Ya no sólo es el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el que califica las movilizaciones ciudadanas en Catalunya como delitos de terrorismo. Las acusaciones populares personadas en una de las causas que instruye el titular del juzgado número 6, la Associació Catalana de Victimes d’Organitzations Terroristes (ACVOT), la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación Dignidad y Justicia, la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC), la Asociación Unificada de la Guardia civil (AUGC) y  Vox, han presentado un escrito de acusación contra los imputados presuntamente pertenecientes a los Comités de Defensa de la República, CDR, y Equipo de Respuesta Táctica, ERT, a los que acusan de “haber participado en acciones violentas y subversivas”.

De Vox no es de extrañar, como tampoco de la asociación catalana de víctimas del terrorismo, vinculada a los sectores más conservadores. Lo que extraña es la personación de los representantes de los guardias civiles que deberían de haberse abstenido de participar en una causa judicial ya que ello va en contra de la neutralidad que debe de mantener el cuerpo.

Todas estas asociaciones han puesto sus acciones judiciales en manos de un conocido bufete de abogados que pide para los principales acusados penas que oscilan entre los 8 y los 33 años de cárcel y libertad vigilada. Creen que se constituyeron como organización separatista de carácter criminal. “Durante el tiempo en que estuvieron activos mantuvieron una organización estable y permanente en el tiempo, con roles y funciones específicamente definidas, y se relacionaban a través de una jerarquía y coordinaban entre sí, mostrando una unidad en la dirección y ejecución de sus acciones con el fin de cometer delitos”, dice el escrito de acusación en el cual se señala que intervinieron en acciones tales como la ocupación del aeropuerto de El Prat, el 14 de octubre de 2019, “con la finalidad de paralizar la actividad de la infraestructura provocando la cancelación de 110 vuelos, los disturbios violentos consistentes en el lanzamiento de objetos frente a las fuerzas de seguridad del Estado durante una concentración alentada por los CDR en las inmediaciones de la Delegación del Gobierno en Barcelona, y el corte y bloqueo del paso transfronterizo entre España y Francia el día 12 de noviembre de 2019”,  concluyen en una exposición que se asemeja sospechosamente a los autos elaborados por García Castellón para justificar la  calificación de terrorismo a las acciones que atribuye a Tsunami Democràtic.

La Associació Catalana de Victimes d´Organitzacions Terroristes no deja de ser más que la extensión catalana de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, AVT, que preside Maite Araluce quien sustituyó a Alfonso Sánchez Rodrigo, un conocido ultra que movilizó a afiliados y simpatizantes en contra del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero cuando se enteraron de que se estaba negociando un alto el fuego con ETA, y la posterior decisión de la banda armada de dejar la lucha terrorista. La AVT siempre ha mantenido una actitud beligerante contra los gobiernos de izquierda de este país lo que les supuso una escisión. Sobre todo, a raíz de haber asumido el relato del gobierno de Aznar sobre los atentados del 11-M.  En estos momentos, la AVT se encuentra mas cercana a los planteamientos de la extrema derecha que a los del Partido Popular, de los que se han ido alejando paulatinamente, y a cuyos dirigentes acusan de olvidarse de las víctimas de los terroristas.

Otra cosa bien diferente es la personación en la causa de la Asociación Española de la Guardia Civil y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil que dice contar con 31.000 afiliados. De ser una especie de sindicato reivindicativo cuya prioridad era la de exigir la mejora de las condiciones laborales y salariales del sector ha pasado a convertirse en una organización con fines claramente políticos, “en nombre de la patria”. Tanto la AEGC como la AUGC han criticado abiertamente el acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez y mantienen una contienda con el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Eso sí, ambas organizaciones se han desmarcado de la Asociación Pro Guardia Civil algunos de cuyos miembros firmaron un comunicado en el que decían estar dispuestos a derramar la última gota de su sangre por la soberanía e independencia de España y su ordenamiento constitucional. La dirección general de la Guardia Civil les ha abierto un expediente que todavía está por resolver.

En el caso de la AEGC y la AUGC la cosa no llega tan lejos pero sí utilizan las vías judiciales para luchar contra el independentismo catalán. Ahora están personados en un sumario cuyo final sólo es uno: la amnistía de todos los encausados porque así está estipulado en la proposición de ley que, esta semana, el pleno del Congreso de los diputados tomará en consideración. Esa misma ley de la que algunos miembros de la Guardia Civil se van a beneficiar porque la amnistía no sólo tiene como objetivo los independentistas catalanes sino también los miembros de la fuerza pública acusados de agresiones y torturas durante el “procès”. En un comunicado, la AUGC se mostró contraria a que los agentes procesados “por cumplir con la legalidad” queden amparados con una medida de gracia que los equipara con “los malversadores”, al mismo tiempo que convocaban concentraciones de protesta acabando por sumarse a la de la españolista Societat Civil Catalana.

El gobierno  ha abierto una investigación para comprobar si se está quebrantando el principio de “neutralidad política” exigido a los agentes. Está claro que su personación en causas políticas abiertas en la Audiencia Nacional va en contra de dicho principio. Si las víctimas de terrorismo quieren personarse en las causas contra independentistas catalanes están en su derecho como entidades privadas. Pero a los sindicatos policiales se les debe exigir total imparcialidad por mucho que consideren que sus afiliados han sido insultados y despreciados. Esa es otra historia que nada tiene que ver con el terrorismo.