El Ministerio Fiscal es un órgano imprescindible dentro del poder judicial. En mis múltiples contactos profesionales con los fiscales he constatado la valía de sus miembros, la ayuda mutua y frente al juez, lo que ha servido para esclarecer entuertos de gran envergadura. Claro que no era la cabeza del Ministerio Fiscal quien tenía que dar la cara, eran simplemente los servidores de a pie. Ocurre igual con jueces y magistrados, lo que es la Justicia protagonizada por los jueces sin nombre, la de la balanza, la espada y los ojos vendados, es la de la diosa griega Temis, hija de Urano (cielo) y Gaia (tierra), y segunda esposa del dios Zeus, con quien tuvo tres hijas llamadas “Las horas”, que imponía el orden en el mundo natural, el orden sobre la naturaleza y sobre la humanidad, ese era su papel en el Universo, por eso las personas desde los altos reyes hasta los campesinos más humildes buscaban su consejo. Sus símbolos siguen representado la Justicia: la balanza donde se representan las demandas justas en un lado y las injustas y confusas en otro; la espada que representa la ejecución de las medidas que Temis usa como medio de convencer a las partes sobre su decisión racional y justa; y la venda en los ojos representa la igualdad de todos los que se acercan a su amparo y la objetividad de sus decisiones, sin influencias de riquezas, fama y todo lo que pudiera influir en la sapiencia de sus dictados.
Para el correcto funcionamiento del poder judicial es necesario que ninguno de los órganos que lo componen esté corrompido. Siempre es el dinero el que está detrás de la corrupción de un órgano del poder judicial, como casi todo en la vida. En unos casos, por ejemplo, mediante dinero cambiando una sentencia o, también por ejemplo, prometiendo o ascendiendo al sujeto en cuestión en la escala profesional, aquí se unen el mayor salario y el ascenso en el escalafón profesional.
Los componentes del Ministerio Fiscal no gozan de la misma independencia que los jueces y magistrados estando sujetos a una jerarquía en cuya cúpula se encuentra el Fiscal General del Estado (FGE), los fiscales gozan de una autonomía funcional que puede ser subsumida por su superior. Su función consiste, de acuerdo con la CE en su art. 124 sin perjuicio den las funciones encomendadas a otros órganos, en “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos, y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social”. Normalmente sus componentes no tienen mayores problemas en sus decisiones plasmadas en sus informes, que pueden ser adoptadas o no por los jueces y magistrados. Es el funcionamiento normal de los de a pie, dirigidos por un FGE que si se adapta a la legalidad y es completamente independiente del resto de los poderes, Ejecutivo y Legislativo, realizan su labor espléndidamente, porque el veneno de la política no ha entrado todavía en sus mentes.
Los problemas surgen conforme se inicia el ascenso, el dulce veneno de la política que supone un ascenso más rápido, a menudo sirve para destrozar el válido camino recorrido. Es el caso de los jueces o fiscales ascendidos a ministros o a la presidencia de los más altos tribunales. O todavía peor, cuando el veneno se vierte en la cúpula y desciendo sobre los más cercanos a ese poder, es el peor veneno porque se corrompe el órgano desde la cúpula. Es el caso del FGE nombrado para que su función sea dirigida desde otro poder, por ejemplo el Ejecutivo, y todas las controversias que surgen son acalladas desde el vértice de la pirámide fiscal para que en todo momento no sea la independencia y objetividad del Ministerio Fiscal la que prevalezca sino la sumisión a las tesis del Gobierno.
A la pregunta de un inocente periodista a nuestro indigno Presidente y aprendiz de brujo sobre la independencia de la Fiscalía, éste contestó : “Pero de quien depende…. , pues ya está ” Este inmenso fallo en el origen del poder judicial, se multiplica al ser estructurada la Fiscalía piramidalmente , ya que si el FGE fuera un vasallo del presidente del Ejecutivo con una sola orden del Fiscal General, emanada desde la Moncloa, todo se puede amañar , a pesar de las palabras bien sonantes de la CE , que en este caso no sirven de nada. En nuestro caso se añade además la “loa” de que el FGE ha sido declarado persona no idónea para ejercer el cargo por el Tribunal Supremo. Es la politización de la Fiscalía. Es una verdadera vergüenza que cualquier político llegado al poder y mucho menos un presidente del gobierno pueda enseñorearse de tamaña institución, diciendo que le pertenece. “¿De quién depende”?. ¿No le da a usted vergüenza llegar a Presidente del Gobierno para señalar que la institución que se ocupa de la defensa de la legalidad depende de usted? O dicho de otro modo, ¿cómo depende de usted, usted promoverá o no la defensa de la legalidad, promoverá o no la defensa de los derechos de los ciudadanos, promoverá o no la defensa del interés púbico tutelado por la ley? Qué grande es usted. Usted nombra al Fiscal General del Estado, que le debe entonces su empleo, y como la Fiscalía es un órgano jerarquizado, lo que usted diga al oído del FGE ha de cumplirse y los demás, amén. Pero es que se trata de la defensa de la legalidad, señor malandrín.
Como de costumbre tiene que ver en ésta época con la denominada Ley de Amnistía, ya que por ahora va a ser difícil desprenderse de ella, y que en su amparo protector de golpistas, malversadores y ladrones, ahora también quiere proteger a terroristas y traidores, porque según avanzan las investigaciones en los distintos procedimientos van apareciendo distintos hechos que pudieran ser ya calificados como de terrorismo o alta traición. Y de ahí el problema.
Tres protagonistas en este caso :El Fiscal General del Estado (recordemos“ De quien depende, pues ya está..”), el Fiscal del Tribunal Supremo y el Consejo de Fiscales del T. Supremo.
El magistrado de la Audiencia Nacional, García Castellón en su auto de 19/07/2023 calificaba los hechos acaecidos por el grupo denominado Tsunamic Democrátic el 1 de Octubre de 2019 en Barcelona como actos terroristas, acogiendo en su integridad el criterio de la Fiscalía que, en su informe sobre el particular, señaló expresamente que los hechos investigados eran susceptibles de ser calificados como delito de terrorismo. Dos semanas después , ya conocidos los resultados de las elecciones generales del 23 de Julio de 2023 , el Ministerio Fiscal en la persona del Fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo, modificó el escrito inicial para eliminar la consideración de terrorismo y hablar sólo de ” desórdenes públicos agravados”. Así lo refiere el magistrado García Castellón al referirse al escrito de subsanación planteado el 29 de julio por el fiscal, desmarcándose de su tesis inicial. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado haber “influido” en la decisión del fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, a pesar de que el cambio de criterio del tal Redondo se produce una vez que éste ha tenido una entrevista con el FGE, lo que lógicamente, por ahora, nada significa. Redondo precisa que el primer documento fue un borrador, sin determinar ni el contenido ni el sentido del mismo, e insiste en que solo ha existido un documento y es el que descarta la existencia de terrorismo, a la par que niega que entre ambos escritos haya recibido instrucciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Ante semejante controversia la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo decidió analizar el último informe del fiscal Álvaro Redondo sobre dos cuestiones : Si pudo existir delito de terrorismo, siendo su decisión la de que efectivamente puede existir este tipo delictivo por 12 votos contra tres 3 y si el expresidente del Govern, Carles Puigdemont, pudo estar implicado , siendo su decisión también afirmativa por 11 votos contra 4 , dando la razón al magistrado García Castellón.
Dicha decisiones no son vinculantes y a pesar de la gran mayoría en el peso de la decisión, el fiscal Redondo, apeló al supuesto que contempla el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y cuya aplicación no se recuerda en los últimos años mediante el cual la decisión final del Ministerio Fiscal está en manos de la Teniente Fiscal, superior en jerarquía administrativa, María de los Ángeles Sánchez Conde. La Teniente Fiscal, como se esperaba, en su informe enmienda la plana a los fiscales del Supremo, que afirmaron en su respectivo informe que todas las actuaciones de la plataforma independentista estuvieron “orientadas, aprobadas y favorecidas por las directrices, apoyo público y privado, y patrocinio intelectual y ético del señor Puigdemont y a su juicio, las conductas descritas podían considerarse, al menos en este momento procesal, como ilícito penal y concretamente como delitos de terrorismo”. Finalmente será la Sala de lo Penal que preside el magistrado Manuel Marchena la que decida si es competente para investigar al prófugo por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic.
Ante tamaños problemas originados desde el nombramiento de Álvaro García Ortiz como FGE, diversas asociaciones de fiscales han acordado emitir manifiestos desaprobando las actuaciones acaecidas y solicitando el cese del Fiscal General. En particular la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Según la APIF, “la designación como Fiscal General del Estado, cabeza y representación de la institución, de una persona que se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias, y por si fuera poco, condenado por desviación de poder en el Tribunal Supremo en términos inusualmente duros, supone transmitir a la sociedad una dependencia del Gobierno que ya se plasmó en aquella manifestación tristemente popular: “’¿la Fiscalía de quien depende?’ La asociación considera que “el estado de derecho en España ha de mantenerse sobre un Ministerio Fiscal independiente del Gobierno y sometido únicamente al imperio de la ley. En este sentido, respetando la designación hecha por Ejecutivo, consideramos que el presente Fiscal General no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado y no del Gobierno”. Todo ello sin olvidar que el actual FGE está condenado por el Tribunal Supremo, como Autoridad que actúa con desviación de poder por lo que “El Sr. García Ortiz, a nuestro juicio no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas el FGE, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España”.
La politización de la Fiscalía es otro de los cánceres que ha creado el sanchismo al intentar dominar el Ministerio Fiscal. Por ello es improcedente que, en esta situación, sea la Fiscalía la que se ocupe de la instrucción de los casos penales, tal y como parece que el Felón mendicante quiere lograr en un anteproyecto que ya está circulando, de manera que los togados se limitarían en los procedimientos judiciales a ejercer de árbitros para garantizar que se respetan los derechos de quienes participan en la causa. Además, el anteproyecto prohíbe expresamente que los partidos políticos, las organizaciones públicas o los sindicatos actúen como acusación popular en los procesos. Para no ser politizado el Ministerio Fiscal tendría que ser tan independiente como la Judicatura, y no creo que el sanchismo cambie el modelo actual de instrucción por los jueces, por otro de instrucción de los fiscales si no continúa como hasta ahora, dependiendo de su Persona.
José Manuel Adán
Economista e Inspector de Finanzas del Estado
Fuente:
https://elfarodeceuta.es/opinion/
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