Recientemente, presidió un importante Consejo de Ministros en el que se abordaron diversas cuestiones de la máxima importancia, entre ellas los planes de inversiones masivas para fomentar el desarrollo del país norteafricano, con un gran objetivo: promover el desarrollo regional descentralizador y equiparar lo más posible a toda la población.

En este sentido, el Consejo de Ministros, presidido por el monarca marroquí, aprobó un proyecto de ley orgánica que modifica y complementa la ley orgánica relativa a las regiones, encaminada a promover un importante desarrollo de las regiones marroquíes. 

Un modelo de continuación desarrollista que fomenta la igualdad y equiparación de los estratos sociales en todos los territorios de la nación y que promueve una mayor apuesta por el empoderamiento de las administraciones territoriales para un mayor dinamismo regional.

Esta reforma redefine el papel de las autoridades regionales dentro del sistema de desarrollo, posicionándolas como actores clave para impulsar el crecimiento económico y lograr la inclusión social. Se puede hablar de un modelo un poco más descentralizador que otorga a las autoridades de cada región mayor protagonista y capacidad de acción. Esta regionalización trata de dar mayor protagonismo a los territorios, fomentar su desarrollo y acercar la toma de decisiones a la ciudadanía, garantizando así una mejor respuesta a las necesidades locales.

El contenido del proyecto pone de relieve una clara tendencia hacia la creación de entidades sólidas y productivas que posean las capacidades y los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas de desarrollo de manera eficiente.

En este contexto, la revisión y redistribución de responsabilidades entre el Estado y otras entidades constituye un aspecto clave de la reforma, cuyo objetivo es superar la superposición de funciones que caracteriza la fase anterior y que a menudo obstaculizó la eficacia de la toma de decisiones públicas. Una clara separación entre responsabilidades exclusivas y compartidas es un paso necesario para fortalecer la rendición de cuentas y la responsabilidad, y otorga a las entidades mayor flexibilidad para actuar y tomar iniciativas. Todo ello orientado a que la capacidad y toma de decisiones y actuación sea más dinámica y eficiente en todos aquellos puntos del territorio nacional marroquí.

Entre las innovaciones más destacadas de esta reforma se encuentra la transformación de los organismos regionales de ejecución de proyectos en sociedades anónimas, una decisión que refleja el deseo de modernizar los mecanismos de gestión pública mediante la integración de enfoques inspirados en la lógica de la gobernanza moderna. Se trata de una incursión en un modelo más privado, fomentando la cooperación público-privada y entrando en una dinámica más modernizadora en cuanto al desarrollo territorial marroquí.

Este nuevo enfoque combina las exigencias de la supervisión pública con la flexibilidad de gestión, acelerando así la finalización de los proyectos y mejorando la calidad de su implementación. Asimismo, refleja una creciente conciencia de la necesidad de superar la burocracia tradicional, que a menudo ha obstaculizado los procedimientos desarrollistas.

Modernización e inversión

Todo ello aderezado con una fuerte inversión estatal, algo que siempre ha estado presente desde que Mohamed VI accediese al trono marroquí en 1999. En los últimos 27 años, Marruecos ha experimentado un gran desarrollo a todos los niveles y ha entrado en una época totalmente modernizadora y dinámica que ha instalado el país norteafricano en una posición internacional ventajosa.

Un gran ejemplo de esta apuesta fue la Nueva Carta de Inversiones, lanzada a partir de 2022 y que impulsó el monarca alauí para fomentar la inversión y el desarrollo en la nación a gran escala. Este plan contó con una dotación de unos 50.000 millones de euros y un objetivo de creación de empleo de unos 500.000 puestos de trabajo precisamente hasta 2026.

Esta iniciativa se dedicó a fomentar la inversión privada mediante primas, incentivando proyectos estratégicos, industriales y la inversión extranjera, posicionando al país como un hub económico importante en el escenario internacional. El gran objetivo era atraer inversiones y negocios tanto nacionales como internacionales con inversión estatal, planes de financiación atractivos, acompañamiento y asesoramiento a inversores sobre el terreno, facilitación y agilización de todo tipo de trámites burocráticos e importantes incentivos fiscales para no ejercer una presión excesiva sobre empresas e inversores.

En este ámbito, son muy importantes los Centros Regionales de Inversión de cada región de Marruecos, que llevan a cabo una labor decisiva a la hora de captar inversión tanto nacional como internacional, fomentar la proliferación de empresas y negocios y asesorar a todo aquel que quiera llevar a cabo una actividad económica en cada región del país.

En el plano financiero, la nueva ley orgánica aprobada busca elevar el límite máximo de recursos asignados a las entidades territoriales para fortalecer su independencia financiera y permitirles financiar sus programas y proyectos con mayor eficacia, actuando directamente sobre cada territorio, lo que aporta un mayor dinamismo a la actividad económica y de desarrollo, eliminado burocracia y superposición de administraciones tanto centrales como regionales.

Sin embargo, este enfoque también plantea desafíos relacionados con la capacidad de las entidades para movilizar y gestionar recursos de manera eficiente, especialmente dada la diversidad de capacidades entre ellas. Por ello, es necesario complementar esta reforma con medidas de apoyo, como el desarrollo de recursos humanos y el fortalecimiento de las capacidades de gestión, para garantizar el logro del impacto deseado.

Regionalización en diversos ámbitos

El desarrollo regional de Marruecos no solo tiene que ver con el tema económico o inversor. También se promueve la participación territorial ciudadana en cuanto al ámbito administrativo para responder a las necesidades reales de la población en cada zona del país norteafricano.

Se trata de abandonar un modelo centralizado en el que las directrices vienen de los altos estamentos administrativos para pasar a un modelo ascendente que se basa en la amplia participación de los ciudadanos locales para establecer prioridades y fomentar la búsqueda de soluciones prácticas para cada zona.

Este enfoque mejoraría la eficacia de los programas de desarrollo y garantizaría su adecuación a las características específicas de cada región.

La regionalización ya no es solo una opción administrativa para distribuir poderes, sino que se ha convertido en una palanca estratégica para reestructurar la economía nacional y acercar la toma de decisiones al ciudadano, con el fin de garantizar una mejor respuesta a las necesidades locales.

Combinando así una actividad económica y administrativa desarrollada en cada región que sirva para responder a las necesidades de cada territorio con agilidad y eficiencia sin tener que esperar a un lento procedimiento burocrático procedente de altas instancias que no están sobre el terreno en cada región de Marruecos.

Se busca instaurar una estructura multinivel con distribución de funciones y coordinación entre las entidades locales o territoriales, que ganarían más protagonismo y capacidad de acción, y las estatales o nacionales.

A nivel local, se crearán comités, con elementos de las prefecturas y regiones, para preparar y supervisar los programas, con la participación de funcionarios electos y representantes de intereses descentralizados.

A nivel nacional, un comité presidido por el primer ministro se encargará de la coordinación general y la aprobación de los programas, garantizando que siguen las directrices nacionales. Todo ello busca un equilibrio entre descentralización y las directrices estatales que guían a Marruecos.

La dotación económica destinada para estos programas de desarrollo regional asciende a algo más de 20.000 millones de euros para los próximos ocho años, una cantidad nada desdeñable que es importante para fomentar el desarrollo regional nacional.

Esta inversión pretende fomentar el desarrollo regional con un impacto tangible en la vida de los ciudadanos mediante el acceso a servicios básicos, la creación de empleo y el aumento del atractivo de las diferentes regiones de cara a buscar inversiones y fomentar el desarrollo y la prosperidad territorial en cada zona. 

El objetivo claro es instaurar una regionalización avanzada, sólida y productiva, capaz de hacer frente a los retos del desarrollo y de remediar los distintos aspectos del desarrollo desigual y las disparidades territoriales. Asimismo, se busca un marco jurídico e institucional capaz de garantizar la aplicación eficaz de programas de desarrollo territorial integrado, a través de mecanismos de implementación, competencias de las regiones y disposición de recursos financieros.