3 de octubre de 2009. Las aguas del golfo de Somalia se convierten en el escenario de un episodio que desencadenará una de las mayores crisis diplomáticas y militares que España ha afrontado en los últimos tiempos: una embarcación pirata ha asaltado un atunero español, el Alakrana, y secuestrado a toda su tripulación. La cúpula militar está dispuesta a intervenir, pero alguien les frena, desatando una “bronca” entre mandos. Se trata del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general José Julio Rodríguez, ahora reconvertido en “soldado raso” -según sus palabras” en filas de Unidos Podemos.

Esa bronca ha sido desvelada en unos audios de moncloa.com, que contienen la conversación entre la hoy ministra Dolores Delgado, el comisario José Villarejo, el exjuez Baltasar Garzón y otros altos mandos policiales en un almuerzo que tuvo lugar el 23 de octubre de 2009. Estas conversaciones se conocen en plena polémica por la supuesta relación que hubo entre Delgado y el propio Villarejo.

Más allá de que los audios pongan de manifiesto que sí había un trato entre ambas figuras, cabe destacar el contenido de los mismos. En ellos, Baltasar Garzón detalla cómo transcurrió la crisis del Alakrana. Él se encontraba de guardia aquel 3 de octubre de 2009, cuando se produjo el secuestro, y fue el encargado de llevar el caso.

Según detalla, los mandos operativos aconsejaron al Jemad Julio Rodríguez la intervención sobre el barco para liberar a los secuestrados, sobre quienes los piratas pedían un rescate. El máximo representante de las Fuerzas Armadas -por encima de él sólo están las figuras del rey, del presidente del Gobierno y del ministro de Defensa- se opuso a esta intervención, lo que desencadenó una “bronca” entre ambas partes. Siempre, por supuesto, siguiendo el relato de Garzón.

El entonces magistrado confiesa en la conversación su opinión favorable a “abordar” el Alakrana: “Que mueren una persona, que mueren dos. ¡Qué le vamos a hacer! En la vida, aquí puede haber un atentado y que mueran cincuenta”. También critica la actitud adoptada desde Defensa, entonces dirigido por Carme Chacón, de no usar a los piratas capturados como “moneda de cambio”.

La crisis culminó tras 47 días de secuestro, cuando se liberó a la tripulación española tras el pago de un rescate de 4 millones de dólares.