La reciente invasión de Ceuta ha planteado muchas cuestiones sobre la gestión de las fronteras. España ha sufrido una crisis de seguridad fronteriza que puede afectar a su integridad territorial. El territorio de un Estado forma parte de la identidad nacional de un pueblo y Estado. El territorio de soberanía merece el respeto de otros Estados y de sus nacionales. Defender la seguridad del Estado haciendo respetar sus fronteras y su cruce en forma legal es responsabilidad genuina de un gobierno nacional —democrático o no— con todos los medios. Esto es así, siempre y en todo lugar.

En los pasos fronterizos y fronteras de España se aplica la normativa común a los 27 en la UE (más Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza). No podemos dejar entrar ni permanecer a nacionales ajenos a la UE si no reúnen las condiciones establecidas en el Reglamento 2016/399 (Código de Fronteras Schengen, con reformas posteriores en texto consolidado); y si les dejamos entrar —como en la discutible por desleal regularización de 2026 con la UE— es porque llevamos años sin aplicar las normas obligatorias de denegación de entrada para los irregulares —en más de millón y medio de infracciones— y sin aplicar la consiguiente expulsión prevista en la Directiva de retorno de 2008. Hace tiempo puse de relieve el europeísmo de pacotilla de los dos grandes partidos que han hecho de España el mayor infractor persistente del derecho de la UE.

Ese Código de Fronteras prevé, de entrada, que en la UE (en España) solo se puede entrar por los pasos fronterizos autorizados; todo lo demás es ilegal y exige que todo paso ilícito tenga una sanción eficaz, proporcionada y disuasoria. España jamás aplica esa norma: es gratis violar las fronteras de España y el gobierno es refractario a aplicar las normas de la UE. Rebeldía y laxitud.

Prevé el Código, además, que en caso de afluencia masiva y violenta «los Estados miembros podrán adoptar las medidas necesarias para preservar la seguridad, la ley y el orden»: nos recuerda que la integridad territorial la defiende cada Estado por sí mismo con todo el arsenal de medios de un Estado soberano como derecho inherente. En España son habituales las entradas masivas de 50, 100, 200, de 7.000 o de 80.000 personas. En esta última, para defender el territorio, no se utilizó la Ley de Seguridad Nacional ni el constitucional estado de alarma o el de excepción (lo que sí se hizo por una simple huelga de los controladores aéreos), ni se adoptaron acciones expeditivas de embolsamiento de los invasores y expulsión masiva total.

Y la normativa de fronteras de la UE deja claro que quien no tiene derecho a entrar y ha entrado debe ser devuelto. ¿Qué es lo que no entiende el gobierno del término expulsión o retorno? Y hay opciones políticas: si hay acuerdos de financiación propios o de la UE con ese Estado y no acepta la devolución, se suspende la ayuda o se notifica a la UE para que disuada con la suspensión de la financiación europea.

Se sobreentiende que a los que lleguen a nado no se les obliga a retornar a nado. Lo expresó mal la Ley de Extranjería; no obstante, deben ser devueltos de inmediato por el paso terrestre, aunque no entraran por él. No sé si el TS niega la existencia del espacio aéreo y marítimo con su frontera cartografiada, pues dice que sin señalización de contención nada se viola, frente a la buena técnica normativa de la UE y la doctrina del TEDH. En fin, habrá que poner boyas o globitos por el aire —como en las verbenas— para marcar la ilicitud de la violación de la frontera aérea por si vinieran en globo, parapente, tirolina u otros artilugios o en brazos de un ministro-delincuente —como la vasalla de Trump, Delcy Rodríguez—.

Hace siglos se considera que echarse «al monte» para pasar de un país a otro es una violación de la normativa de fronteras. Las fronteras (terrestre, marítima, lacustre y aérea) son líneas imaginarias que unen puntos que separan soberanías y no tienen que cuajarse de balizas o boyas o señales para que se califique de acto violento reprimible y sancionable. Por eso, el Código de la UE habla tanto de fronteras como de pasos fronterizos; solo es legal cruzar la frontera en los pasos establecidos y en su horario. El resto es ilegal y no le puede salir gratis al infractor aislado (aunque puede recurrir la denegación de entrada y la sanción) ni en compañía de otros (las masivas, sin derecho a recurso, y a resolver expeditivamente).

Si la afluencia es colectiva y violenta al margen de las normas de cruce de fronteras, la devolución será tan masiva como su entrada. Así lo exige la Directiva de retorno de 2008/115, a punto de ser sustituida por un Reglamento del Consejo y de PE —hay acuerdo formal aprobado en junio de 2026— que endurece los retornos obligatorios al país por el que entraron, al de origen o a un tercer país —en centros de retorno y condiciones concertadas—, prevé los internamientos de los expulsados recalcitrantes o remisos —incluidos excepcionalmente los menores—.

También preocupa la desidia del gobierno actual en la obligación de vigilancia de las fronteras españolas. El Código de Fronteras deja claro que la vigilancia minuciosa es un deber propio de cada Estado, conocer los movimientos que puedan afectar a cruces no autorizados con todos los medios personales y materiales y la utilización de todos los recursos necesarios para vigilar y prevenir entradas ilegales. Cuando se produjo la invasión el 29-30 de julio y siguientes días, solo había una decena de policías de servicio. Por los mismos motivos, desidia e ineptitud de los políticos, perdimos la indefensa Gibraltar en el verano de 1704. Para siempre.

Otro aspecto controvertido son los menores no acompañados: el Código de fronteras exige en su Anexo VII (punto 6.1) que tendrán los mismos controles y, si no los respetan, serán expulsados. La Directiva de 2008 y el proyecto de Reglamento de 2026 que la sustituirá no permiten la política española de retención de menores extranjeros. La normativa europea, con primacía sobre la ley española, no permite la retención (secuestro) que recoge la normativa española. La normativa europea no permite quedarse con los menores no acompañados ni con los que entran con sus familias de forma irregular; exige la expulsión, si bien «antes de expulsar del territorio de un Estado miembro a un menor no acompañado, las autoridades de ese Estado miembro se cerciorarán de que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o a unos servicios de acogida adecuados en el país de retorno». Mientras no se demuestre que su familia les maltrata, el interés superior del niño es conservar su vida familiar. ¿Por qué España no los entrega a su patria y familia? Los menores serán en España carne de cañón de las mafias de los prostíbulos, narcotraficantes y bandas violentas de delincuentes. ¿Es lo que pretende el gobierno, engordar el negocio de los tráficos ilícitos?

Todos los inmigrantes que siguen en Ceuta deben ser retornados en masa. La Comisión Europea, en boca de su portavoz Markus Lammert, sigue «insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados». E insistió en que incluye expresamente a los menores en la palabra «todos» pues «esto está regulado por el Derecho de la Unión Europea» que expresamente prevé la expulsión «incluidos los menores no acompañados«. El retorno es simplemente el abandono inmediato y rápido del territorio nacional o en el plazo fijado por el Estado miembro.

Queda el tema de la responsabilidad del Estado marroquí. La atribución de responsabilidad al Estado no se limita a actos directos y formales de su jefe de Estado o de su gobierno. Es de manual de derecho internacional que los actos de todos los órganos o funcionarios de un Estado —al margen de su responsabilidad personal civil o penal— se atribuyen al conjunto estatal y originan la responsabilidad internacional del Estado y la obligación de reparar. Hay pruebas contundentes de policías, militares, funcionarios civiles y militares de Marruecos que contribuyeron con su acción e inacción a la invasión de España. Alguien que sepa Derecho internacional en Presidencia, o en el Ministerio de Asuntos Exteriores, quizás en la Abogacía del Estado si recobran su independencia y conocimiento, debe decirle al Presidente que los hechos que sean violación de derecho internacional de un funcionario o persona al servicio del Estado automáticamente hacen incurrir en ilícito internacional al Estado con el que están vinculados. Marruecos fue el responsable por acción e inacción en Ceuta. De libro.

Como una frontera es asunto de dos, la sensación general, española e internacional, es que el gobierno español ha hecho dejación de funciones propias de un Estado soberano al negarse a prevenir (tenían la información), impedir (tenían los medios policiales y militares) y reparar el ataque (con excusas burocráticas para no expulsar a los casi 15.000 infractores que todavía ocupan Ceuta). Su laxitud ha indignado a España y al mundo. Solo nos queda el consuelo de la dignidad y actuación del presidente de la ciudad autónoma de Ceuta y de la Corona.