Tras la finalización de la guerra civil comenzaron a reorganizarse las inspecciones generales de Carabineros y de la Guardia Civil. Las plantillas de ambos Cuerpos habían quedado muy mermadas como consecuencia de las numerosas bajas producidas durante la contienda por fallecimiento, inutilidad, enfermedad, pase a retiro por cumplimiento de la edad reglamentaria o depuración.

En la zona sublevada no sólo no hubo incremento de personal como sí sucedió con el Ejército y la Marina, sino que las vacantes producidas en los dos Institutos armados no fueron siquiera cubiertas ya que se prohibieron expresamente nuevos ingresos mientras durase la llamada “Cruzada”. Sólo se permitió la incorporación de los que hubieran aprobado con anterioridad al 18 de julio de 1936 y estuvieran todavía pendientes de hacerlo.

En cambio, en la zona gubernamental el ingreso había sido masivo, aportando avales de alguno de los partidos, sindicatos u organizaciones del Frente Popular, pero al finalizar la contienda, los vencedores no reconocieron a nadie tal condición. Para ello habría que esperar a la legislación que se aprobaría cuatro décadas más tarde tras la llamada “Transición Democrática”, si bien para entonces ya habían fallecido o cumplido la edad reglamentaria de pase a la situación militar de retiro.

Respecto al Cuerpo de Carabineros se comunicó, por orden de 19 de septiembre de 1939, que había trasladado ya a Madrid la sede de su inspección general. Ésta había estado establecida en Sevilla durante la guerra civil como consecuencia de residir en la capital hispalense su inspector general, el general de división Gonzalo Queipo de Llano Sierra. Dicho cargo lo compatibilizó con el de general jefe del Ejército del Sur durante la contienda, y posteriormente, aunque por escaso tiempo, y tras su finalización, de la segunda región militar.

La Guardia Civil, por su parte, ya había trasladado para entonces a Madrid la sede de su inspección general. Una orden circular de 1º de junio de 1939, dimanante de la Subsecretaría del Ejército, había difundido que ya estaba restablecida en la capital del Estado. Hasta entonces, y desde el inicio de la sublevación militar se encontraba en la ciudad de Valladolid. El motivo de ello era que al iniciarse aquella en julio de 1936, el general de brigada Federico de la Cruz Boullosa, jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil, con residencia allí, fue el único del benemérito Instituto en sumarse. Si bien apenas estuvo mes y medio ya que fue cesado a principios de septiembre, fijando su residencia en la localidad gaditana de Puerto Real, sería sustituido sucesivamente durante la contienda por los generales del Ejército Marcial Barro García, Ricardo Serrador Santés y Emilio Fernández Pérez. A partir de septiembre de 1939, ya en Madrid, el general de división Eliseo Álvarez-Arenas Romero sería el nuevo inspector general.

Con la llegada del año 1940 se produciría el hito más importante en la historia de los Cuerpos de Carabineros y de la Guardia Civil desde su fundación. Ello supondría una profunda reorganización estructural y normativa así como en materia de competencias y de despliegue territorial en toda España, y por lo tanto, en la provincia de Cádiz, su Campo de Gibraltar y el municipio de San Roque.

Para el primero, creado por real decreto de 9 de marzo de 1829 como “Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras” y reorganizado sucesivamente por otros tantos, de 25 de noviembre de 1834, como “Cuerpo de Carabineros de la Real Hacienda”, donde temporalmente perdió su fuero de guerra, pasando a tener carácter civil, si bien conservó la organización militar y la nomenclatura de los empleos; y de 11 de noviembre de 1842, como “Cuerpo de Carabineros del Reino”, con el que recuperó su fuero y naturaleza militar; el año 1940 supuso su desaparición.

En cambio, para el segundo, creado por real decreto de 28 de marzo de 1844 como “Cuerpo de Guardias Civiles”, de naturaleza civil pero en cuanto a la organización y disciplina dependería de la jurisdicción militar; y definitivamente organizado por otro de 13 de mayo siguiente, en el que se asentaría sólida y permanentemente su naturaleza militar; el año 1940 supuso su consolidación como primera fuerza de seguridad del Estado.

La nueva organización estatal de seguridad pública que se comenzó a establecer tras la guerra civil no contó ya con el más que centenario y benemérito Instituto de Carabineros, cuyo lema era “Moralidad y lealtad, valor y disciplina”. De hecho, por orden de 26 de febrero de 1940, dimanante del Ministerio del Ejército, se publicó por primera vez, desde el fin de la contienda, el concurso para proveer 6.000 plazas de guardias 2º, vacantes en el Instituto de la Guardia Civil, mientras que para el de Carabineros no se publicó concurso alguno. El 15 de marzo siguiente se dictaría mediante ley su extinción, pasando sus misiones, personal, acuartelamientos y material a integrarse en la Benemérita.

Si bien es muy posible, tal y como se recoge en la historiografía, que la simbiosis y lealtad de buena parte de los carabineros con el régimen republicano tuviera su peso específico en la decisión gubernativa de su desaparición, también es muy factible que ello no fuera realmente la causa letal.

Cuando se aborda la continuidad de una institución estatal, como era el Cuerpo de Carabineros, con una doble dependencia de los ministerios del Ejército y de Hacienda, no se decide su permanencia en función del partido o bando que han tomado sus componentes. La presencia y permanencia de éstos, es efímera y subsanable con una profunda y rígida depuración, tal y como sucedió y sufrieron todas las instituciones. De hecho, en el caso concreto de los Cuerpos de Carabineros y de la Guardia Civil, la depuración interna que padecieron daría para más que un libro cada uno.

Pero mientras llegaba ese momento, ambos Institutos debían seguir funcionando, siendo la designación de sus cuadros de mando uno de los aspectos más importantes. Para ello se nombraron nuevos jefes conforme la orden ministerial del Ejército, de 22 de septiembre de 1939, sobre destinos de plantilla del personal militar, la cual afectaba directamente como de “libre elección”, los mandos de Tercio y Comandancia de la Guardia Civil así como los de Zona y Comandancia de Carabineros.

Así, en el área geográfica de nuestro interés, y conforme la nueva normativa, se designaron por orden de 27 de enero de 1940, suscrita por el ministro del Ejército, José Enrique Varela Iglesias, las siguientes jefaturas de Carabineros: el coronel Manuel Melchor Irure, ascendido de la 12ª Comandancia (Sevilla), a la 5ª Zona (Málaga), de la que dependían la 9ª Comandancia (Málaga) y la 10ª Comandancia (Algeciras), siendo nombrado para esta última el teniente coronel Joaquín Moreno Lara, ascendido de la mentada 12ª; mientras que el coronel Nestavo García Hernáez, ascendido de la 13ª Comandancia (Badajoz), a la 6ª Zona (Sevilla), de la que dependían, además de la reiterada 12ª, la 11ª Comandancia (Cádiz), siendo nombrado para está última el teniente coronel Miguel García Rodríguez, ascendido de la 17ª Comandancia (Coruña).

Apenas dos meses y medio después comenzaría el principio del fin para los Carabineros.