El gasto español en Defensa va a aumentar un 80% en siete años. Es una decisión de envergadura sobre la que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha considerado necesario informar detalladamente a los españoles. Ha optado, sin embargo, por enviar una carta a la OTAN, hurtando al debate público doméstico un asunto crucial como es el de la seguridad.

Ciertamente, la decisión viene a cumplir con el mandato de La Cumbre de Newport (Gales) de 2014 de elevar los presupuestos de Defensa con el objetivo de llegar al 2% del PIB. Es un nivel que solo alcanzan cinco países de la Alianza Atlántica. Pero esa no puede ser la coartada para que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, relegue la soberanía nacional. De hecho, ni siquiera la decisión tomada ahora, a punto de terminar la fecha límite del 31 de diciembre para hacerlo, cumple a pies juntillas el compromiso. Elevar hasta los 18.000 millones de euros anuales supondrá un gasto en Defensa del 1,5% o 1,6% del PIB español. Es probablemente un objetivo más realista que marca la tendencia (que es lo principal), pero tampoco hay explicación al respecto.

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