Indra, Santa Bárbara y Sapa recibieron un nuevo revés en la Audiencia Nacional en su lucha contra las sanciones impuestas por el Ministerio de Defensa por los retrasos en las entregas del programa tecnológico para crear el vehículo blindado 8×8 Dragón.
El programa estrella del Ejército de Tierra acarrea numerosos retrasos desde su inicio y los primeros contratos para su conceptualización que se han convertido en una batalla legal que paulatinamente se ha ido apagando ante las victorias del Ministerio. Sin embargo, existe otro conflicto entre Defensa y Tess Defence, el consorcio que debe producir los vehículos, por los retrasos en las entregas del producto final.
La batalla judicial sobre estas primeras sanciones no tendrá más capítulos, ya que la idea del consorcio, controlado ahora por Indra, es evitar más disputas con Defensa. La sentencia a la que ha tenido acceso a EL MUNDO desestima un recurso del trío de compañías contra las multas incluidas por Defensa en la segunda prórroga de las cuatro que concedió a la Unión Temporal de Empresas (UTE), pero además revela otro extremo: el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo tras el primer fallo desfavorable a la tesis de la compañía de la Audiencia fue desestimado. «El Tribunal Supremo, por providencia de 5 de junio de 2024, inadmitió el recurso de casación preparado contra la Sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de abril de 2023, que desestimó el recurso contra la primera imposición de penalidades», recoge la sentencia del tribunal, que ya es firme, ya que se emitió el 8 de octubre.
Precisamente el día anterior, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se había reunido con el presidente de Indra, Ángel Escribano, para valorar los avances del proyecto. En una nota de prensa posterior a la reunión, el departamento de Robles trasladó públicamente la preocupación por los continuos retrasos del programa y aseguró que «se reserva las acciones «en una poco velada amenaza de nuevas sanciones si la situación no mejoraba. Indra espera entregar 70 vehículos antes de final de año.
La historia
El programa del 8×8 se retomó en 2015 tras ser paralizado por la crisis económica. Defensa aportó inicialmente 73,5 millones de euros para el desarrollo tecnológico del programa a Sapa, Indra y Santa Bárbara. El objetivo era que entregaran cinco demostradores del nuevo vehículo en noviembre de 2018. El contrato se amplió posteriormente hasta los 91 millones para que se añadiera la certificación de la protección antiminas y se elevara a siete el número de prototipos de los vehículos.
Los demostradores se entregaron finalmente el 20 de diciembre de 2022, cuatro años después. De hecho, el Gobierno firmó con Tess Defence el contrato para la compra de los primeros 348 vehículos de combate sobre ruedas en 2021, sin haber recibido estos demostradores en un proyecto que puede superar los 2.000 millones de euros.
Para entregar los demostradores en 2022, el programa se vio sometido a cuatro prórrogas. En cada ampliación de plazos, Defensa incluyó multas diarias de 14.715,15 y 18.393,93 euros por el retraso, con la excepción de un periodo de gracia de algo más de tres meses durante la pandemia, lo que arrojaría un saldo por encima de los 20 millones de euros .
Las empresas recurrieron estas multas y culparon a la complejidad técnica del programa y los cambios de las demandas de Defensa del retraso.
«La demanda se refiere también como causa del incumplimiento al aumento por la Administración de los requerimientos inicialmente previstos en el contrato, exigiendo como obligatorios determinados requisitos que el Pliego de Prescripciones Técnicas consideraba deseables (…) Todo ello habría supuesto la adición al programa de una mayor complejidad de los trabajos, traducida en la necesidad de disponer de un plazo mayor al inicialmente previsto», trasladó la defensa de las empresas a los magistrados.
Con este recurso de la Audiencia Nacional, los contratistas del programa ya han perdido en tres de las cuatro prórrogas del programa, lo que unido al fallo del Supremo respalda la decisión de no recurrir. En el caso de la primera multa de nueve millones de euros, Santa Bárbara Sistema se mostró en contra. En esta ocasión, ha declinado comentar.
De fondo está la tensión por las entregas de los vehículos finales, también retrasadas. Entre los culpables, la industria apunta a la transmisión desarrollada por Sapa.
Con todo, el Gobierno adjudicará pronto un nuevo vehículo de cadenas al consorcio formada por Tess Defence en un contrato para el que ya se ha concedido una prefinanciación de 788 millones de euros. A esta adjudicación, se suman la actualización de los vehículos Pizarro que hará Santa Bárbara y los programas que gestionarán Indra y Escribano (también en la UTE) que van desde los milmillonarios proyectos para la artillería autopropulsada al vehículo lanzapuentes. En total, el lote supera los 4.000 millones de prefinanciación a la espera de la firma y el montante total.
Dejarán de recurrir las multas por los retrasos tras un nuevo revés judicial
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