Desde hace 14 años, a pesar de la sangría del empleo en este periodo y de los ajustes con dos recesiones económicas por medio, no se registraba en España una convocatoria de huelga general de 24 horas por los sindicatos de clase. La última se realizó en 2012 contra la reforma laboral que puso en marcha Mariano Rajoy. En todas ellas, las reivindicaciones han sido estrictamente laborales o contra la reforma de las pensiones. Pero, ahora, a 18 días de las elecciones generales,  UGT y CCOO han llamado a un nuevo paro general para el 11-N con reivindicaciones como la mejora de los salarios y el acceso a la vivienda; dos políticas que corresponden al Gobierno y sobre las que no ha actuado como debía desde que ocupa La Moncloa.

Es más, ni siquiera los sindicatos (correa de transmisión del PSOE y de otros grupos alineados a su izquierda) se han preocupado en estos años de ‘reinado’ de Pedro Sánchez de la vivienda ni de la pérdida de poder adquisitivo que supone que el Gobierno no haya actualizado la tarifa del IRPF y las deducciones con la inflación, ‘hurtando’ a  los bolsillos de los trabajadores cerca de 20.000 millones de euros que ha ingresado Hacienda de más en este periodo. Curiosamente, en sus desactualizadas y ‘particulares’ cuentas (las de UGT corresponden a 2021 y las de CCOO a 2024), entre ambas organizaciones suman patrimonios inmobiliarios (terrenos y construcciones) por encima de los 20 millones, sin incluir los edificios y locales que “no están dedicados al uso sindical” (UGT), ni aparecen las cesiones gratuitas de bienes del patrimonio sindical acumulado “por no ser posible la obtención de un valor razonable” (CCOO). Por si fuera poco, el convento de las Recogidas de Santa María Magdalena que adquirió UGT para fijar su antigua sede en el centro madrileño está arrendado desde 2017 para su transformación en un hotel de lujo de cinco estrellas que abrirá sus puertas dentro de unos meses.

Todas las huelgas generales se han convocado contra las reformas y las decisiones del Gobierno. Pero, ahora, lo nunca visto, la del 11-N se ha convertido en un paro político que huele a ‘encargo’ ante el 29-N ya que según María Jesús Montero, ex vicepresidenta del Ejecutivo y coordinadora de la campaña electoral socialista, la huelga es “contra la oposición”. En todo caso, también parece un ‘entrenamiento’ sindical para futuras movilizaciones si se produce un cambio de Gobierno y Sánchez sale ‘botado’ (con b) de La Moncloa. Es UGT quien lleva la voz cantante (su secretario general es militante activo del PSC), aunque sólo CCOO, como lo ha demostrado en muchas ocasiones, es quien tiene siempre engrasada su infraestructura para intentar parar el país el próximo miércoles.

Algunos veteranos sindicalistas reconocen que CCOO se está dejando llevar por UGT. Lo que parece evidente es que estas organizaciones pretenden convertirse en el principal apoyo para que Sánchez no pierda las elecciones generales, porque si gana el PP y necesita el apoyo de Vox, el próximo Gobierno replicará el recorte de las subvenciones públicas que ya se está aplicando en Castilla y León (el tijeretazo previsto en 2027 va del 33% al 50%). El temor de los sindicatos de clase es un duro ajuste de estas ayudas, que superan los 150 millones anuales en el ámbito nacional. Es lo que se juegan el 11-M si no consiguen calentar el ‘patio’ político y Sánchez pierde la presidencia el 29-N.

Los sindicatos (también las organizaciones empresariales) llevan ya 44 años recibiendo dinero público por su representatividad y otro  inmenso grueso por su participación en instituciones y órganos consultivos de todo tipo, fundaciones, centros e institutos para cursos de formación, asistencia en programas sobre la igualdad, la mujer, la juventud o lo que convenga. Todas sus organizaciones territoriales, así como el ‘puzle’ existente de federaciones, confederaciones, sectores y asociaciones, reciben también ayudas públicas.

Calvo Sotelo aprobó las primeras subvenciones sindicales

El origen de las subvenciones procede de 1982, cuando Calvo Sotelo (UCD) necesitó el apoyo de todas las fuerzas políticas y sindicales tras el 23-F. La primera ayuda que apareció en los Presupuestos Generales del  Estado de 1983 fue de 890 millones de pesetas (unos 5,4 millones de euros) para “la realización de actividades socioculturales, promoción de los trabajadores, organización de actividades de carácter formativo y otras, dentro de los fines propios de las centrales sindicales”. La cifra fue actualizándose año tras año, con un incremento medio anual del 2%, hasta que llegó José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa en 2006 y la subió de golpe un 35%, hasta superar los 21 millones en 2008 (el primer año de la gran crisis económica), por la representatividad sindical y su participación en órganos consultivos.

Mariano Rajoy metió la tijera y dejó estas asignaciones en 11,6 millones en 2012, año de la segunda recesión. Sánchez intentó una nueva subida en los Presupuestos de 2019 hasta los 12,3 millones. Pero el Congreso le tumbó el proyecto de ley y tuvo que convocar nuevas elecciones, y la cifra se quedó inicialmente en esos 11,6 millones anteriores. Pero el Gobierno inició un nuevo proceso de subidas casi a hurtadillas mediante modificaciones de créditos, hasta que en 2022 apareció una nueva cifra de 17 millones de subvenciones directas que configuró la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno (Yolanda Díaz).

¿Cuánto dinero público reciben estas organizaciones sindicales? Aunque no hay una información fiable de todas subvenciones públicas realizadas en España (sólo aparecen  las superiores a 100.000 euros y con grandes ausencias, porque sólo constan las que deciden comunicar las Administraciones), en el último Listado de los 30.000 Grandes Beneficiarios computados por Hacienda (datos de mediados de 2025), UGT y CCOO se apuntan más de esos 150 millones. Por ejemplo, como UGT España (se supone que es la ejecutiva) percibe directamente 10,8 millones (7,9 millones la confederación de CCOO); UGT de Cataluña percibe 3,7 millones y CCOO llega a los 3,8 millones; en Castilla León las ayudas conjuntas superan los seis millones; y la federación de servicios de UGT dispone de 3,1 millones.

Por su parte,  las territoriales de Madrid obtienen 5,1 millones mientras que las de Castilla La Mancha llegan a cinco millones y las de la Comunidad Valenciana se acercan a los 4,5 millones. El goteo es incesante en el resto de regiones y también aparecen algunas Fundaciones como la Laboral de la Construcción con una dotación de 12 millones; la de Formación y Empleo de la Comunidad Valenciana que se acerca a los dos millones; la de Mediación y Arbitraje (1,2 millones) así como el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (8,3 millones) y el de la Formación y la Ocupación en Cataluña (4,4 millones). Pero, falta por computar la ingente madeja de ayudas que reciben a través de los ministerios, consejerías, concejalías o diputaciones.

La huelga general más polémica

La huelga general del 11-N es la que más polémica está levantando porque, además de la ausencia de reivindicaciones laborales, es la primera que se celebra en plena campaña electoral. Hay muchas dudas de su seguimiento, sobre todo, después del accidente en la alta velocidad. Además, las organizaciones de clase han perdido en los últimos años un número importante de afiliaciones, ahora pretenden conseguir afiliados extranjeros en el caladero de la regularización, porque los sindicatos corporativos, profesionales y en las Administraciones Públicas les están ganado el terreno.

Según los datos de Hacienda, sólo hay 2,1 millones de trabajadores (8% del conjunto nacional) afiliados a un sindicato que se aplican la consiguiente deducción. Es decir, no resulta creíble que UGT señale en su web que dispone de de 983.521 afiliados y CCOO de 1.088.772. Según sus cuentas, entre ambas organizaciones suman poco más de 24 millones por ingresos procedente de la afiliación (no aclaran si se trata de cobro efectivo). Por tanto, dependen básicamente de las subvenciones públicas. En todo caso, en el informe de auditoría que presentan, el propio auditor se encarga de desmontar la información señalando  que es la que “mejor ha considerado la entidad para mostrar su imagen fiel” y que “dicho informe no debe entenderse como una auditoría en los términos previstos por la normativa reguladora vigente en España”.