Razón y ser de la universidad, El Mundo. Juan Antonio Garrido Ardila

Los gobiernos no deben olvidar nunca la misión de las universidades en las sociedades de las distintas naciones: FORMAR

 

El autor critica la nueva Ley de Universidades afirmando que sustituye la naturaleza de la educación superior: investigar y formar profesionales por una universidad  de ideología igualitaria contraria a su esencia El fin natural de la universidad no es acoplarse a ideologías igualitarias, sino en hacer ciencia y formar.

 

En coordinada armonía se han fraguado las leyes para la transmutación del sistema educativo, y a la aprobación de la LOMLOCE hace unos meses sigue ahora el anuncio del anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Se presenta esta LOSU con el boato de «reforma integral» orquestada al propósito de modernizar las universidades. Según el ministro correspondiente, el texto procura el consenso y nace tras 70 reuniones con «múltiples actores». Aparte las críticas ya vertidas sobre sus hechuras, convendría puntualizar que ni las universidades precisan de reforma integral alguna ni la LOSU resolverá las notorias discapacidades de las españolas.

Antes al contrario, la nueva ley tiene visos de debilitar aun más el anémico fuste de la universidad española. En lugar de alumbrar reformas integrales, a toda ley de enseñanza superior es menester reconocer y potenciar las funciones primeras de las universidades. Resumidas por Ortega y Gasset en Misión de la universidad estas son: «Transmisión de la cultura, enseñanza de las profesiones e investigación científica». Ante todo, las universidades sirven a la sociedad produciendo ciencia y formando profesionales competentes, cometidos estos esenciales para el progreso y, por ende, para el bienestar y el porvenir. La calidad de la universidad se logra posibilitando la actividad investigadora de verdadera relevancia para la ciencia y para la formación óptima de los alumnos. Investigaciones hay de mayor o menor altura, como también se hace investigación absolutamente irrelevante por carecer de entidad científica y/o de profundidad analítica.

Parte de lo que hoy en día se publica, tanto en España como en otros países, cae en esta última categoría. De las universidades se espera que demuestren la valía de su investigación por los medios dispuestos a tal fin, incluidos los ránking internacionales.

En consecuencia, el cometido de toda ley universitaria será auspiciar la investigación de calidad que sea ratificada y reconocida internacionalmente. Al contrario de lo que afirman gentes como Michael Sandel, la universidad no se debe a un «propósito social», sino al avance científico que propulse el progreso y forme profesionales competentes.

En España todos entendemos que un equipo de fútbol existe para ganar partidos y trofeos y que, a tal fin, el Real Madrid fichase a Figo y a Zidane. Pero no queremos entender que una universidad esté, ante todo, para cultivar y avanzar el saber, y que para ello precise contratar a los mejores científicos. Ese es el problema de la universidad española. Otro gallo le cantara si el ministro de universidades fuese Florentino Pérez: todos los problemas de las universidades de resolvían si éstas fichasen y tratasen a sus científicos como el Real Madrid a sus jugadores.

En lugar de favorecer la ciencia y a los científicos, la LOSU se presenta como solución para «acabar con la precariedad del profesorado», pero sin poner los medios para optimizar los procesos de contratación de promoción, infinitamente más enrevesados e injustos en España que en el resto de Occidente. Por el contrario, establece disposiciones para prefabricar un modelo de universidad a la medida de una ideología populista mediante, por ejemplo, la formación de «unidades de igualdad y diversidad», la imposición de paridad de género en órganos colegiados, un registro salarial destinado a reducir la «brecha salarial» y el consentimiento de conductas anárquicas entre estudiantes.

Antes bien, el fin natural de la universidad no reside en acoplarse a ideologías igualitaristas, sino en hacer ciencia y en formar profesionales. «La Universidad es inseparable de la ciencia», afirmaba Ortega.

Y el avance de la ciencia exige de los científicos –en la expresión de Platón– natura, studium, exercitatio. La ciencia no progresa merced a cuotas de género o a una diversidad artificiosa, sino, como decía Platón, por la dedicación y el esfuerzo de científicos dotados, formados y voluntariosos.

Imagínese que la alineación titular del Real Madrid se adecuase a la paridad de género y a cotas de diversidad conforme a las cuales me pusiesen a mí de delantero centro y a mi tía la maestra jubilada de portera. Y entre otras muchas disposiciones de la LOSU, es menester decir que calibrar salarios en función de brechas de género constituirá un agravio contra los científicos más competentes y trabajadores.

Afirma Sandel en su libro Justice que «la función de las universidades es una cuestión de opinión». Y él, que tiene un libro titulado The Tyranny of Merit, opina que las universidades deben anteponer el beneficio de las minorías a la ciencia. La LOSU sigue esa línea politiquera y antielitista de la izquierda norteamericana. Observaba Ortega que, amén de esas tres funciones, la universidad está obligada al «contacto con la existencia pública, con la realidad histórica, con el presente» porque «tiene que estar abierta a la plena actualidad; más aún, tiene que estar en medio de ella, sumergida en ella». La ciencia no está reñida con la sociedad, sino que se debe al progreso, el bienestar y el porvenir de esta. Pero la ciencia no puede ser lacaya de un proyecto político vigilado por esas «unidades de igualdad y diversidad» de timbre tan marcial como distópico.

Ha escrito Stephen Pinker que «el mayor enemigo de la razón hoy en día es la politización del saber». La LOSU parece perseguir una reforma integral al servicio de un propósito social y politizado. Esta ley no mejorará la carrera científica, ni la remuneración de los científicos, ni su acceso a los cuerpos docentes, ni asegura la excelencia científica y docente. En lugar de poner la universidad al servicio de la ciencia y la sociedad, la sojuzga a  ideas populistas como la discriminación de género e incluso el desdoro a la monarquía.

Dados los graves problemas de la universidad española, los gobernantes debieran impulsar las iniciativas obvias para mejorar su producción científica y su reputación internacional. Al contrario, desde hace décadas se la ignora y se la ningunea haciéndola esclava de politiquerías enemigas de la ciencia. La universidad no es una institución deudora de ideales partisanos, sino que se concibió al único objeto de producir ciencia y de formar profesionales e investigadores como único modo de asegurar el progreso.

Juan Antonio Garrido Ardila es miembro numerario de la Royal Historical Society y catedrático del Consejo General de la University of Edinburgh.

 

Fuente:

El Mundo 24/09/2021. Pag. 24