LAVANGUARDIA

Estos tipos delictivos están incluidos en el título XXIII del Código Penal y siempre suponen una complicidad con una potencia extranjera

Jaume Pi

07/02/2019 14:01

Probablemente la acusación más grave que ha recibido estos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte del presidente del PP, Pablo Casado, es la de “traición”. Más allá de un calificativo más o menos duro en el contexto de un debate político encendido, la traición en España es algo muy grave: nada menos que un delito que se castiga con un máximo de veinte años de prisión. Sin embargo, la pena máxima por traición es inferior a la máxima por rebelión, tipo penal del que están acusados los dirigentes independentistas en la causa del procés.

El concepto jurídico de traición ya aparece en la propia Constitución. En concreto, en el artículo 102 del texto constitucional, en el que se contempla como deben abordarse las posibles responsabilidades penales de un presidente del Gobierno y de los miembros de su Gabinete. El punto 2 fija que “si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo”.

Precepto constitucional

El concepto jurídico de traición ya aparece en el artículo 102 de la Constitución, en el que se contempla como deben abordarse las posibles responsabilidades penales de un presidente del Gobierno y de los ministros

En realidad, lo único que establece este artículo es un régimen especial para el presidente y su Gobierno en casos de comisión de delito y, en concreto, en los casos de delitos considerados más graves como son la traición o contra la seguridad del Estado (y donde podría incluirse, por ejemplo, el de rebelión). De hecho, el punto 1 se limita a indicar que el único órgano jurisdiccional competente para juzgar al jefe del Ejecutivo y los ministros es la Sala de lo Penal de Tribunal Supremo y es en el caso de estos delitos más graves (punto 2) que debe intervenir el Congreso. Según los juristas, el objetivo es dar más seguridad al jefe del Ejecutivo, es decir, “restringir la posibilidad de que se inicien acciones judiciales en contra de los miembros del Gobierno cuando se les pretenda” imputar dichos crímenes.

Pese al precepto constitucional, es el Código Penal es el que describe y desarrolla con precisión los delitos de traición.

Los supuestos de este delito vienen recogidos en el título XXIII, de los artículos 581 al 597. En su mayoría son artículos que implican situaciones de conflicto bélico o, en todo caso, de colaboración con potencia extranjera para la declaración de una guerra a España. Es el caso del 581: “El español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertare con ella para el mismo fin, será castigado con la pena de prisión de quince a veinte años”.

La pena de veinte años es la máxima contemplada para este tipo de delitos y la mínima suele ser de diez en función de la gravedad. Los 582 y 583 recogen supuestos en los que un ciudadano español facilita la entrada de un enemigo a territorio español, “toma las armas contra la Patria bajo banderas enemigas”, colabora en el suministro de armas o municiones a tropas extranjeras o impide que las tropas españolas reciban auxilio.

De los artículos 589 al 597 se contemplan delitos que “comprometen la paz o la independencia del Estado”, donde entran otro tipo de supuestos como que se favorezca una declaración de guerra o se mantenga una relación con gobiernos extranjeros con el fin de “perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España”. Por lo tanto, siempre se incluye la situación de un enemigo exterior y no la de uno de carácter interno, como sería el supuesto caso de Pedro Sánchez (o de los dirigentes del procés).

Código Penal. En su mayoría son artículos que implican situaciones de conflicto bélico o, en todo caso, de colaboración con potencia extranjera para la declaración de una guerra a España

No es la primera vez que se menciona el delito de traición en la crisis por el procés. En 2014, la asociación de militares AME pidió que un tribunal militar procesara al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, por un delito de alta traición. La nota de la AME fundamentaba su acusación en el artículo 8 de la Constitución que otorga la función al Ejército de mantener la “integridad territorial y ordenamiento constitucional” del Estado. La advertencia levantó mucha polvareda y recibió críticas políticas, pero también de otras asociaciones de carácter militar que exigieron neutralidad a las Fuerzas Armadas en un caso de crisis territorial.

Igualmente resulta curioso que “alta traición” es como las leyes alemanas denominan lo que en España se denomina “rebelión”. Al recibir la euroorden del juez Pablo Llarena para el caso de Carles Puigdemont, el Tribunal de Schleswig-Holstein tuvo que encontrar un delito equivalente al de rebelión en la jurisdicción alemana y el único que encontró fue del ‘alta traición’, un delito cuya pena máxima es nada menos que la cadena perpetua. Sin embargo, el tribunal regional alemán no consideró que se hubiera cometido tal delito y acabó por rechazar la extradición.