Fernando Grande-Marlaska evitó ayer pronunciarse sobre la información de ABC que desveló el uso de balizas presuntamente ilegales en cientos de operaciones de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Andalucía. El ministro del Interior participó ayer en la Conferencia de los Órganos Especializados en Asuntos de la Unión, en un hotel de Madrid, y un equipo de Cuatro Televisión le preguntó hasta en tres ocasiones, pero Grande-Marlaska eludió responder.

Después, este diario solicitó una reacción oficial, a lo que fuentes de Interior respondieron: «El ministerio destaca el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, con el que se ha recuperado el principio de autoridad en la zona, se ha retomado la iniciativa frente al narco y que se ha convertido en un referente internacional de lucha contra las organizaciones criminales». Respecto a la información, comentaron que «se basa en la declaración de descargo de un miembro de la Guardia Civil imputado por colaborar presuntamente con el narco y revelar les informaciones secretas, y que no ha producido efecto judicial alguno ». Preguntados por si a Grande-Marlaska le consta que la Guardia Civil haya usado las balizas ilegales descritas por el agente en un recurso entregado al Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga o si lo desmienten, las fuentes oficiales eludieron responder directamente: «Lo que le consta al ministro es la profesionalidad, dedicación y sujeción a la ley de los más de 80.000 mujeres y hombres de la Guardia Civil».

Antes, el Partido Popular había instado a que «el Congreso, y si no el Senado» –donde tiene mayoría absoluta– investigue «la responsabilidad política» de Fernando Grande-Marlaska, en el caso balizas, informan Víctor Ruiz de Almirón y Juan Casillas.

«Marlaska llegó prometiendo justicia para Interior y se marchará dejando tras de sí una gestión injusta, mentirosa y despectiva hacia los profesionales de la Policía y la Guardia Civil», señalaron desde el PP. «El Congreso y, si no el Senado, deben investigar la responsabilidad política de

Marlaska en este asunto que está investigando la Audiencia Nacional» , remarcan refiriéndose también a otra causa judicial en la que se investiga la colocación de balizas ilegales.

Los populares manifestaron que «cuando un Gobierno se salta la ley y no le pasa nada», al final «siempre se la vuelve a saltar una y otra vez». «La gestión de Marlaska resume bien el desprecio a los límites de la ley de los Gobiernos de Sánchez», aseveraron.

Por su parte, desde Vox hicieron una pregunta retórica :«¿ Aún hay alguien que se sorprenda de que el PSOE, de la mano de Marlaska o de Sánchez, cometa alguna ilegalidad?», expresó el secretario general del partido de Santiago Abascal, Ignacio Garriga. «Yo creo que no», manifestó, recordando «el PSOE de los GAL» y «el PSOE instalado permanentemente en la ilegalidad».

Como avanzó ABC, un cabo de la Guardia Civil perteneciente a las unidades de Policía Judicial contra el narcotráfico –y encargado de Medios Técnicos– confesó en un escrito a la juez que el grupo Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) Sur de la Guardia Civil usó cientos de balizas ilegales entre 2018 y su desmantelamiento, en septiembre del año pasado. Sostuvo que se colocan sin autorización judicial y, además, todas ellas son ilegales, ya que carecen del certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y, por lo tanto, son manipulables.

El agente, que fue detenido acusado de revelación de secretos, detalló los modelos de las balizas, cómo se compraban en las plataformas Aliexpress y Amazon y cómo se pagaban. Lo hizo en el recurso en el que su defensa solicitaba su puesta en l ibertad, el pasado 31 de agosto. La juez rechazó liberarlo, pero la Audiencia Provi nci al de Málaga corri gi ó est a decisión y lo puso en libertad, con su condición de investigado, el pasado 19 de octubre.

Del tamaño de una cajetilla de cigarrillos, las balizas se adhieren a los baj os de un vehículo mediante un imán y permiten seguir los recorridos vía GPS. Las fuentes consultadas por este diario sostienen que se hizo de forma «generalizada» y que, cuando daban resultados, «blanqueaban» la operación antes de entregar los informes al juez, para ocultar la ilicitud de esos seguimientos.