La Iglesia española, con el visto bueno de Roma, ya tiene listo su plan de acción ante el empeño de Moncloa de buscar un golpe de efecto a costa del Valle de los Caídos para dar relumbrón a los fastos previstos en el marco de los 50 años del fallecimiento de Francisco Franco.

Lejos de improvisar cualquier reacción ante los envites previstos por el Gobierno de Pedro Sánchez, el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, estaría al frente de cualquier negociación posible en los próximos meses. Y no solo porque recaiga en él la responsabilidad ya que el monasterio, la basílica y la hospedería pertenecen a su jurisdicción territorial. Además, la Santa Sede, con respaldo directo del Papa, confía en las gestiones que realice el purpurado madrileño. Desde este liderazgo autorizado, Cobo no habría buscado actuar solo ante una cuestión que, de una manera u otra, afecta a toda la Iglesia española, pero también a la vida religiosa, en tanto que es una comunidad benedictina la que reside en el enclave.

De hecho, según ha podido confirmar LA RAZÓN, en estos últimos meses se habría producido al menos una reunión a tres bandas entre el cardenal de Madrid, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y el abad de Solesmes, Dom Geoffroy Kemlin, para unificar criterios y abordar posibles soluciones ante las intenciones que pueda tener el Ejecutivo de coalición. En paralelo, se habrían abierto puentes de diálogo directamente con el ministro de la Presidencia y responsable de las relaciones con la Iglesia, Félix Bolaños.

A priori, Moncloa tiene un objetivo: el desalojo del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. El presidente Pedro Sánchez no olvida que se convirtió en algo más que mero obstáculo cuando se planteó la exhumación del dictador y, ante el revuelo político y mediático generado por su oposición manifiesta, desde entonces habría buscado su salida del monasterio, en tanto que el monje representa para el líder socialista la antítesis al espacio de reconciliación en el que buscan

Con el plácet de Roma, defenderán la basílica y que haya una comunidad orante en el enclave

convertir Cuelgamuros. Con este empeño como punto de partida, se abre un abanico de posibilidades entre lo que el Gobierno quiere y lo que la Iglesia podría estar dispuesta a ceder. Sobre la mesa del Ejecutivo, a pesar de los bulos y rumores planteados en sacristías eclesiásticas, nunca estuvo desmantelar la imponente cruz de más de 150 metros que corona el lugar. Tampoco parece que los socialistas vayan a adentrarse en la compleja tarea de desacralizar la Basílica de la Santa Cruz, en tanto que afecta directamente a los acuerdos Iglesia-Estado y, por tanto, con implicación directa de Roma.

Además, fuentes eclesiásticas confirman a este diario la disposición para resignificar cualquier espacio del templo, donde descansan los restos de miles de fallecidos en la Guerra Civil. O lo que es lo mismo,nohabríaproblemaalguno para acometer cualquier obra que implicara quitar símbolos franquistas que pudieran encontrarse o colocar paneles explicativos para contextualizar cualquier elemento de lugar. «No tiene sentido quitar el carácter sacro a un espacio en el queseconvocancelebracionesque no van contra nada ni contra nadie, en las que se reza por el perdón y la reconciliación de todos sin distinción», recalcan desde la Archidiócesis de Madrid a este diario.

Lo que sí parece claro es que Moncloa estaría satisfecha si se expulsara a la comunidad benedictina que habita la abadía, gestiona la hospedería, educa a 36 alumnos de la escolanía y tutela la basílica para convertir el monasterio y el albergue en un centro laico que sirva para explicar la contienda y la dictadura. A partir de ahí, la negociación con la Iglesia incluye varias posibilidades: desde sustituir a los monjes actuales por otros benedictinos hasta buscar otra congregación religiosa sin mancha. Incluso se habría valorado que la presencia católica en Cuelgamuros se pusiera en manos de la Comunidad de Sant’ Egidio, por la valía de esta plataforma en procesos de paz y reconciliación en todo el planeta, incluido el País Vasco. Descartadas estas opciones, la mínima asistencia eclesial sería la disolución de toda comunidad y la designación de un capellán para la basílica.

Ayer, el cardenal Cobo se manifestaba en esta línea en una entrevista concedida a Ep, en la que se mostraba dispuesto a «dialogar con sosiego» y «sin ideologizaciones» sobre el Valle de los Caídos desde dos líneas «inviolables»: no tocar la basílica y salvaguardar una «comunidad monástica», sin citar explícitamente que sean los actuales habitantes de la abadía.