Las instituciones políticas catalanas pusieron en marcha, a partir del año 1637, un proceso de secesión de España. Esta desavenencia culminó en el 1640, que con el pretexto de una revuelta sangrienta, desembocó que el principado de Cataluña dejara de depender de la corona de España y se incorporara a la corona francesa, mucho más despótica y centralizadora que la española. Estos hechos desembocaron en una larga guerra de recuperación, que duró 12 años (1640 – 1652).

La virulenta revuelta el 7 de junio en Barcelona, día del Corpus de Sangre, entre otros desmanes asesinó al virrey, el conde de Santa Coloma. El gobierno español decidió, ante la falta de fuerzas suficientes para controlar la situación y una infravaloración de la realidad, la aplicación de una política suave de apaciguamiento, que como era de esperar no dio resultados, porque la espiral de violencia se extendió y no dejó más solución a que hablaran las armas.

Francia no desperdició la ocasión para llevar la guerra a territorio español, y este conflicto fue también aprovechado por Portugal para desligarse de la monarquía hispánica, que tuvo que mantener dos frentes de guerra abiertos en la misma península Ibérica. Esta guerra puso a prueba la resistencia de España, en unas situaciones políticas, económicas, sociales y militares muy adversas.

Esas guerras trajeron funestas consecuencias para España y Cataluña. Se perdieron definitivamente Portugal y el Rosellón (la Cataluña francesa) con las emblemáticas plazas de Perpiñán y Salses.

 El retorno a la Edad Media.

Es un principio básico en la política, y en otros órdenes, que el poder tiende inevitablemente a acumular más poder. Por eso los sistemas democráticos modernos tratan de limitar esa tendencia por medio de controles legislativos y con otros contrapoderes.

Lo mismo ocurre con el poder político sobre un territorio determinado, como es el caso de las actuales autonomías españolas, que tiende al control absoluto del mismo, como si fuera de su exclusiva propiedad, invadiendo y ocupando todos los resortes políticos, económicos, educación, etc. Apropiándose, como cosa suya, de su historia, lengua y, por consiguiente, convirtiendo a sus ciudadanos en vasallos o rehenes. Así, paso a paso y de forma subrepticia han conculcado la Constitución, al no ser todos los españoles iguales ante la ley, porque cada territorio tiene leyes diferentes y hasta contradictorias.

Es decir, el actual sistema y desarrollo de las autonomías españolas supone un retorno a la Edad Media, donde el poder territorial de la nobleza competía, a veces en condiciones de igualdad, con el poder real. El problema es cíclico en cuanto hay debilidad en el poder central, los poderes territoriales ponen en peligro la unidad nacional. Lo hemos visto en las rebeliones del siglo XVII, en las guerras de separación de los virreinatos en el principio del XIX, y en las guerras cantonales con hasta un ¡Viva Cartagena! La misma historia se ha vuelto a repetir en la primera mitad del siglo XX, y ahora Cataluña lo ha intentado, con una fuga hacia adelante, mientras que otras autonomías siguen a la expectativa y al acecho.

Igualmente que en la rebelión del año 1642 Cataluña y España perdieron el Rosellón, ahora Cataluña debe perder su unidad política. Es preferible que Cataluña pierda Tabarnia, valle de Arán y alguna zona más, antes que España pierda su unidad e integridad territorial. Solo un traidor taimado o un bobo ingenuo puede creer, y más tratar que los demás lo crean, que no van a reincidir y volver a aprovechar los recursos de las instituciones públicas para intentarlo nuevamente, en cuanto consideren la situación favorable (No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta).

Es además un esperpento que se consientan partidos políticos que en sus programas electorales tengan como objetivo la ruptura de España, es decir tienen como objetivo delinquir. Por la misma reglas de tres se podrían admitir partidos políticos que tengan como finalidades programáticas saltarse semáforos en rojo, maltratar a los animales o fomentar la corrupción.

Hay una serie de competencias que un Estado serio no debería haber cedido, entre otras: asuntos exteriores, defensa, orden público, fiscalidad e impuestos, educación y sanidad. La reinstauración del servicio militar obligatorio (de la que Francia ha vuelto a dar ejemplo) es una excelente herramienta para la integración social y cohesión territorial (no olvidemos que fue abolida precisamente por eso y a presión de los independentistas catalanes), además así tomaría verdadero sentido las juras de Bandera, para que los que juran sepan lo que simbolizan y a lo que se comprometen, porque si no se queda en un mero acto alegre y colorido.

España ha salido de situaciones históricas peores que estas, solo hay que tener voluntad y anteponer los intereses nacionales a los partidistas.

Salvador Fontenla Ballesta, General de Brigada (R.)

Blog: generaldavila.com

22 enero 2018