Ha sido un año complicado para la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), pero se ha «ganado la primera batalla de una larga guerra», en palabras de su presidente, Juan Chicharro. La unión de la familia y la acción combinada con la entidad han vencido «por el momento a todo un Gobierno con el poder del Estado a su disposición».
Los recurrentes al Supremo se han servido de la «fórmula Clausewitzciana» para frenar la exhumación, enfrentándose al Ejecutivo con tres «armas»: la presión a la Iglesia, la expansión de 38 sedes de la Fundación por toda España y el uso de las redes sociales, además de la imprescindible vía jurídica. Se basta esta pauta «Clausewitzciana» en la aplicación metódica de principios como la «voluntad de vencer» o la «capacidad de ejecución», de manera que los medios se adecúen al cumplimiento del objetivo. En definitiva, y tratándose de un militar de carrera como Chicharro, estrategia castrense aplicada al proceso.
Tomaron parte las cuatro partes demandantes –que completan la comunidad benedictina y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos– «en el momento oportuno» y explotando las «vulnerabilidades del Gobierno» en relación a los indicios de inconstitucionalidad, la ley de caso único al no saber que en el Valle hay 189 personas más enterradas «no víctimas de la Guerra Civil», el desconocimiento de que la familia tenía título funerario en la cripta de la Almudena o las «chapuzas» en la licencia de urbanismo. En este caso, una maniobra seguida por terceros que presentaron múltiples demandas contra el Ayuntamiento de El Escorial hasta conseguir que el permiso de obras quedara suspendido cautelarmente.
Esta estrategia se ha completado con la creación de 38 delegaciones de la FNFF por toda la geografía nacional y el empleo extensivo de las redes sociales (las visitas a la web se han multiplicado por tres). Además de los escritos y presiones directas sobre la jerarquía eclesiástica «al más alto nivel, sabedores de que aquí estaba el centro de gravedad de la resolución del problema». Según la Fundación, «la Iglesia tiene seguramente la última palabra» y tomó «buena nota del mensaje».
No ha faltado la participación «exhaustiva» en toda clase de medios –nacionales e internacionales– la mayoría «hostiles en grado sumo». Y en un escenario de «presiones» en busca de la ilegalización de la FNFF. Acciones todas complementarias pero siempre encaminadas a impedir la exhumación de Franco del Valle y en su caso retrasarla «al máximo en espera de mejores condiciones políticas». Son «conscientes», dice Juan Chicharro, de que el Gobierno ha «aprendido de la derrota» y de que se enfrentarán a «nuevas leyes “ad hoc”», pero confían en que «de una vez intervengan los partidos políticos en defensa de la verdad histórica y del Derecho».
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