El Debate accede a un documento firmado por el Teniente General Agüero Martínez, Comandante del Mando de Operaciones del Ministerio de Robles, en el que se reconoce la gravedad de la invasión con la entrada en aguas españolas de buques marroquíes los días 30 y 31 de julio y que el Gobierno ocultó a la opinión pública mientras llamaba a Marruecos «socio fiable»
Y es que, mientras él escondió una maniobra bélica de la Armada marroquí en las mismas fechas que el asalto masivo a Ceuta y se dedicó a agradecer la inexistente colaboración de Mohamed VI, los mandos militares y el propio Ministerio de Defensa sí consideraron esa maniobra de Rabat como un acto bélico, tal y como refleja la documentación obtenida en exclusiva por El Debate.
La historia es la siguiente. Varios migrantes ya han confirmado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón –que acaba de imputar al exdelegado del Gobierno de Ceuta por la entrada masiva de marroquíes los días 30 y 31 de julio– que agentes marroquíes participaron en la avalancha de personas procedentes de Marruecos que se produjo en Ceuta a finales del pasado mes de julio, al igual que hicieron los mandos de Policía y Guardia Civil.
Una «violación masiva de la soberanía», en palabras de la jueza, con tintes de «guerra híbrida», que se suma a las informaciones sobre la incursión de buques de guerra marroquíes que entraron en aguas de Ceuta durante la invasión, confirmadas por los propios agentes, que el Gobierno trato de mantener en secreto para evitar un escándalo mayor.
Según los nuevos documentos a los que ha accedido en exclusiva El Debate, firmados por un alto cargo del Ministerio de Margarita Robles, que siempre ha defendido públicamente el papel del CNI al respecto de la invasión calificada inicialmente por Pedro Sánchez de agresión a la integridad territorial para luego redefinirla como una crisis migratoria, desde Defensa se habla de «despliegue de unidades y orden de batalla», reconociendo la gravedad de un episodio que Sánchez escondió a la opinión pública, hasta que posiblemente y por el avanzado estado de la instrucción seguida por la Jueza Tardón, se filtrara el grave incidente mientras desde el gobierno se insistía una y otra vez en que Marruecos era un «socio fiable».
Según el documento del pasado 21 de octubre y firmado por el Teniente General José Antonio Agüero Martínez al que este periódico ha accedido en exclusiva, la situación escaló de tal manera a pesar de que Sánchez lo mantuvo en secreto durante semanas, que las instrucciones recibidas y las órdenes seguidas por Defensa tras la declaración de situación de interés para la seguridad nacional, decretada por Sánchez el 25 de agosto, es materia de Secretos Oficiales conforme a la Ley 9/1968 de 5 de abril.
La ministra Robles, no obstante el especial grado de protección de tan sensible materia, sí se pronuncia de modo que no ofrece dudas acerca de la peligrosidad del conflicto vivido a cuenta de la entrada en aguas españolas de las patrulleras marroquíes, al señalar que la operación militar queda bajo el epígrafe de «Despliegue de unidades y orden de batalla», situación que no ha desescalado hasta al menos el pasado 21 de octubre, fecha recogida en el documento que publica hoy en exclusiva El Debate, además de que la situación de interés nacional se mantiene actualmente en vigor, a pesar de los esfuerzos Sánchez en aparentar una relación de buena vecindad con el país alauita y de que Ceuta se encuentre lejos de recuperar una vuelta a la normalidad arrasada tras la invasión sufrida.


Mientras tanto, Sánchez, Albares y hasta siete ministros elogiaron a Marruecos como socio fiable, leal y solidario
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha tratado de desvincular una y otra vez a Rabat, incluso escondiendo información, al igual que ya hicieron Sánchez y Marlaska. De hecho, pese a que los informes policiales de la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional han sido claros sobre la posible participación del país vecino, al considerar que se trató de un «proceso planificado y ejecutado» por varios actores, que requiere una «alta capacidad de influencia en redes sociales, en personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos y en personas o instituciones con la capacidad necesaria», Albares pretende salvar a Marruecos, asegurando que la interlocución «con las contrapartes marroquíes ha sido continua», sin aportar ningún documento que lo avale.

El ministro José Manuel Albares, en una comparecencia en el CongresoEFE
Así, lo confirma en un documento al que ha accedido El Debate en el que la directora general para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo, Carmen Magariños, asegura que «no consta documentación escrita» en el ministerio sobre las alertas recibidas previamente ante la posibilidad de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, ni si se avisó a Sánchez de lo que podía pasar.
De la misma forma, el escrito, fechado este 15 de septiembre, asegura que Albares no está en condiciones de acreditar las presuntas conversaciones que según él mantuvo con Marruecos, ante la pasividad e incluso connivencia de las fuerzas de seguridad marroquíes; si realmente las mismas existieron, Albares no puede acreditar siquiera el contenido o el tono utilizado por el ministro ante esta violación de la soberanía. Simplemente reproduce las palabras de Albares, que ya señaló en una de sus comparecencias que había «llamado inmediatamente a su homólogo marroquí para pedir que los que entrasen irregularmente vuelvan, reforzar la frontera para cortar el flujo y prevenir que esta situación pudiera ocurrir el 15 de agosto o en el futuro». Una petición que a la vista de los resultados quedó en saco roto.

Resolución del Ministerio de Exteriores del 15 de septiembre
De hecho, Albares tardó más de un mes en reunirse con su homólogo marroquí y lo hizo durante la celebración de la Asamblea General de la ONU, sin olvidar que convocó formalmente a la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, a sabiendas de que se encontraba de vacaciones fuera del país. Una postura que demuestra que el Gobierno no estaba por la labor de contrariar a Mohamed VI pese a que ya sabía que había desplegado buques de guerra en aguas ceutíes.
El Debate ha preguntado a Sánchez por la información que manejaba sobre las maniobras de estos buques de guerra de Marruecos, así como las diferentes actuaciones realizadas por el Gobierno español ante el ejecutivo marroquí por la violación de las aguas territoriales españolas, además de los motivos para ocultar el incidente a la opinión pública, sin que a fecha de esta edición se haya obtenido respuesta alguna.

Desalojo del campamento de inmigrantes del Puerto de CeutaEFE
Sánchez ocultó la gravedad del incidente con los buques marroquíes mientras Robles desplegaba efectivos en orden de batalla
Una vez filtrado el incidente con la armada marroquí, Sánchez declaró que «somos vecinos geográficos» y que «fueron días muy intensos». Junto al presidente y Albares, el ministro de Interior Grande Marlaska, ha apelado a la Seguridad Nacional para seguir ocultando información sobre lo ocurrido, tal y como desveló El Debate. En concreto, mantiene en secreto qué informes puso a disposición de Sánchez el Departamento de Seguridad Nacional de Moncloa que le desaconsejaran declarar la situación de interés para la Seguridad tan pronto se produjo esa violación de la integridad territorial, denunciada por él mismo, en lugar de esperar a regresar de La Mareta para declararla y tomar las riendas de la situación.
Tampoco ha aclarado qué alertas tempranas manejó y desde cuándo llegaron a Presidencia del Gobierno, advirtiendo de la invasión masiva; qué comunicaciones mantuvo con Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para desplegar el Frontex o si Marruecos había advertido al gobierno español de la avalancha que se avecinaba.
Así, Marlaska ha invocado la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública, las dos gravemente afectadas precisamente por la invasión, para no rendir cuentas al respecto y mantener secreta tal información, ya que la Secretaría de Estado de Seguridad, en sendos escritos en poder de este periódico, se limita a señalar que tanto Sánchez como Marlaska ya dieron la información suficiente en sus comparecencias en el Congreso y que los únicos informes a los que puede acceder la ciudadanía son los ya desclasificados por Moncloa, ya que el resto deben ser secretos.
La desidia y mala gestión del Gobierno tras la invasión de la ciudad autónoma han sido la tónica general, pero también la mentira, desvelada por El Debate, en el intento desesperado de Ángel Víctor Torres de que no trascienda un dato que, puesto en contexto, confirma su escasa intención para acabar con la invasión orquestada por Marruecos, «socio fiable» según Marlaska.
En concreto, ha tratado de ocultar cuál es la cantidad real de funcionarios que se han destinado para tramitar las expulsiones, ya que el jefe de gabinete del ministro, Roberto Manuel García, mano derecha ministro, sostuvo que este ya ha dado cumplida cuenta del despliegue de medios en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, intentando así desmentir al alto cargo de su ministerio que sí ha confirmado a este periódico los irrisorios refuerzos solicitados, 10 funcionarios, sin precisar el estado real de ese concurso.o
De la misma forma, Torres también ha mantenido el más absoluto secreto sobre las instrucciones que dio al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa reglando las actuaciones de la Policía y del Ejército o las que él mismo recibió del presidente del Gobierno «para el ejercicio del cargo de Autoridad Funcional en orden a la solución del conflicto». La respuesta que llega del ministro es de lo más inconcebible, pues argumenta que deben ser esos departamentos los que den respuesta, algo que tampoco han hecho, pese a que es más que evidente que es el propio ministro quien como máximo responsable de la gestión de la crisis debe explicar qué órdenes ha dado y cuáles ha recibido de Pedro Sánchez. Para tratar de arreglar el desaguisado, el director de Gabinete de Ángel Víctor Torres señala que es una información interna que no debe de trascender públicamente. Un silencio generalizado con el que el Gobierno trata de pasar página de una de las crisis territoriales y de seguridad más importantes que se recuerdan en los últimos años.
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