Mantenimiento, modernización, adquisiciones, planes, compromisos y respuesta a las nuevas amenazas. Son algunos de los aspectos relacionados con las Fuerzas Armadas que sufren o sufrirán las consecuencias de la incapacidad del Gobierno de alcanzar acuerdos y legislar. No solo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, que han vuelto a prorrogarse por segunda vez, sino también para pactar un aumento del gasto militar que exigen la OTAN, la UE, Estados Unidosylarealidadgeopolíticainternacional. «Necesitamos pensar a largo plazo», apuntan fuentes militares.

Mantenimiento, modernización, adquisiciones, planes, compromisos y respuesta a las nuevas amenazas. Son algunos de los aspectos relacionados con las Fuerzas Armadas que sufren o sufrirán las consecuencias de la incapacidad del Gobierno de alcanzar acuerdos y legislar. No solo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que han vuelto a prorrogarse por segunda vez, sino también para pactar un aumento del gasto militar que exigen al mismo tiempo la OTAN, la UE, Estados Unidos y la realidad geopolítica internacional.

Un debate que lleva años sobre la mesa, pero que cobra más relevancia ahora, con las cuentas públicas paralizadas desde 2023, lo que dificulta aún más ese necesario aumento del presupuesto de Defensa para, entre otras cosas, evitar perder capacidades claves y hacer frente a los retos y objetivos marcados por las Fuerzas Armadas a largo plazo, en ese horizonte que mira a 2030 y más allá, incluso, a 2050. Por ello ha vuelto a sonar con fuerza la necesidad de estabilidad presupuestaria, algo que los propios Jefes de Estado Mayor de los dos Ejércitos y la Armada han venido pidiendo a lo largo de los últimos años en forma, por ejemplo, de ley de financiación de Defensa.

«Es indispensable para saber con qué dinero se cuenta con antelación, más allá del color del Gobierno de turno o de si hay o no presupuestos, para sí poder pensar a más largo plazo», aseguran a este periódico fuentes militares, que recuerdan, al mismo tiempo, que «aún quedan miles de millones por pagar de los programas de

armamento, que no solo hay que pagar, también mantener y modernizar cuando llegue el momento». Esos programas son nada más y nada menos que una treintena (arrancaron en 1995 y abarcarían hasta 2037) y en su conjunto están valorados en unos 67.275 millones de euros, de los que están pendientes más de 30.000 millones. Y entre ellos están los blindados 8×8 «Dragón» para el Ejército de Tierra, los submarinos S-80 para la Armada o el caza del futuro «FCAS» para el Ejército del Aire. Además de misiles, fragatas, helicópteros, drones, lanzacohetes… Muchos de los cuales acumulan no solo retrasos, también sobrecostes, lo que año a año va aumentando la factura.

Pero el problema de estos programas es que se tardan varios años en que vean la luz y en pagarlos. Así, por ejemplo, antes de la prórroga presupuestaria el plan del Gobierno incluía en las cuentas de 2023 hasta 4.901 millones para ellos, 5.304 para 2024, 4.980 para 2025 y 5.180 para 2026.

Si bien es cierto que el Ministerio de Defensa ha llevado a cabo un importante esfuerzo inversor desde que Margarita Robles tomó las riendas, sobre todo con la vista puesta en la industria de Defensa, la situación empieza a complicarse, pues suenan cada vez más las quejas de vehículos o aeronaves inmovilizados por falta de sostenimiento. Al mismo tiempo, otras capacidades están al final de su vida útil y, a la espera de la llegada de sus sustitutas (si llegan), se intenta como sea estirar sus años de servicio para no perderlas, como ha ocurrido con los cazas «Harrier» de la Armada que operan en el «Juan Carlos I» y que aguantarán hasta 2030, entre otros ejemplos. Urgen los fondos: en el caso de estos aviones de despegue y aterrizaje vertical, ya se han pagado alrededor de 30 millones.

Hasta ahora, Defensa ha ido salvando esos escollos a través de créditos extraordinarios y aportaciones del Fondo de Contingencia (entre 3.000 y 4.000 millones extra cada año), pero las exigencias internacionales y la realidad nacional hacen que sean insuficientes y que cada ejercicio sea necesario invertir más, sobre todo por el rápido avance de la tecnología.

Porque el Departamento que dirige Margarita Robles tiene planes pendientes que implican más gasto. Por un lado, nuevo armamento más allá de esos Programas Especiales vigentes, como serían, por ejemplo, todos los buques que

En los planes de Defensa está un aumento de 20.000 efectivos y nuevo armamento

tiene en mente la Armada en su plan para 2050. O herramientas cada vez más tecnológicas y especializadas para combatir en el ciberespacio.

Y, por otro lado, están los gastos que tienen como destinatarios los propios militares. Defensa trabaja en un ambicioso plan para aumentar en unos 20.000 el número de efectivos para pasar de los cerca de 117.000 actuales a prácticamente 130.000, lo que implicará un incremento en el capítulo 1 de los presupuestos de Defensa, el dedicado a los gastos de personal y que en las últimas cuentas no prorrogadas, las de 2023, ascendía a 5.375 millones de euros, el 41,91% del total.

De momento, esta misma semana ha hecho un pequeño guiño tanto a los militares como a quienes reclaman que se aumente el presupuesto. Muy pequeño realmente, porque solo implica 400 millones de euros que irán destinados a mejorar los sueldos de los militares con 200 euros más al mes en su componente general del complemento específico.

A efectos de incremento, apenas se notará y España seguirá a la cola de la OTAN en lo que a porcentaje del PIB se refiere (1,28%). Y en lo que afecta a los uniformados, tampoco están contentos porque creen que «no cumple las expectativas» o «está muy lejos» de sus reivindicaciones, como denunciaron varias asociaciones, que creen que «para tener unos militares dignamente retribuidos» deberían destinarse 1.500 millones anuales (unos 800 euros más al mes).

Por ello, para que «las exigencias de inversión establecidas por la OTAN no se queden únicamente en la industria de Defensa y lleguen a quienes están en primera línea, el personal militar», exigen un «Pacto de Estado en materia de Defensa». Algo que el Gobierno tiene difícil.