«Majestad, consideramos que moralmente tenemos derecho a nuestras viviendas, y económicamente las tenemos más que pagadas. Don Felipe, no permita que seamos despojados de nuestras viviendas sin la mínima consideración». Este es un fragmento de la carta firmada por Miguel Ángel López que él y su hermano Vicente enviaron recientemente al Rey. Le exponían el problema que tienen con la casa de sus padres, en la avenida Diego Martínez Barrio, de la que serán desahuciados el próximo martes 29 de abril.

Es uno de los desalojos que ya está fijado en el número 12 de esta calle, un conjunto de viviendas que levantó el Ministerio de Defensa entre 1945 y 1950 y que se entregaron al personal civil que trabajaba para el Ejército y sus familias. «Mis padres tenían su casa en Brenes, una buena casa, que vendieron para trasladarse aquí. Y esto no era gratis, ¿eh? Que han pagado el canon toda su vida y lo seguimos pagando, estamos al corriente de pagos», explica Vicente, de 76 años, que llegó a Diego Martínez Barrio con siete. Su padre murió con 102 años. «Se murió con la angustia de que cualquier día lo echaban de su casa y se iba a la calle, ¿a eso hay derecho?».

Los pisos fueron cedidos a estos trabajadores en calidad de usuarios, pero nunca se les entregó un papel que les otorgara la titularidad de las mismas. Entonces, no existía calle ni avenida, vivían en mitad del campo de tiro de la Pirotecnia, al que había que llegar cruzando una vía del tren y a cuyo alrededor no había nada. Las familias pagaban un canon, que se ha ido actualizando con los años, y que está ahora en aproximadamente 250 euros. Todas están al corriente de pagos.

El Ministerio de Defensa, titular del bloque, se ha ido en los últimos años deshaciendo de sus activos y vendiendo terrenos e inmuebles. En este edificio han sido varias las viviendas que se han vendido, una de ellas a uno de los usuarios originales y el resto a militares. Se les dio la posibilidad a las familias de adquirirlas, primero por 150.000 euros y después por 90.000. Podía ser ésta una buena opción, pero los afectados chocaron con otro problema.

 

Las personas que residen en este bloque son todas muy mayores.También viven hijos y nietos, pero debe ser la persona que figura como usuaria la que tenga que afrontar los pagos. Lo intentaron, pero ningún banco da un préstamo hipotecario a una persona octogenaria. Trataron de hacerlo a través de familiares, pero tampoco fue posible. «Y hay que tener en cuenta que muchas de estas personas son pensionistas, que tienen ingresos muy escasos, que no pueden ir a ningún sitio si los echan de aquí», dicen los perjudicados.

Una representación de ellos atendió a este periódico el pasado jueves. Además de Vicente López, están las hermanas Manuela y María Dolores Pérez, cuya madre tiene 84 años. «Está muy angustiada, piensa que se va a tener que ir de su casa, donde lleva viviendo casi toda su vida», explican. Les acompañan Isabel Iriarte, Juan María del Valle, José Gómez, Manuel Rodríguez padre e hijo y Juan Antonio Osorno.

Casi todos pertenecen a la segunda y tercera generación de vecinos de este bloque. En un momento, la conversación torna de la reivindicación ante lo que consideran una injusticia al recuerdo. Hablan de cuando eran niños y jugaban en las inmediaciones, de cuando eran jóvenes y empezaron a salir, de que el taxi les dejaba a la altura del paso a nivel y tenían que atravesar un terreno pedregoso, lleno de chinos de las vías del tren, para llegar a casa. O de cuando iban a pagar el canon a un edificio cercano, también del Ministerio.

Todos piden que se alcance una solución acordada, pues ya se ha dado en otros casos. Hay algunos bloques que eran del Ministerio de Defensa en los que se les ha permitido a los inquilinos comprar la vivienda por el precio de la escritura más los impuestos. «Pero aquí siempre se han negado, no sabemos por qué». No hay que ser demasiado listo para darse cuenta de que lo que antiguamente era un campo de tiro a las afueras de la ciudad forma parte hoy de la conocida como milla de oro de la misma, en la que los precios de las viviendas están por encima de las nubes.

Cualquier persona que invierta en estos pisos, por muy antiguos que sean, rentabilizará rápidamente la inversión. Cuentan los vecinos que son viviendas de entre 50 y 55 metros cuadrados, que algunas todavían tienen la electricidad de 125 voltios, pero que ellos las sienten como suyas porque han vivido en ellas durante toda su vida. Y tenían la esperanza de poder dejárselas a sus hijos, como cualquiera que tiene una propiedad.

Pero ellos no la tienen. Los desahucios son legales, ya se han dado varios casos y no hay ningún motivo judicial para pararlos. Otra cuestión es el debate moral o ético de si una persona que está cerca de la muerte debe pasar los últimos días de su vida temiendo que tendrá que irse de su casa. O que cuando ella falte, sus hijos tendrán que hacer las maletas y dejar la casa en la que siempre han vivido, con una mano delante y otra detrás.