Leo (no importa dónde) que el resultado de las próximas elecciones puede provocar un alud de ceses si se produce un cambio en el signo político del Gobierno resultante. Hay que tener en cuenta la cantidad ingente de cargos o empleos de provisión digital que ha promovido, ante todo, el PSOE, que, según información contrastada, ha llegado a nombrar 1006 empleados eventuales, que vulgarmente se designan como «asesores», sin que se sepa a ciencia cierta sobre qué asesoran.

En esa cifra no se computan los «altos cargos» de libre designación en cada ministerio (secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales, directores generales, jefes de gabinete, etc.). Su número es importante, especialmente porque Sánchez, por primera vez en nuestra historia, ha llegado a tener 22 ministerios, aunque, como se ha dicho agudamente, unos sean de verdad y otros «de juguete». Un dato: el Gobierno que le precedió tenía solo 13 ministerios. Por supuesto que la multiplicación de departamentos provoca la inmediata dotación de personal, pero la cuestión no es esa, sino la de la necesidad de ese personal y de bastantes ministerios cuyos enigmáticos o vacíos nombres no permiten saber cuáles son sus competencias concretas y si merecen el rango ministerial o si se trata de ración del pastel del Estado como premio al apoyo incondicional.

En determinado modo de entender la acción política en lo que se refiere a los recursos humanos, es patente que para un politicastro sin escrúpulos el sistema ideal es aquel que prescinde de oposiciones o cualquier clase de prueba objetiva y pública. No defenderé sin reservas esas pruebas, pues en España no son siempre garantía de objetividad, y basta referirse a los escándalos de corrupción en pruebas para selecciones de bomberos, sanitarios o técnicos de cualquier nivel, realizadas en Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, que además se aprovechan de la quelónida lentitud de los sistemas de impugnaciones y recursos que los damnificados quieran emprender.

El gobernante del siglo XXI, con la congénita falta de educación para lo público que aqueja a buena parte de nuestra clase política – con las excepciones que se quiera – desea contar con personas de «su confianza», lo que no significa que sean idóneos para el cargo o para ningún cargo, pues la valoración del mérito no entra en la partida, y tanto da si se trata de cubrir un puesto de nivel medio o de nombrar a un ministro: por lo común lo importante no es el Estado sino la utilidad personal. La coincidencia entre la condición de militante o simpatizante de un Partido y la ocupación de un empleo de libre designación, «de confianza», que, además, puede no ser ni siquiera necesario, no es una casualidad sino todo lo contrario.

Con ese panorama no puede extrañar el vértigo que atenaza a muchos actuales cargos que encaran un futuro sombrío: diputados que pueden perder su escaño – cosa normal en un sistema democrático – cientos de «asesores» de todos los pelajes ideológicos en trance de tener que encontrar trabajo, lo cual será más o menos fácil dependiendo de la cualificación personal (ahí es nada), y sin olvidar que pequeños Partidos que, gracias a los premios inherentes a la participación en la investidura de Sánchez, se hicieron con algún ministerio que ha sido, a la vez, cuota de poder y un buen puñado de nóminas que han permitido la supervivencia misma del artefacto político que representaban, y que puede verse materialmente borrado de la vida pública.

Quien esto lea pensará, con razón, que lo normal es que unas elecciones dejen ganadores y perdedores. Así sucede en cualquier Estado, pero en el caso español no solo se pierden o ganan escaños en las Cámaras parlamentarias, lo cual, a la postre, afectará a un grupo numeroso pero es coherente con las reglas del juego electoral, sino que también produce otros efectos que no son tan normales, como puede ser la masiva pérdida de puestos de trabajo con sus consiguientes nóminas que, en mayor o menor medida, son la fuente nutricia imprescindible para la supervivencia del Partido, movimiento, o lo que sea.

Eso es verdad, pero también hay que reparar en el costo que conlleva la elefantiasis de la Administración plasmada en la inflación de ministerios y funcionarios, todo como consecuencia de las necesidades políticas personales del guía supremo, que seguramente no está muy preocupado por la suerte que aguarde a sus supuestos incondicionales. Bastante tiene con pensar en su propio futuro.