Tribuna
Con el envío –de evidentes fines propagandísticos– de un buque para proteger a la llamada flotilla ‘Sumud’, las Fuerzas Armadas están siendo utilizadas en favor de opiniones sustentadas por unos partidos en contra de otros
la relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad a la que sirven es muy peculiar. Esta financia a aquellas y les entrega armamento capaz de infligir un daño devastador para que la defienda de un enemigo externo, y en ese contrato va implícita la condición de que las Fuerzas Armadas (FAS) no lo usarán contra esa sociedad.
Hasta ahí todo bien, y la obviedad de la condición –que hace que no sea necesario explicitarla– no debe hacernos olvidar que hasta hace poco, en términos históricos, era una ocurrencia relativamente frecuente que los militares tomaran el poder sin más títulos que los que confieren las armas y la disciplina. Este acuerdo es por lo tanto un gran adelanto.
Pero esa condición implícita esconde a su vez otra más sutil, y por lo tanto más fácil de violentar: que la sociedad no use a las Fuerzas Armadas para nada que no sea su defensa frente al enemigo externo. Es fácil de comprender que cualquier otro uso que no sea la Defensa es susceptible de ser aplaudido o aborrecido por distintos sectores sociales, lo que coloca a las Fuerzas Armadas en el campo de la acción política, justo lo que se trataba de evitar con la primera y crucial condición.
Es, pues, muy importante que se dediquen tan sólo a adiestrarse en usar el material de guerra que con tanto esfuerzo económico se les da, no solo en preparación de una guerra siempre posible, sino porque al hacerlo ya generan disuasión en el hipotético enemigo, que observando ese adiestramiento y material recibe la impresión de que si trata de llevar adelante sus designios será derrotado, obteniendo de esta manera un perjuicio mayor que el beneficio que esperaba alcanzar.
No obstante, la disociación de las Fuerzas Armadas de otras tareas que no sean la defensa no es absoluta. Su organización jerárquica, su disciplina y su material, que las hace capaces de manejarse en la peor de las catástrofes, que es la guerra, les permite desenvolverse con soltura y eficacia en otras catástrofes menores, pertenezcan al campo de la seguridad ciudadana o al de la protección civil. Por ello, cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o las estructuras de protección civil se ven superadas, las Fuerzas Armadas pueden ser empleadas, pero –y, de nuevo, esto resulta crucial– según el principio por el cual la agencia apoyada mantiene el control y la capacidad de decisión.
Durante las últimas décadas, en esta cuestión de la relación de las Fuerzas Armadas con otros actores públicos no dedicadas a la Defensa ha influido notablemente la convicción en una paz eterna que ha dominado el pensamiento europeo hasta fechas recientes. La OTAN, se decía hasta hace no mucho, era una solución en busca de un problema. Y eso se tradujo en España, por ejemplo, en la peregrina idea del entonces presidente Zapatero de convertir una gran unidad del Ejército de Tierra en un Cuerpo de Bomberos de ámbito nacional, lo que de un plumazo evitaba los gastos de tales bomberos – sin duda necesarios dada la fragmentación en autonomías de la Protección Civil – y los endosaba, personal y material incluidos, a la Defensa. La eficacia primó sobre la eficiencia y la UME constituye desde entonces un eficaz cuerpo de bomberos a costa de dineros, personal y material de la Defensa nacional. Al menos hay que conceder que ello no tuvo implicaciones partidistas, pues increíblemente el resto de partidos lo aplaudieron y siguen haciéndolo.
Más grave incursión contra los supuestos básicos que rigen en la relación entre Fuerzas Armadas y sociedad ha sido el envío de un buque de la Armada a proteger a la llamada flotilla Sumud (un término árabe, por cierto); una iniciativa en el centro de la controversia política –aplaudida por unos, denostada por otros– y que tiene evidentes fines políticos y propagandísticos (se compartan o no) y un muy cuestionable valor humanitario. Con ello, las Fuerzas Armadas están siendo utilizadas en favor de opiniones sustentadas por unos partidos en contra de otros. Así, se encuentran en medio de vituperios y unas les reprochan ponerse del lado de un criminal Israel que masacra inocentes palestinos y otros, de la organización terrorista Hamas, que inició todo un 7 de octubre de 2023 con una acción terrorista de una magnitud sin apenas precedentes.
Tampoco ayudan a aclarar el asunto las variadas declaraciones de diversos miembros del Gobierno: desde afirmar (ministro de la Presidencia) que se ha mandado un «buque de salvamento», ignorando la naturaleza intrínseca de un buque de la Armada, y que los de salvamento son civiles y encuadrados en SASEMAR; pasando por la parcial difusión desde el Ministerio de Defensa de sus presuntamente secretas Reglas de Enfrentamiento («no entrará en combate aunque ametrallen a la flotilla»); hasta la bravata del Ministro de Asuntos Exteriores ([se] «responderá a cualquier acción contra la Flotilla que va a Gaza»).
Las Fuerzas Armadas no tienen mecanismos para resistirse a estas incursiones contra su neutralidad política. El partido en el Gobierno ostenta, bien que temporalmente, la representación del Estado y, a priori, hay que suponerle respeto por las normas básicas, por lo que es difícil oponerse. Por lo demás, las Fuerzas Armadas carecen de organismos sociales de autodefensa, como sindicatos (que existen con éxito descriptible en otros países de Europa, como Alemania), y su influencia en las acciones de Gobierno es prácticamente nula, precisamente a causa de esos acuerdos implícitos a los que aludía al principio.
No insinuaré que España está sola en esto. La reciente llamada del Presidente Trump a sus altos mandos militares para imbuirles que hay que estar listos para enfrentarse al «enemigo interno» y su decisión de emplear las Fuerzas Armadas en labores de orden público en Estados y ciudades gobernados por el partido de la oposición –pero en ninguno de su propio partido–, sin que conste que las policías correspondientes hayan sido superadas, amenaza el mismo consenso, precisamente en la nación que durante tantos años ha mantenido enhiesto el estandarte de la democracia y el liberalismo en el mundo. Pero ese estandarte está pasando a Europa, y en ella raramente –si es que alguna vez– se ven usos de las Fuerzas Armadas partidistas o invasivos de otras instituciones, siempre exceptuando cuando lo hacen porque esas otras instituciones se ven desbordadas y los respectivos gobiernos, a diferencia de lo que sucede en nuestro país, lo deciden consensuadamente con la oposición.
La interceptación ayer, aparentemente incruenta, de la flotilla por parte de las fuerzas de defensa israelíes parece disipar los serios riesgos a los que podía haber tenido que enfrentarse nuestro buque. Cuestión sobre la que nuestro Gobierno, centrado en la batalla doméstica por el relato, no parece haber reparado en exceso. En cualquier caso, la falta de consenso político y de una misión claramente definida por el Gobierno han situado a la Armada en una situación indeseable. La violación del convenio, por implícito que sea, de no utilización partidista de las Fuerzas Armadas es, pues, bien clara en España. Y una vez roto es difícil de recomponer. Por ello es fácil imaginar que en un futuro otros puedan sentirse tentados y legitimados para usar las FAS con fines partidistas.
Fernando del Pozo es almirante (retirado) y analista del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria.
FERNANDO DEL POZO
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