Una de las últimas negociaciones entre la Dirección de la Guardia Civil y las asociaciones de los guardias ha permitido conocer una nueva maniobra del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para depurar a los aspirantes al cuerpo que no encajen en los “valores” buscados. Se trata del mecanismo de análisis personal de los alumnos que intentan llegar a la Benemérita por la vía de contar con un título académico previo. Un camino en el que se pueden encontrar con una valoración “IPA” muy subjetiva que considere con su forma de ver la vida no encaja con los valores exigidos.

Los equipos de la asociación mayoritaria JUCIL señala que “la primera sesión de este grupo de trabajo se produjo el 26 de septiembre de 2023 a las 10 horas en la Dirección General de la Guardia Civil, donde se expuso el documento que habían mandado apenas una hora antes y los motivos por los que han decidido hacer varias modificaciones”. Las citadas modificaciones en el texto iban encaminadas a rediseñar requisitos de “una nueva forma de acceso a la Guardia Civil, en concreto, el acceso directo con titulación”. Se trata de una vía de reciente creación y que este año ha presentado ya “la primera oferta de empleo público con 10 plazas para esta modalidad, habiéndose cubierto las mismas”, como señalan desde JUCIL.

Lo cierto es que en esa reunión se comunica a las asociaciones que “se modifica el IPA, Informe Personal del Alumno” y que “se busca acortar el plazo de realización de los IPAS”, enfocando el esquema de este mecanismo de control en “la apertura de expedientes administrativos de expulsión si se suspende el IPA“, un plan que “viene a propuesta de la Academia de Aranjuez”, según se les indica a los representantes de los guardias de JUCIL. “Las modificaciones del IPA para la apertura de este expediente van enfocadas a los valores, código de conducta y la deontología de la Guardia Civil, ya que”, aseguran, “han visto que algún alumno suele actuar en contra de estos valores”.

Aunque los valores de la Guardia Civil son bastante fáciles de describir y hasta de intuir —defensa de la Constitución y las leyes, por encima de cualquier otra cosa—, lo cierto es que no resulta difícil ver que, obviamente, se trata de un criterio subjetivo medianamente fácil de usar para eliminar a determinados candidatos de su deseo de incorporarse al cuerpo.

“Todo va en relación con los planes de estudios y los índices correctores que se aplican, estos últimos se adaptan e incorporan los de la nueva escala”, señalan desde JUCIL. “Como dato relevante, se nos introduce que existen dos IPAS, uno que viene de la Academia General Militar, al cual le dan un valor de un 40% y otro que se lleva cabo en la Academia de Aranjuez, al que se le da un 60% de valor dentro de la nota total del IPA”. Es decir, que pesa menos el que viene de la Academia Militar. Y JUCIL reseña en sus actas que, “las propuestas realizadas por esta asociación no se tienen en cuenta” y, tan sólo se “toma nota cuando se realiza la defensa de las mismas al ver el sentido de las mismas”.

Y es que JUCIL pidió que “si viene suspenso el IPA de la Academia General Militar, se le ponga un tutor al alumno que lo guíe y oriente, una persona con la que se pueda reunir y solventar dudas”, para “intentar dar más garantías a este proceso con la opción de poder realizar un IPA extraordinario si no hace caso de la guía o tutorías”, como recogen las actas de JUCIL. “La otra propuesta es vincular las asignaturas que se imparten con el contenido de deontología y código ético con los apartados del IPA”, aclara JUCIL.

“Se ha buscado en este grupo de trabajo dos puntos que consideramos importantes, el primero es dar una protección al alumno con la figura del tutor, ya que este IPA no es un acto administrativo, intentando dar una garantía o seguridad al tener una persona que esté pendiente de este alumno para ayudarlo a mejorar en esos aspectos y que pueda aprobar ese IPA, y en segundo lugar, si ese alumno no muestra el menor interés en las normas que existen en la Guardia Civil, poder realizar un proceso ágil y con garantías para su expulsión”. Pero las garantías no parecen haber interesado a la parte política del departamento.
“Volveremos a presentar alegaciones en esta línea intentando dar un enfoque distinto a la Administración para que sean aceptadas”, destacan desde JUCIL.