Toda la intensidad judicial que pesa sobre el caso Mediador, gracias a la instrucción de una jueza canaria inasequible al desaliento, se torna en obstrucción del Gobierno y sus satélites, en beneficio del personaje central de la trama, el exdiputado socialista Fuentes Curbelo.

La cadena de complicidades del Congreso, con su presidenta a la cabeza, ya resulta obscena y ha servido, por acción u omisión, para auxiliar de manera flagrante al célebre Tito Berni, con tres decisiones inaceptables.

Primero le permitió quedarse con el teléfono móvil y el iPad asignados por la Cámara y reclamados en vano por el juez. Después retrasó el registro del despacho que ocupaba durante casi un mes. Y por último, consintió la destrucción del registro de visitas a Curbelo en el Congreso, decisivo para conocer con quién se reunió en el lugar que, según el sumario, era nada menos el epicentro de la trama.

Esto último, desvelado por El Debate con un documento oficial de la propia Secretaría General del Congreso, es especialmente indignante y no tiene justificación alguna: frente a la supuesta obligación legal de eliminar esos registros una vez transcurrido un mes, más que discutible, prevalecen las atribuciones constitucionales de Meritxel Batet para conservarlos, como en cualquier otro ámbito en el que la conservación de pruebas se antepone a la gestión en circunstancias rutinarias.

La presidenta Batet, que ejerce de «policía» del Congreso según el artículo 72.3 de la Constitución y dispone por ello de «todos los poderes administrativos y facultades», podía haber actuado en favor de la justicia, la transparencia y la decencia desde, cuando menos, el día de la dimisión de Tito Berni, el pasado 14 de febrero.

Y sin embargo hizo lo contrario, beneficiando al imputado y perjudicando, sin la menor duda, a la instrucción judicial, en una sintonía aparente con la Fiscalía, contraria a pedir la prisión preventiva, tal y como el juez responsable del caso quería.

Batet pudo impedir la destrucción del registro de visitas, abrir el despacho a los cinco minutos de la dimisión de Curbelo y poner a disposición del juzgado los medios tecnológicos utilizados por el presunto corrupto. Pero optó por lo opuesto, sin duda pensando en auxiliar al PSOE y a Pedro Sánchez, muy dañados por el caso en cuestión.

No es la primera vez que Batet antepone su filiación política a sus obligaciones institucionales, pero es la más escandalosa de todas ellas. Porque lejos de contribuir a llegar hasta el final para saber qué papel jugó la sede de la soberanía nacional en una trama corrupta, se ha dedicado a dificultar las pesquisas para proteger los intereses de su partido.

Que la tercera autoridad del Estado esté más preocupada de no molestar al Tito Berni, aunque sólo sea por proteger a su jefe de filas, que de ser la primera y máxima aliada de la Justicia, es desolador. Pero no sorprende con Sánchez al frente: para él, todas las instituciones del Estado son meros apéndices de La Moncloa, con subordinados obedientes al frente como Batet.