El dinero público como bien escaso debe usarse inteligentemente , para ello es necesario un plan estratégico que se debe plasmar en los presupuestos anuales del Estado, disponiendo en primer lugar de un presupuesto de ingresos, que también tiene que seguir unas pautas estratégicas, lógicamente diferentes de las del presupuesto de gastos. En los estados liberales se tiende a minimizar el tamaño del sector público al contrario que los estados dirigidos por el socialismo sea en su vertiente socialdemócrata o como en nuestro caso, cercano al comunismo; el gobierno actual con 22 Ministerios, es el mayor de la UE, Alemania con 14 y con una estructura descentralizada de país muy similar a la nuestra y con una población de 83,2 millones de habitantes nos da idea del colosalismo burocrático de nuestro gobierno.
Nuestros ministros se dedican en primer lugar a intentar mantener el control de todos los órganos de la sociedad que puedan serles útiles, y en cuanto a la economía, en lugar de desarrollarla, intentan controlarla , mediante subvenciones tenerla atada y siempre que pueden comprar participaciones para poder estar en sus consejos de dirección. Es el caso de los medios de comunicación, los públicos la mayoría son innecesarios y están estructurados con una cantidad ingente de empleados y con particularidades como la compra de programas que han realizado los mismos empleados, los déficit son espectaculares, por otra parte la mayor parte de los privados están sujetos por las ingentes cantidades de dinero que el gobierno gasta en publicidad a la que se acogen gustosamente esos medios que a cambio pierden la neutralidad y la objetividad sobre los actos del gobierno. En su conjunto, gracias a esos postulados, todos sirven a su amo.
“Dentro del plan estratégico antes enunciado del presupuesto de gastos, el gobierno debe considerar, por ejemplo, que empresas no deben estar nunca en manos extranjeras, serían por ejemplo las de energía eléctrica, las de telecomunicaciones, etc”
La utilidad del gasto público es un tema que siempre origina diatribas, ¿mantequilla o cañones?. Todo el mundo estaría de acuerdo que el dinero gastado en sanidad, educación, justicia, o en infraestructuras , es el mejor gastado. Hay otros gastos de tipo social que tiene más que ver con la riqueza del Estado, es la economía del bienestar, a las que una vez conseguidos determinados derechos es difícil renunciar a ellos. Pero ¿por qué un Estado debe invertir o comprar empresas privadas, si están haciendo ya un papel, qué necesidad hay de inmiscuirse en ellas. Debe el dinero público dedicarse a comprar empresas privadas? La respuesta nunca es sencilla.
Dentro del plan estratégico antes enunciado del presupuesto de gastos, el gobierno debe considerar, por ejemplo, que empresas no deben estar nunca en manos extranjeras, serían por ejemplo las de energía eléctrica, las de telecomunicaciones, etc. No creo que ningún país europeo permita que las empresas propietarias de las centrales nucleares estén en manos extranjeras. En nuestro país, hay medios de comunicación y empresas energéticas que se encuentran en manos extranjeras, sin que hayan aportado que se sepa ningún beneficio marginal a sus productos. Por lo que hay que considerar que una cosas es la prohibición de inversiones extranjeras , con asiento en la dirección incluido, en las empresas consideradas estratégicas y otra la compra de empresas por el simple hecho de su control, no el de la inversión para mejorar su eficiencia.
Hace nada se ha sabido que Arabia Saudí quiere comprar con fondos soberanos acciones de Telefónica , la mayor empresa de España en telecomunicaciones. en número suficiente para llegar a poseer un diez por ciento de la empresa, por lo que exige también asientos en el Consejo. Antes de seguir adelante he de manifestar mi rechazo a que ninguna potencia extranjera con capital ya sea público (fondos soberanos) o privado asiente sus reales en las empresas que el gobierno considere como estratégicas. A fuer de liberal, me paro en el corral. Y tenemos leyes que protegen esa estrategia, pero se burlan. Los franceses son el paradigma típico, los trenes franceses circulan por España con la empresa Ouigo y no permiten a ningún Talgo competir , por ejemplo en la línea Marsella- París, ni ninguna otra francesa.
El gobierno, en vez de ser claro y transparente y rechazar la entrada de ese capital de la empresa saudí STC ( Saudí Telecom Company) en la española Telefónica , pues tiene las herramientas oficiales para ello, está actuando de forma que aprovecha la coyuntura para lanzarse a una operación de gran calado que tiene por finalidad la creación de un nuevo Instituto Nacional de Industria con objeto de nacionalizar empresas para poder introducir sus peones, sanchistas claro está, sin importar la eficacia y rentabilidad de la empresa, solo el dominio puro y duro.
La situación es más compleja y como de costumbre el gobierno sanchista , de la transparencia hace mucho alarde pero es tan claro como un manantial de lodo. La jugada en su conjunto consiste en, aprovechando la entrada de Arabia Saudí en Telefónica y simulando sorpresa el Gobierno, entrar por medio de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en Telefónica comprando un 5%, para hacerse cargo de ella. Ya tiene dentro un peón, antiguo militante de las juventudes socialistas como único bagaje, el tal Javier de Paz a modo de caballo de Troya que sustituiría a Álvarez Pallete, que hasta ahora ha sido un gran gestor, pero eso al sanchismo le importa poco. El control es el control. Otra posible opción sea que quien pague la broma sea Indra, ya que para que se pueda comprar el 5% de Telefónica hay que desembolsar 1.000 millones de euros, hay que recordar que la SEPI posee el 28 % de Indra.
El Gobierno, en primer lugar, quiso mostrar una gran sorpresa cuando STC comunicó a la CNMV el 5 de septiembre la compra del 9,9% de Telefónica. Pura mentira, todos estaban en el juego como veremos, lo que demuestra la oportunidad del Gobierno para lanzar su estrategia de control empresarial, empezando por Telefónica. De hecho Riad preparaba este movimiento de compra desde antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
“Otra posible opción sea que quien pague la broma sea Indra, ya que para que se pueda comprar el 5% de Telefónica hay que desembolsar 1.000 millones de euros, hay que recordar que la SEPI posee el 28 % de Indra”
En segundo lugar, la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, permite suspender el régimen de liberalización de inversiones; es decir, vetarlas, “cuando se trate de actos, negocios, transacciones u operaciones que, por su naturaleza, forma o condiciones de realización, afecten o puedan afectar a actividades relacionadas, aunque sólo sea de modo ocasional, con el ejercicio de poder público, o actividades directamente relacionadas con la defensa nacional, o a actividades que afecten o puedan afectar al orden público, seguridad pública y salud pública”, lo que impediría la entrada de los saudíes, pero la ley fue modificada (dulcificada) con la aprobación días antes de la celebración de las últimas elecciones generales del Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, que entró en vigor cuatro días antes de la comunicación de los árabes a la CNMV. En su artículo 18.2 elimina la capacidad de veto para inversiones extranjeras en España “que no alcancen el 5 por ciento” y el inversor no forme parte del consejo. Es decir, para operaciones como la ya efectiva de Arabia Saudí, lo que permite colegir que la norma pretendía facilitar la entrada en Telefónica de STC Group.
Siendo más concreto, el grupo que controla el fondo soberano saudí manifestó en cuanto a la compra que en realidad se trata de una participación del 4,9% y de opciones de compra sobre un 5%, que adquirió Morgan Stanley. Sobre el 4,9% ya efectivo no necesita luz verde del Ejecutivo, debido al decreto antes señalado a pesar de ser una sociedad estratégica. Queda pendiente un 5% de opciones sobre el que sí es necesaria validación, sobre todo si pretende ocupar puestos en el consejo.
La cuestión es que esta compra saudí ha sido creada y aprovechada por Sánchez para meter sus manos en una gran compañía e intentar una operación de nacionalización de gran calado. La entrada de la SEPI en Telefónica es el último capítulo de la operación que inició Arabia Saudí.
De hecho ya ha habido la comunicación de la SEPI a la CNMV, en la que confirma que está llevando a cabo un “análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial” en Telefónica, lo que , aunque se diga lo contrario, no ha sorprendido en el seno de la corporación pública, sin embargo yo no veo sentido económico a la operación, salvo el recurrente del control. La excusa es que el Gobierno se está movilizando para tratar de evitar que un fondo árabe se convierta en accionista relevante de Telefónica. Para lograr cerrarle el paso, se está buscando que haya inversores nacionales que taponen una entrada de esta magnitud en una de las empresas más importantes del país y como no los encuentra emplea las instituciones públicas.
La realidad es que el felón en sus ansias dominadoras, esta vez de las grandes empresas quiere disponer de un brazo armado financiero con el que que pueda tutear y sobre todo amenazar a los grandes del Ibex y seducirles con ofertas que no se puedan rechazar, so pena del BOE. Lo de entrar en el capital de Telefónica es solo un primer globo sonda para tantear el terreno aprovechando las circunstancias de una empresa estratégica que, sin duda, no debe quedar a la intemperie del mercado.
La propiedad de las empresas consideradas estratégicas debe ser protegida de los intereses extranjeros y mucho más si estos intereses proceden de sociedades estatales. El gobierno tiene el deber ineludible de acudir en su auxilio cuando , por la cuantía de sus inversiones, necesitaran ayuda. Pero esta opción es contraria a permitir la continuada intromisión del gobierno por el solo hecho de controlar empresas privadas que no necesitan en modo alguno de capital público, siguiendo una estrategia de control que llevaría a nacionalizar las empresas empleando fondos públicos innecesariamente. Hay que huir del control de las empresas que por las ayudas públicas se convierten en empresas deficitarias al haber sustituido sus dirigentes por personal incompetente pero fiel a los destinos del poder público que lo instaló. El caso de las Cajas de Ahorro, es paradigmático, quebraron por el afán de colocar todos los peones públicos posibles dentro de sus consejos, hasta que hubo que cerrarlas o venderlas de mala manera..
Habrá que estar prevenidos ante el ansia de copar de nuevo las empresas por parte del gobierno social comunista que todo lo invade, y es que el comunismo, aunque derrotado, nunca descansa.
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