La Dirección General de la Guardia Civil ha expedientado al presidente (un agente de base) y al secretario general (un suboficial) de la Asociación pro Guardia Civil (APROGC); y al portavoz de Jucil, Agustín Leal, por haber faltado al principio de neutralidad política al haberse manifestado en contra de la amnistía, haber mostrado su disposición a defender la Constitución y a mantener su juramento a la Bandera.

Según han confirmado fuentes de la Benemérita, se le retira del servicio durante tres meses, al tiempo que se les impone una falta muy grave.

Al parecer, los sancionados tienen previsto recurrir y hacer valer el principio de libertad de expresión, al tiempo que argumentar que entre los deberes de la Guardia Civil esta la defensa de la Constitución, cumplirla y hacerla cumplir.

Se desconoce si se adoptara alguna medida similar contra los dirigentes de las otras cuatro asociaciones que publicaron comunicados en el mismo sentido por criticar el acuerdo de investidura pactado entre PSOE y Junts al considerar que “ataca” a la “independencia judicial”, mientras que han denunciado que el pacto de investidura supone su “expulsión” del País Vasco y Cataluña. Añadían que era “un ataque” a la “independencia judicial”, quebrantando así la separación de poderes, “el pilar básico de un Estado de Derecho”. En un “absoluto respeto y defensa de la Constitución”, junto a su “inquebrantable lealtad al Rey” y su defensa del Estado de Derecho, han censurado el punto del acuerdo que establece la creación de comisiones de investigación en el Congreso sobre las actuaciones judiciales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante el procès catalán.