La independecia de Eslovenia en 1991 supuso la guerra y el comienzo de un conflicto cruel en los Balcanes, por lo que la Generalitat no puede estar en manos de políticos que llaman a la violencia»
La bicefalia que gobierna lo que queda de la Generalitat, Carles Puigdemont y Joaquim Torra, han definido cuál es la ruta que debe seguir: la «vía eslovena». Es decir, la que emprendió la entonces república federada con Yugoslavia en el año 1991. Evidentemente, no fue una vía pacífica: costó una guerra, muertos y el último genocidio ocurrido en Europa. Es decir, la vía elegida supone pagar un alto precio. El propio Torra lo dijo en Bruselas: «Ya no hay marcha atrás y estamos dispuestos a todo para vivir libres». Para evitar una engorrosa contabilización de muertos –cerca de 70 en diez días de conflicto armado–, en la mayoría del Ejército Federal Yugoslavo, Torra eligió la retórica caudillista y mesiánica que tantos desastres han provocado en la historia europea: «Los catalanes hemos perdido el miedo…, no nos dan miedo, y este es un grito muy poderoso. No nos dan miedo y tengo que deciros que no hay marcha atrás en el camino de la libertad». Mirarse en Eslovenia porque realizó un referéndum de independencia, que ganaron, sin la aprobación del gobierno federal, lo que provocó la intervención del ejército y el enfrentamiento con la Fuerza de Defensa Territorial de Eslovenia –abiertamente desleal a Belgrado– y, finalmente, declarar la secesión y el reconocimiento internacional, es imponer un mal camino, el más peligroso. Es irresponsable, incendiario e indecente porque aquellos hechos desencadenaron una guerra cruel en los Balcanes en la que se dio rienda suelta a todo el delirio nacionalista: croatas y serbios se emplearon a fondo, pero los eslovenos en los que ahora se mira Torra no fueron inocentes, ni mucho menos. No vamos a poner negro sobre blanco la macabra simulación de qué supondría para Cataluña aplicar la «vía eslovena», según sus cálculos, para evitar el lenguaje belicista que muy probablemente los dirigentes independentistas quieren inyectar a toda la sociedad –tanques, enfrentamientos en la frontera, bajas, prisioneros, refugiados…–, pero sí hacer un llamamiento para que se pongan las medidas para que incendiarios de este calibre puedan tener el más mínimo ámbito de poder. Ha elegido el peor camino y el más violento, por lo que ahora caben dos vías para neutralizar esa opción, que confiamos no prenda en los nacionalistas sensatos, si es que queda alguno todavía: o contabilizar lo dicho en las bravuconadas de uno de esos políticos que han perdido el sentido de la realidad y que quieren ocultar su propio hundimiento en el desastre colectivo, o tomar medidas para que la Generalitat pueda ser de nuevo intervenida. Es decir, volver a plantear seriamente la necesidad de aplicar el artículo 155. Hasta los propios independentistas reconocen que, de haberse intervenido la Generalitat antes, se habría evitado la declaración de independencia del 27-O y la cárcel. Este fin de semana se ha comprobado que el control de las autopistas y carreteras catalanas lo tienen los CDR, que paralizan el tráfico cuando quieren sin que los Mossos d’Esquadra puedan intervenir, ahora bajo control de la CUP, que han exigido que estos grupos puedan actuar violentamente sin ser molestados. Esta es la doctrina impuesta por Torra. Qué dependiente debe ser Pedro Sánchez de los independentistas para no romper con ellos. El «proceso» lleva tiempo jugando con la idea de «poner muertos» –como algunas grabaciones han rebelado–, lo que dentro de esa forma de «pacifismo totalitario» debería entenderse como un sacrificio necesario. Estamos ante un momento de degeneración política del independentismo, que, en vez de reconocer el error de que en ninguna democracia se puede dar un golpe contra la legalidad, insisten en un enfrentamiento, ahora parece que también con muertos de por medio.
10 dic. 2018 La Razón EDITORIAL