El Estado Mayor del Ejército de Tierra ha decidido dar marcha atrás en su decisión de impedir el acceso a los documentos históricos que tuvieran el sello de secreto o confidencial,
El Estado Mayor del Ejército de Tierra ha decidido dar marcha atrás en su decisión de impedir el acceso a los documentos históricos que tuvieran el sello de secreto o confidencial, sin importar su antigüedad u origen, como contó ayer El PAÍS. La medida, que se aplicaba desde principios de abril, afectaba especialmente al Archivo General Militar de Ávila, centro de referencia para el estudio de la Guerra Civil, y había provocado indignación en archiveros e investigadores.
El Ejército de Tierra anunció ayer, a través de una nota, que “desde el Estado Mayor se van a dar instrucciones oportunas al Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) para subsanar” la situación creada por la orden restrictiva y que, “en consecuencia, los fondos documentales seguirán disponibles para su consulta en las mismas condiciones” en que lo estaban hasta el mes de marzo.
La rectificación vino acompañada de una petición de disculpas por parte del Ejército, que “lamenta los inconvenientes que esta decisión haya podido causar en el ámbito de la investigación histórica”.
La nota explica que la orden de que se vetase el acceso a todo
informe clasificado con un sello de secreto o reservado, independientemente de su antigüedad u origen, fue una “decisión de carácter técnico”, adoptada en 2016. Entonces, el IHCM hizo una consulta al Estado Mayor con motivo de la incorporación al archivo de Ávila de un fondo que incluía documentación anterior y posterior a 1968, cuando entró en vigor la todavía vigente Ley de Secretos Oficiales, y que, “dada su complejidad, no hacía fácil individualizar los documentos” y decidir cuáles podían ser o no de acceso público.
El criterio al que se llegó es que se debía vetar a los investigadores el acceso a cualquier documento con un sello de confidencial o secreto, aplicando retroactivamente y sin límite temporal los efectos de la Ley de Secretos Oficiales.
“Por una interpretación extensiva de la normativa sobre información clasificada, esta decisión se aplicó” no solo al nuevo lote, sino también “al resto de los fondos documentales” que custodia el Ejército en sus archivos, lo que supuso vetar a investigadores y estudiosos el acceso a documentos que llevaban décadas consultando.
La adopción de esta medida fue desaconsejada por los técnicos de los archivos militares, lo que no impidió su entrada en vigor a principios de este mes.
Se daba la paradoja de que se retiraban del acceso público documentos clasificados por el Gobierno de la II República o por el Estado Mayor del Ejército popular, ya que Franco ordenó al final de la Guerra Civil unificar los fondos documentales de los dos bandos en un único archivo.
Además, las restricciones impuestas por el Ejército a la hora de acceder a sus fondos documentales no se aplicaban en el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca, dependiente del Ministerio de Cultura, donde pueden consultarse miles de informes con el sello de secreto.
La orden fue duramente criticada por la asociación Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), cuyo portavoz, Antonio González Quintana, jefe de la unidad de archivos militares del Ministerio de Defensa entre 1994 y 2003, advirtió de que carecía “de cualquier base legal o fundamento jurídico”.
La rectificación devuelve el problema al estado en que se encontraba hace dos semanas, pero no lo resuelve: España carece de un sistema automático de desclasificación de documentos transcurrido cierto número de años, como tiene la mayoría de los países. La reforma de la Ley de Secretos está pendiente de aprobación en el Congreso.