Posiblemente la Justicia nos librará de la maldición bíblica que ha caído sobre nuestra querida Nación en la figura de un tipo que se balancea constantemente, besa  el espejo cientos de veces al admirarse con arrobo, habla consigo mismo diciéndose una y otra vez lo bello que es, y dice hola a todo el que se le acerca sin ni siquiera pronunciar una palabra, en fin una bagatela de presidente.  El símbolo de la Justicia unos lo remontan hasta el antiguo Egipto donde la balanza servía para pesar el corazón y el alma  del difunto, otros lo usaban para los vivos, ya en la Grecia clásica la diosa de la Justicia, Themis,  representaba la Justicia divina como símbolo de la “equidad” que debe regir en todas las decisiones de la Justicia, y Némesis, que simbolizaba la justicia humana. Ambas deidades, en su representación escultórica, portaban una espada. Desde el siglo XV, la Justicia se representa con una mujer que lleva los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra. Los ojos vendados pretenden destacar que la justicia solo mira a las personas, representando la igualdad de todos ante la ley y la objetividad en las decisiones de la Justicia. La primera representación conocida de Justicia ciega es la estatua de Hans Giengen de 1543 en  Berna. Su iconografía moderna adorna con frecuencia juzgados y tribunales de todo el mundo.

Pero, ay, ya sabemos que la Justicia no es del todo ciega. En los casos más graves muchas personas han sido sentenciadas a muerte y ejecutadas  y posteriormente se ha demostrado su inocencia de ahí que la Justicia se haya fortalecido con  tribunales superiores  y se haya vuelto más garantista, y aun así. Y en España, además, tremendamente lenta, y aburridamente desquiciante.

Retraso injustificado

Como uno siempre desea que la justicia sea lo más justa posible, me ha parecido vislumbrar varios detalles que me han dejado un poco preocupado, por ahora. El primero es el borrado de páginas en el informe de la UCO sobre el ministro Ángel Victor Torres, que señalaban a Pedro Sánchez. En este procedimiento, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 indaga en un supuesto fraude cuantificado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 231,7 millones de euros y que se habría realizado entre 2021 y 2024. El informe, que todos esperaban hace tiempo se retrasó unos seis meses porque esas referencias explícitas fueron eliminadas, al parecer, por orden del encargado de la instrucción. Si esto fuera así, el informe posterior de la UCO no sería el informe de ese organismo, sino el informe del juez que ha ordenado reformar dicho informe. No sé si los informes de la UCO tienen la categoría de pericia judicial, pero en mi experiencia personal, un juez no puede eliminar párrafos de un informe escrito por un tercero. El informe es de quien lo firma, también la responsabilidad  de lo en él incluido. Los miembros de la UCO, en ese caso, han entregado dos informes, el primero bajo su responsabilidad y el segundo, según la recomendación o la orden del juez. Si esto fuera así, en mi opinión, solo el primero, el entregado sin “recomendación”, tiene validez. Posiblemente el juez disponga de argumentos  que impidan la publicación del informe, que debe ser  también entregado a las partes para su conocimiento y efectos. Pero entonces ya no estamos ante la Justicia ciega sino tuerta.

La familia Pujol

Como he escrito anteriormente, la lentitud en la resolución de los procesos judiciales es del todo incomprensible. La Audiencia Nacional juzgará a Pujol y a sus siete hijos del 10 de noviembre de 2025 al 23 de abril de 2026 por la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas, 11 años y cuatro meses después de  que confesara que su familia tenía una fortuna oculta en Andorra, se les  imputan presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública. Un rosario de irregularidades del que, sin embargo, y debido a su avanzada demencia, declarará por videocconferencia. Esta Audiencia parece no tener nunca prisa; el juez encargado de la instrucción del asunto de los hidrocarburos –que comenzó a investigar en Junio de 2021 – acuerda extender la causa al menos hasta el 21 de diciembre de este año, después de expirar   el plazo de investigación sobre un presunto fraude de IVA vinculado a la compraventa de hidrocarburos, relacionado con la presunta corrupción  de los políticos que desgobiernan el país, así es que , más paciencia.

La toga del fiscal

El último episodio, por ahora, tiene que ver con el juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, Don Álvaro García Ortíz. En este caso el citado Don Álvaro se ha presentado con su toga oficial y no se ha sentado en el banquillo de los acusados. Parece que siendo abogado en ejercicio puede vestir la toga en tanto no haya sido sancionado por el Colegio de Abogados, pero no tiene privilegio alguno para  eludir su asiento en el banquillo. Solamente el permiso del presidente de la sala II del Tribunal Supremo es quien, en este caso, puede conceder esa cortesía, en contra de la igualdad que se presume ante la Justicia. Es un mal presagio, entre tanta corrupción, que se  intente quitar la venda a la tan demandada Justicia.

Juan Manuel Adan.