el Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) al Estado Mayor del Ejército sobre el tratamiento que debía darse a la documentación histórica que tuviera el sello de secreto o reservado.
Normativa de 1968
El criterio, adoptado en 2016 y reiterado en enero pasado, “fue el de que todo documento con marca de clasificación debería tratarse como documento clasificado, excepto si el documento contenía referencias concretas a la validez temporal de la clasificación”. Esta decisión, agrega el mismo portavoz, no se limita a los archivos de la Guerra Civil, sino que afecta a toda la documentación custodiada por el Ejército.
Es decir, de la noche a la mañana se ha decidido aplicar retroactivamente la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968 a documentos clasificados décadas e incluso siglos antes.
El Ejército asegura que su objetivo no es “impedir o dificultar la investigación científica de ningún periodo de la historia”, pero reconoce que el resultado de la decisión ha sido “la denegación de acceso a los investigadores a una documentación histórica hasta ahora a su disposición”.
Asegura que persigue “ajustar a la normativa vigente situaciones que pudieran no haberlo estado con anterioridad” (es decir, que lo ilegal sería haber dejado hasta ahora consultar estos documentos) y que se trata de “una medida de carácter temporal”, mientras se aprueba la reforma de la Ley de Secretos Oficiales a trámite en el Congreso.
La decisión se ha tomado en contra del criterio de los técnicos. Antonio González Quintana, portavoz de la asociación Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), tacha la medida
de “increíble” y “carente de cualquier base legal o fundamento jurídico”. González, que de 1994 a 2003 fue jefe de la Unidad de Archivos Militares de Defensa, asegura que supone un retroceso de décadas en la normalización y homologación de los archivos del Ejército.
Se da la paradoja de que mientras Defensa impide consultar esos documentos, el archivo de Salamanca, dependiente de Cultura, permite acceder a miles de informes secretos. Además, la medida no figura en ningún decreto, orden ministerial, circular o instrucción. Se trata de una orden verbal, lo que deja a los archiveros e investigadores en una situación de indefensión.
Mientras, Defensa guarda silencio, como si interpretar la ley de Secretos Oficiales fuese competencia del Ejército.