La Guardia Civil se convierte en algo singular en la Europa del siglo XIX: una fuerza respetada antes que temida, visible antes que reactiva, estable antes que coyuntural. Es el resultado de una concepción clara del orden público como función estructural del Estado. La Guardia Civil asegura el territorio, protege a las personas, garantiza la ley. Su despliegue capilar, su presencia constante en pueblos, caminos, fronteras y espacios periféricos, y su concepción como cuerpo nacional —no local, no partidista— fijaron un modelo que resolvía un problema común a muchas naciones: cómo imponer el orden sin militarizar la vida civil ni disolver la autoridad del Estado en una suma de policías dispersas. Esa misma pregunta, con idéntica urgencia, se la plantearon las jóvenes repúblicas hispanoamericanas tras su secesión de la Corona española.

En Chile, ese dilema cristalizó de forma especialmente nítida. La creación de los Carabineros de Chile no fue un gesto político aislado, sino la culminación de un proceso largo de búsqueda de un cuerpo único, nacional, disciplinado y con capacidad real de control territorial. Al igual que la Guardia Civil, los Carabineros fueron concebidos como una fuerza de naturaleza híbrida: policial en su función, militar en su organización, profundamente jerarquizada, con una fuerte ética del servicio y una identidad institucional sólida. Su despliegue en zonas rurales, fronterizas y apartadas responde a la misma lógica que inspiró al cuerpo español casi un siglo antes: la presencia visible y constante del Estado como garantía de orden y estabilidad.

A lo largo del siglo XX, esa doctrina se pone a prueba en escenarios cada vez más complejos. Criminalidad organizada, redes internacionales, contrabando, narcotráfico. En España singularmente, la experiencia acumulada por la Guardia Civil en la lucha contra ETA constituye uno de los procesos antiterroristas más prolongados y exigentes del mundo occidental. Su enfoque no se basa en respuestas espectaculares ni en atajos jurídicos, sino en investigación judicial prolongada, inteligencia integrada, cooperación internacional y respeto estricto al Estado de Derecho. Esa forma de actuar, lenta pero eficaz, se convierte en referencia para otros cuerpos de otras naciones, especialmente hispanas, que enfrentan amenazas similares. Ese reconocimiento exterior no es teórico. Se traduce en presencia constante en organismos internacionales como Interpol y Europol, en participación en operaciones conjuntas y programas de formación y asesoramiento solicitados por otros Estados.

En Hispano América, donde muchos Estados han debido enfrentarse a problemas estructurales de seguridad interior, ese modelo resulta especialmente atractivo. Chile constituye un caso singular. A comienzos del siglo XX, el Estado chileno afronta un dilema comparable al que España resolvió décadas antes: cómo garantizar el orden público y control territorial sin fragmentar la autoridad, ni militarizar de forma permanente la vida civil. La respuesta llega en 1927 con la creación de Carabineros de Chile, fruto de una decisión técnica y de Estado, no de una improvisación ideológica. Impulsado decisivamente por Carlos Ibáñez del Campo, que entendió que el orden público no podía depender de cuerpos fragmentados ni de soluciones provisionales, sino de una institución nacional, estable y con identidad propia. No resultó de una copia literal, sino de la asimilación consciente de principios estructurales que ya habían demostrado eficacia. Esta relación se ha desarrollado bajo un principio claro: respeto absoluto a la soberanía y a la identidad institucional de cada cuerpo. Chile no ha importado modelos ajenos, sino que ha dialogado de igual a igual con una institución que comparte una misma tradición de servicio al Estado. La figura de Carlos Ibáñez del Campo, en este contexto, adquiere un valor simbólico y práctico: su visión fundacional permitió que los Carabineros nacieran como una institución sólida, capaz de cooperar internacionalmente sin perder su carácter ni su autonomía.

A lo largo del siglo XX, ambas instituciones evolucionan en contextos distintos, pero enfrentan desafíos comparables. Chile debe gestionar tensiones sociales persistentes, violencia política en determinadas zonas y la complejidad de un territorio largo y diverso. España afronta terrorismo, criminalidad organizada y redes transnacionales. En ambos casos, la respuesta se apoya en la continuidad del mando, la disciplina interna y la profesionalización progresiva. Ninguno de los dos cuerpos es disuelto ni refundado pese a los cambios de régimen o las crisis políticas. Ese dato, a menudo ignorado, es central para comprender su legitimidad y su resistencia.

Desde finales del siglo XX, la relación entre la Guardia Civil y Carabineros de Chile se intensifica en el terreno práctico. Estos intercambios se producen sin estridencia ni publicidad excesiva, como es habitual en la cooperación técnica eficaz. A partir de la segunda mitad del siglo XX, y con mayor intensidad desde las últimas décadas, esa cooperación se tradujo en programas formativos e intercambios profesionales, especialmente en ámbitos donde la experiencia acumulada resulta determinante. Estos intercambios se han canalizado a través de acuerdos de cooperación técnica y memorandos de entendimiento suscritos en el marco de la colaboración internacional en materia de seguridad, así como mediante la participación conjunta en programas multilaterales y foros especializados. Oficiales y suboficiales de Carabineros han participado en actividades formativas vinculadas a la experiencia española en investigación criminal, control territorial, lucha contra el terrorismo y crimen organizado, así como en técnicas de policía judicial y análisis operativo. De igual modo, la Guardia Civil ha encontrado en los Carabineros de Chile un interlocutor cualificado, con una sólida cultura institucional y una notable capacidad operativa en contextos complejos.

Otro ámbito de interés compartido ha sido la gestión del orden público bajo fuerte presión política y mediática. Tanto en España como en Chile, estos cuerpos han debido operar en contextos de escrutinio permanente, campañas de cuestionamiento institucional y restricciones operativas. La experiencia de la Guardia Civil en preservar su neutralidad política y su cohesión interna, apoyada en su estatuto jurídico y en una cultura institucional exigente, ha sido observada con atención por Carabineros, especialmente en los últimos años. No se trata de exportar doctrinas, sino de aprender de trayectorias comparables dentro del respeto a marcos legales distintos.

Desde el punto de vista normativo, esta relación se inserta en un entramado coherente de cooperación entre España y Chile en materia de seguridad y justicia, sustentado en acuerdos generales de colaboración policial, en los compromisos asumidos en el marco de Naciones Unidas y en la participación de ambos países en redes internacionales de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. No es un vínculo excepcional ni improvisado, sino una relación natural entre dos Estados que comparten una concepción institucional del orden.

Para Chile, reconocer y profundizar estos vínculos no es un ejercicio histórico ni simbólico. Es una herramienta práctica. Significa acceder a experiencias contrastadas, reforzar capacidades propias y situar la política de seguridad dentro de un marco de continuidad institucional. Para España, supone proyectar uno de sus activos más sólidos y mejor valorados en el exterior. La divisa fundacional de la Guardia Civil, encuentra así su proyección más allá de las fronteras españolas. Honor, disciplina, legalidad y servicio permanente al Estado asientan la base que explica la afinidad profunda con Carabineros de Chile y la cooperación sostenida entre ambos cuerpos.

El orden democrático no se sostiene con reformas improvisadas ni con soluciones coyunturales. Se sostiene con instituciones morales, estables y profesionalmente exigentes. La Guardia Civil y Carabineros de Chile lo han demostrado, cada una en su contexto, durante décadas. Ese es el sentido último de este vínculo y la razón por la que merece ser reconocido, documentado y reforzado.

La relación entre los Carabineros de Chile y la Guardia Civil no es, por tanto, una suma de convenios aislados, sino la expresión viva de una continuidad histórica iniciada en 1927 y proyectada hacia el futuro. Una relación basada en la confianza institucional, la experiencia compartida y la convicción de que el orden público, bien entendido, es una de las garantías esenciales de la estabilidad y la convivencia democrática.

La cooperación de La Benemérita se extiende en Argentina, con la Gendarmería Nacional Argentina, creada para asegurar fronteras, controlar vastos espacios rurales y garantizar la soberanía efectiva del Estado en territorios de baja densidad poblacional. Su razón de ser es prácticamente idéntica a la de la Guardia Civil: actuar allí donde la policía urbana no llega y donde el Ejército no debe permanecer de forma permanente. La similitud funcional revela una herencia común, más profunda que cualquier influencia formal: la tradición hispánica de cuerpos intermedios, armados, disciplinados y legalmente encuadrados, concebidos como instrumentos de cohesión territorial.

México, Perú, Colombia y otros países siguieron caminos similares. Guardias nacionales, policías rurales o cuerpos civiles armados surgieron una y otra vez con la misma finalidad: garantizar el orden, proteger caminos, asegurar fronteras y proyectar la autoridad del Estado en espacios complejos. Incluso la actual Guardia Nacional, pese a su configuración contemporánea, recupera una lógica antigua y reconocible: disciplina, despliegue nacional y control territorial como pilares de la seguridad pública.

La relación entre la Guardia Civil y los cuerpos homólogos hispanoamericanos no es por tanto, anecdótica ni circunstancial. Es la expresión de una tradición compartida, de una manera común de entender la autoridad pública, el servicio al Estado y la función del orden en sociedades complejas. En un tiempo marcado por amenazas híbridas, crimen transnacional y desafíos a la soberanía, ese modelo —nacido en España y desarrollado a ambos lados del Atlántico con otras naciones hermanas— sigue demostrando su vigencia. No como reliquia histórica, sino como estructura viva, adaptable y profundamente enraizada en la historia común del mundo hispánico.

Así pues, cabe poder deducir con transparente claridad, que la hermandad de los pueblos hispanos ha encontrado en la Guardia Civil, un nuevo nexo de unión que abraza las profundas raíces que une ambas orillas del Atlántico.

Íñigo Castellano y Barón