La Asociación Profesional de Fiscales (APIF), la tercera de las tres existentes, no considera que el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que el próximo martes será renovado en el cargo por el Consejo de Ministros, reúna las condiciones que se precisan para ocupar ese cargo.

«La designación como Fiscal General del Estado, cabeza y representación de la institución, de una persona que se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias, y por si fuera poco condenado por desviación de poder en el Tribunal Supremo en términos inusualmente duros, supone transmitir a la sociedad una dependencia del Gobierno que ya se plasmó en aquella manifestación ya tristemente popular: ‘¿la Fiscalía de quien depende?’», dice la APIF en un comunicado tras la celebración de su reciente Congreso, que ha tenido lugar en el Salón de Actos de los Juzgados de Madrid este pasado viernes y sábado.

Miguel Pallarés, fiscal en Las Palmas de Gran Canaria, vicepresidente hasta ahora, asume la Presidencia de la APIF, sustituyendo a Salvador Viada, que continúa como vocal en el Consejo Fiscal de la Fiscalía, puesto para el que fue elegido por la carrera.

Junto a Pallarés continúan en la Ejecutiva Santiago Sánchez, fiscal de la Fiscalía de Alcalá de Henares (Madrid); Vicente González Mota, que está en la Fiscalía de la Audiencia Nacional; y Sylvia López Ubieto.

Entran nuevos Ricardo de Mosteyrín Sampalo, destinado en Las Palmas, y María Luján Castro Rodríguez, fiscal de Toledo.

«La APIF considera que el estado de derecho en España ha de mantenerse sobre un Ministerio Fiscal independiente del Gobierno y sometido únicamente al imperio de la ley. En este sentido, respetando la designación hecha por Ejecutivo, consideramos que el presente Fiscal General no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado y no del Gobierno«, subraya esta asociación.

En ese sentido, suscribe íntegramente la carta que los 18 fiscales del Tribunal Supremo elevaron al Fiscal General, lamentando su falta de apoyo, su silencio, ante las acechanzas que viene sufriendo los fiscales encargados tanto en el Tribunal Supremo como en Cataluña, en relación con los hechos que incluirán la ley de amnistía.

Y manifiestan su apoyo expreso al «compañero Pedro Ariche, teniente fiscal del TSJ de Cataluña, ante la injusta e intolerable acusación, por la forma y fondo, que sufrió en el Parlament de Catalunya en un acto oficial».

EL FIN ÚLTIMO DE LA AMNISTÍA ERA HACERSE CON EL GOBIERNO

La APIF también afirma con rotundidad que la razón última de la amnistía que ha puesto en marcha el Gobierno no tiene otro fin que la de obtener los siete votos de Junts para conseguir que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno.

La APIF afirma que la razón última de la presente amnistía en tramitación no responde al propósito de concordia y restauración de la convivencia, con inherente deslegitimación de la intervención de jueces y fiscales, sino a la necesidad -pero no a la virtud- de obtener un número de votos para la investidura.

«Se contraviene el principio de igualdad, el principio de separación de poderes y se lesiona el principio de interdicción de la arbitrariedad, y, además, sin general consenso parlamentario», subraya la asociación de fiscales.

INDEPENDENCIA ECONÓMICA PARA LA FISCALÍA

En línea con lo anterior, la APIF reclama un presupuesto propio y diferenciado del Ministerio de Justicia para la Fiscalía General del Estado para avanzar en la necesaria autonomía de este órgano, así como la instauracion de potestad reglamentaria de autoorganización para el Ministerio Fiscal.

«Es preciso incrementar las plantillas del Ministerio Fiscal. Son conocidos los datos de que en los próximos años las jubilaciones de fiscales se van a multiplicar y hay que prevenir ese hecho desde este momento, para no tener que lamentar en unos pocos años la falta de fiscales que aboque a la adopción de soluciones de emergencia», destaca la APIF.

NOMBRAMIENTOS

Sobre esta materia, esta asociación de fiscales considera que «deben establecerse reglas claras de abstención en los vocales del Consejo Fiscal». Consideran que la práctica de votar a benefactores, a los propios futuros jefes o futuros subordinados es impropia.

«Pero el colmo está en la presentación de los vocales del Consejo Fiscal para puestos que han de ser votados en el propio Consejo, una práctica prohibida para los vocales del CGPJ y que aquí se acepta con naturalidad y sin escándalo alguno. Deben acabarse ciertos vetos en la Fiscalía, y también, entre ellos, el veto a los fiscales de la APIF en materia de nombramientos».

Asimismo promueven el modo de consultar a las plantillas en las que se va a realizar el nombramiento de un fiscal jefe cuando hay varios candidatos, de modo no vinculante y a través del voto secreto, o quizá a través de la respuesta de un cuestionario.

CAMBIOS EN EL CONSEJO FISCAL

«La APIF exige cambios fundamentales en Consejo Fiscal, aumentando sus competencias decisorias, cambiando su régimen electoral, y disminuyendo las potestades de quien dirige la institución. Debe establecerse en el Consejo Fiscal facultades de control de la actuación del Fiscal General, que no puede actuar como un ‘Rey Sol’ en la Fiscalía, por el riesgo de incurrir en desviación de poder cuando no de conductas que podrían ser calificadas jurídicamente con mayor gravedad», apuntan.

En esta línea, el Congreso de la APIF ha autorizado a la Comisión Ejecutiva para ejercitar las acciones que considere necesarias para depurar las responsabilidades que procedieran, valorando el conjunto de circunstancias y evaluando el resultado de los diversos procesos en curso.

Álvaro García Ortiz será confirmado como fiscal general del Estado hasta 2027 en el Consejo de Ministros previsto para el próximo martes, iniciando así un nuevo mandato que arranca con una fuerte contestación interna y un duro fallo del Tribunal Supremo (TS) que le achaca «desviación de poder», y que tendrá como principales retos la batalla de la futura ley de amnistía en los tribunales y la reforma del Ministerio Fiscal para reforzar su autonomía.

García Ortiz puede seguir siendo fiscal general del Estado porque no ha superado los dos años al frente de este órgano, límite que impone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para no poder continuar.

Fuentes gubernamentales han indicado a Europa Press que será ratificado no solo porque ya llevaba un año desempeñando el cargo, sino por considerar que se trata de un «fiscal de carrera de reconocido prestigio».

García Ortiz fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Dolores Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año.

Desembarcó en la jefatura de la Fiscalía General del Estado (FGE) procedente de su Secretaría Técnica, donde ejerció como ‘mano derecha’ de Delgado y cargo con el que ascendió a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera fiscal.

Desde su llegada ha sido objeto de críticas por su estrecha relación con Delgado, rodeada también por la polémica por convertirse en fiscal general del Estado inmediatamente después de abandonar el Ministerio de Justicia.

Una de las primeras decisiones de García Ortiz fue ascender a su antecesora a fiscal de sala, con destino en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal, que apostó por el exteniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda por su amplia experiencia en derecho militar.

Rueda recurrió dicha decisión ante el Supremo, que acaba de darle la razón anulando el nombramiento de Delgado para la Sala Quinta del TS, lo que deja en el aire su continuidad como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. No obstante, fuentes fiscales señalan que, aunque hay tesis enfrentadas, se estudia la manera de que pueda seguir.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo fue contundente al resolver que García Ortiz incurrió en una «desviación de poder», que calificó de «innegable», por ascender a Delgado por haber sido fiscal general del Estado.

«Y ello no es, desde luego, el fin que el ordenamiento jurídico atribuye a la potestad de convocar y resolver vacantes en el empleo público, incluidas las plazas del Ministerio Fiscal», recalcó el alto tribunal.

Para ello, se apoyó en las palabras del propio Ortiz durante ese Consejo Fiscal, cuando defendió que «quien ha sido fiscal general del Estado no debería retornar a la carrera fiscal en una categoría inferior a la más alta», reconociendo que, «si bien el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) no prevé una promoción automática en ese sentido, él como fiscal general del Estado estaba dispuesto a remediar esa situación, que consideró como una laguna en la ley».

NOMBRAMIENTOS DISCRECIONALES

A esto se suma la polémica desatada el pasado junio, cuando adelantó otro Pleno del Consejo Fiscal para adjudicar una serie de plazas, entre ellas la de fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, a la que aspiraba Delgado. También en contra del criterio mayoritario, la ex ministra de Justicia se hizo con el puesto y otro candidato y las asociaciones de fiscales AF y APIF recurrieron al Supremo este segundo nombramiento, aún pendiente de resolución.

El ‘caso Delgado’ y otros nombramientos discrecionales han acarreado a García Ortiz las críticas de la Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria en la carrera fiscal– y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que al igual que hicieron con Delgado le acusan de favorecer a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron ambos.

De hecho, la designación de Delgado para Memoria Democrática y Derechos Humanos supuso que destacados fiscales se dieran de baja de UPF –como el fiscal del ‘procés’ Javier Zaragoza, el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana o la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra– por «el lamentable espectáculo» vivido en el Consejo Fiscal del pasado junio. Fue «la gota que colma el vaso», según manifestaron fuentes consultadas por esta agencia de noticias.

LA AMNISTÍA, CUANDO LLEGUE EL MOMENTO

De cara a los próximos cuatro años, el mayor desafío para García Ortiz será el relacionado con la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE en el Congreso de los Diputados.

Por ahora, ha rehusado pronunciarse, indicando que lo hará cuando sea ley y en los distintos procedimientos judiciales donde tenga que intervenir la Fiscalía.

Hasta entonces, ha recordado que «el fiscal general del Estado ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad» del Ministerio Público, así como «respetar el principio de separación de poderes» y «evitar cualquier injerencia».

De entrada, el acuerdo suscrito por los socialistas y Junts, donde se habla de crear comisiones de investigación parlamentarias para detectar supuestos casos de ‘lawfare’ y depurar las responsabilidades correspondientes, lo que abre la puerta a sancionar a los jueces y fiscales que encausaron el ‘procés’, ya le ha generado los primeros problemas.

A raíz del acuerdo PSOE-Junts, los fiscales del ‘procés’ –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno– enviaron una carta a García Ortiz pidiéndole «amparo institucional», si bien el jefe del Ministerio Público se limitó a contestarles que «siempre» defendería la «autonomía» de éstos y otros fiscales.

Una respuesta que no ha contentado ni a los propios peticionarios ni a muchos de sus compañeros.

Así, 18 fiscales del Tribunal Supremo (TS) y 22 de Anticorrupción, además de los vocales de la AF en el Consejo Fiscal, le han instado a amparar a estos cuatro compañeros.

LA IMAGEN DE LA FISCALÍA

En este año de mandato, García Ortiz ya tuvo que encarar la gestión de la conocida como ley del ‘solo sí es sí’, que ha provocado más de 1.000 rebajas de pena y más de 100 excarcelaciones a agresores sexuales, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Su instrucción para que los fiscales abogaran por mantener las viejas penas sí encajaban dentro del nuevo marco penal –en línea con la tesis del Gobierno– fue tumbada por el Supremo.

Otra fuente de conflicto fue el ‘caso Miguel Ángel Blanco‘. El fiscal Vicente González Mota dejó la causa tras defender que aún era posible encausar a los ‘cerebros’ del secuestro y asesinato del joven concejal del PP, una opinión no compartida por sus compañeros de la Audiencia Nacional.

García Ortiz llevó el asunto la Junta de Fiscales de Sala, que secundó que se siguiera investigando aplazando el debate sobre la prescripción al momento procesal oportuno.

Todos estos focos de controversia han propiciado que tanto desde el PP como desde la AF y la APIF se haya reclamado reiteradamente la dimisión de García Ortiz, antiguo fiscal del ‘caso Prestige’, y experto en derecho medioambiental, que aterrizó en el cargo con la promesa de ganar autonomía para la institución a través de una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que aún sigue en el tintero.

Así las cosas, en la última apertura del año judicial, el pasado 7 de septiembre, García Ortiz se mostró consciente de la necesidad de «promover la confianza institucional».

«La proyección de lo que somos no se corresponde con la visión que la sociedad tiene de nosotros», dijo y añadió que «puede estar tranquila la ciudadanía, pues la acción de la Fiscalía, discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, está sometida a filtros y contr

La última novela que publicó Vicente Magro, «Expediente Ambar», tenía todas las marcas de un «best seller» destinado a encontrar su destino final en una película o una serie de televisión.

La nueva, «Sé lo que vas a hacer», promete contener los mismos rasgos de éxito que la anterior: planteamiento original, misterio, giros inesperados. Es la quinta novela que este magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha publicado hasta la fecha.

Las anteriores han sido «Te querré siempre para mí», «Parejas cruzadas», «Maldad inconfesable» y la mencionada, «Expediente Ambar».

No es Dan Brown pero Magro no tiene nada que envidiarle.

En esta ocasión, a diferencia de las 4 anteriores –y de los 81 libros sobre Derecho publicados hasta la fecha, como autor y coautor–, Magro ha optado por hacerlo a través de Amazon.

«Se lo que vas a hacer» arranca cuando un juez de instrucción se da cuenta que los sueños que está teniendo se acaban cumpliendo y que los mismos consisten en crímenes que se acaban cometiendo.

¿Cómo es posible que pueda ocurrirle esto?

Conforme los crímenes se producen en la misma forma en la que los ha soñado su sorpresa es cada vez mayor, porque no puede dar crédito a lo que le está pasando.

Y lo malo es que no lo puede contar, porque nadie le va a creer y pensarían que está loco.

Pero, ¿qué hacer con la información de la que dispone? y ¿cómo es posible que el cerebro humano pueda anticiparse y adivinar exactamente lo que va a ocurrir y que él sepa lo que otras personas van a hacer?

Por otro lado, el juez de instrucción piensa que podría evitarlo. Lo que le lleva a verse ante un auténtico dilema.

¿Estará el futuro escrito o él podría modificar lo que ve en sus sueños que va a ocurrir? ¿Existe el destino predeterminado o se puede alterar?

¿Sueña eso para poder cambiarlo o por qué tiene ese poder? y ¿quién se lo ha dado, por qué y para qué?

¿Podría cambiar el destino si llega a soñar hasta su propia muerte si sabe cómo va a ocurrir?

¿Cómo utilizar entonces un poder que él se da cuenta que tiene y en casos que le llegan a él al juzgado sabiendo que esos mismos hechos ya los había soñado él antes?

La historia avanza con el juez de instrucción, acompañado de un fiscal amigo, al que le ha contado su gran secreto y le ha demostrado lo que hay detrás de ese inmenso poder. Ambos intentan averiguar su naturaleza y su origen, algo que solo podría concebirse desde la ciencia ficción.

Para qué y por qué tiene ese poder es algo que irá descubriendo el lector a la mano del protagonista, hasta un sorprendente desenlace final.

«Sé lo que vas a hacer» sucede en el marco de una arena que Magro conoce muy bien. Una arena que pisan no solo jueces y fiscales, también letrados judiciales, guardias civiles, policías locales, administradores de fincas…