Las asociaciones representativas de la Guardia Civil, Ases, Jucil, Aegc, Unión de Cabos y Profesional de Cabos, trasladan “a lasociedad española nuestro absoluto respeto y defensa de La Constitución, El Estado de Derecho y la separación de poderes, junto con nuestra inquebrantable lealtad al Rey”.

Recuerdan el punto 2 del Decálogo de la Guardia Civil: “Defensa de España y de la Constitución: “Mi primer deber es defender a España, guardando y haciendo guardar la Constitución y las leyes, con lealtada Rey”.

“Tras tener conocimiento –añaden– del documento suscrito en el día, 9 de noviembre de 2023 del acuerdo de la Ley de Amnistía, que contempla la posibilidad de establecer comisiones de investigación por parte del poder político sobre las actuaciones judiciales y por ende de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su calidad de Policía Judicial, mostramos nuestro rechazo a esta medida por tratarse de un ataque a la línea de flotación de la independencia judicial, la cual quebranta la separación de poderes, el pilar básico de un Estado de Derecho.

“Los guardias civiles sentimos que estamos siendo utilizados como moneda de cambio en las negociaciones para formar Gobierno y esto tendrá graves consecuencias permanentes para la seguridad de los ciudadanos. La Guardia Civil ya perdía influencia y ahora se pretende que pierda competencias y se expulse a los guardias civiles y sus familias del País Vasco y Cataluña, cuestión que desde las asociaciones representativas de la Guardia Civil no estamos dispuestos a tolerar”.

“Queremos expresar que, habiendo conocido los acuerdos suscritos entre PSOE y las fuerzas independentistas para la investidura, observamos con gran preocupación como en los mismos se pretenden inyectar importantes cantidadeseconómicas a las policías autonómicas, y se somete a la pérdida de competencias de Guardia Civil”.

Finalmente, enfatizan, “en virtud de la Ley de Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: “Se ejercerá su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.