Con el traslado a Madrid de la entrega de despachos, el presidente del CGPJ envía un mensaje equívoco a unos nacionalistas que están en plena ofensiva contra los jueces y magistrados»
La decisión de trasladar de Barcelona a Madrid la ceremonia de la entrega de despachos a los nuevos jueces, que preside Su Majestad el Rey, ha provocado el público malestar de los miembros de la judicatura destinados en Cataluña, que encuentran poco sólidas las razones aducidas por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para justificar el cambio. Así, tanto la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como la juez decana de Barcelona, han hecho llegar su contrariedad al CGPJ por entender que no son, precisamente, tiempos para reducir la presencia de las instituciones del Estado en el Principado, mucho menos cuando desde las diversas instancias separatistas se llevan a cabo campañas de acoso contra los jueces y magistrados que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, tuvieron que actuar contra el golpe anticonstitucional de octubre de 2017. Es evidente, aunque los responsables no lo hayan admitido, que en la decisión del traslado pesan otros factores ajenos a razones protocolarias, como son las amenazas de escraches, antes o durante la celebración de la ceremonia e, incluso, las dificultades para encontrar un local lo suficientemente amplio y digno para albergar al medio millar de personas invitadas a los actos. Por supuesto, consideramos acertada desde el punto de vista institucional la elección de la Real Academia Española como anfitriona de la Escuela Judicial de Barcelona, –que con esta medida resalta la estrecha colaboración que existe entre la Docta Casa y una Judicatura preocupada por mantener la corrección del lenguaje jurídico y, al mismo tiempo, abordar su imprescindible actualización–, pero no es esa la cuestión de fondo. No son sólo los jueces y magistrados quienes se resienten de lo que, a todas luces, se asemeja a una cesión, sino que el conjunto de la ciudadanía, que asistió atónita y preocupada a un golpe auspiciado desde las propias instituciones autonómicas catalanas, la interpreta en clave de amilanamiento ante la estrategia de la tensión del separatismo. Ni siquiera la aducida conmemoración del 40 aniversario de la Carta Magna puede disimular esta apreciación, puesto que en nada desmerecería a tan significada efeméride que la entrega de despachos se celebrara en la Ciudad Condal, como viene siendo norma desde 1997, fecha de creación de la Escuela Judicial barcelonesa. Carlos Lesmes ha hecho, pues, un flaco favor a las instituciones judiciales en Cataluña, pero, sobre todo, ha enviado un mensaje equívoco a unos grupos nacionalistas que se preparan para incrementar la ofensiva contra la Judicatura ante la proximidad de la vista oral en el Supremo que juzgará a los ex dirigentes políticos y sociales catalanes que estuvieron al frente del proceso secesionista y quienes se acusa de graves delitos de rebelión, sedición y desobediencia. Un juez no puede ceder a las pretensiones de la violencia ni puede trasmitir una imagen de falta de firmeza ante quienes se niegan a cumplir la ley. Lo que necesitan los magistrados y fiscales destinados en Cataluña no son primas salariales de penosidad, sino el respaldo claro y sin vacilaciones de las autoridades del Estado, que representan a la sociedad española. Ya el año pasado, con otra excusa peregrina, se redujo la representación institucional en la ceremonia que nos ocupa para soslayar la reacción de los políticos nacionalista catalanes. No es con el desistimiento como se debe afrontar el problema del separatismo, sino desde la convicción de la legitimidad democrática.
8 ene. 2019 La Razón EDITORIAL