CUANDO EL TC FRENÓ A CATALUÑA COMO NACIÓN

«La Constitución no conoce otra que la Nación española». Así zanjó el Tribunal Constitucional, en la sentencia del Estatut, la posibilidad de que Cataluña fuera reconocida como nación

«La nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional. Y en ese específico sentido la Constitución no conoce otra que la Nación española». Así zanjó en el año 2010 el Tribunal Constitucional el debate jurídico abierto a raíz de la aprobación del Estatut y la hipotética posibilidad de que Cataluña fuera reconocida como nación.

Atrás quedaban cuatro años de tensas –e intensas– deliberaciones en torno al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña. La corte de garantías constitucionales, presidida por aquel entonces por la progresista María Emilia Casas, avaló la mayor parte de la norma catalana pero declaró inconstitucionales 14 artículos de la misma. El proyecto de sentencia de Casas –a diferencia de las ponencias previas de los magistrados Elisa Pérez Vera y Guillermo Jiménez– vio la luz cuatro años después de ser impugnado el Estatut ante el TC.

Al fin quedaba jurídicamente resuelta la cuestión políticamente más sensible: Cataluña no podía ser reconocida como nación en el actual marco constitucional. «Carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del preámbulo del Estatuto de Cataluña a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña». Este fue el primer apartado del fallo de una sentencia que fue votada en fases el 28 de junio del año 2010 en medio de una profunda división interna dentro del tribunal.

La falta de validez jurídica del término nación aplicado a Cataluña contó con seis votos. En aquel resultado jugó un papel determinante el magistrado y catedrático de Derecho Constitucional Manuel Aragón, quien se negó a transigir con el hecho de que la comunidad autónoma catalana fuera reconocida como nación. Aragón, que había sido nombrado magistrado del Alto Tribunal a propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, decantó la balanza de forma determinante para señalar que la Carta Magna solo reconoce a la «nación española».