El Derecho Internacional reconoce a todo Estado el derecho a ejercer su legítima defensa. Este derecho, reflejado también en nuestra Constitución, tiene un innegable componente económico. La Defensa, como función pública del Estado, está altamente condicionada por sus exigencias económicas. En la actual situación geoestratégica cobra especial relevancia el estudio de las consecuencias económicas del gasto e inversión en Defensa. Históricamente, la relación entre Economía y Defensa se limitaba a la gestión del presupuesto y, en su caso, a la Economía de Guerra. Sin embargo, la complejidad actual tanto de la guerra como de las relaciones económicas, ha dado lugar al concepto de «Economía de la Defensa», que abarca tanto tiempos de paz como de conflictos bélicos, incluyendo escenarios de guerra híbrida y ciberconflictos, lo que evidencia la necesidad de estrategias económicas específicas.

La Economía de Defensa implica, lógicamente, a las Fuerzas Armadas, pero también a la Administración Pública General, la sociedad civil, empresas y agentes económicos públicos y privados, generando así un entramado de relaciones políticas y económicas que modulan la Seguridad Nacional. El hecho económico es fundamental en la acción bélica. La capacidad de resistencia de un país está estrechamente vinculada a su solidez económica. Cuando nos empobrecemos, también debilitamos nuestra defensa. La logística, el abastecimiento de recursos estratégicos y la sostenibilidad de las operaciones dependen de una economía robusta que garantice el flujo continuo de suministros y material de defensa.

La relación entre Economía y Defensa ya fue reconocida en el siglo XVII por Jean Baptiste Colbert, ministro de Luis XIV, cuando escribió al intendente Rochefort: «El comercio es la fuente de las finanzas, el nervio de la guerra», resumiendo en una sola frase la doctrina económica mercantilista. Posteriormente, el economista español de origen irlandés Bernardo Ward señalaba que «el comercio sostiene las operaciones políticas y la guerra». Sin embargo, fue Adam Smith ien elaboró la primera teoría completa en «La riqueza de las naciones», priorizando la defensa sobre la riqueza, ya que sin la primera, la segunda está en peligro. Abogaba por la disuasión para mantener la paz y el progreso económico. Smith consideraba que «el deber del soberano de defender a los ciudadanos» era un auténtico «bien público», que debía financiarse por contribuciones públicas; defendía la profesionalización de los ejércitos y la producción interna de bienes necesarios para la defensa, sentando las bases del pensamiento económico moderno en este ámbito.

El análisis de Smith no fue actualizado hasta el siglo XX, cuando las Guerras Mundiales y la Guerra Fría transformaron la Economía de la Defensa. La duración de los conflictos, el número de países involucrados, el enorme coste humano y la magnitud de los recursos movilizados evidenciaron la importancia de los aspectos económicos de la Defensa.

Surgieron grandes problemas de abastecimiento y producción militar, lo que llevó al desarrollo de políticas de economía para la guerra. Las dos Guerras Mundiales también introdujeron la guerra económica directa, comprendiendo bloqueos comerciales, sanciones y embargos, cuyo impacto se observa hoy día sin dificultad.

Hasta 1960, la Economía de la Defensa fue una materia poco explorada por economistas civiles y militares, no solo en España, sino en todos los países. Los primeros consideraban que era un campo ajeno, y los segundos se limitaban a la gestión del presupuesto sin analizar las repercusiones macroeconómicas. A partir de entonces, se desarrollaron modelos en los que se aplicaban los conceptos de eficiencia asignativa al sector de la Defensa; se proponían paradigmas para explicar la carrera armamentística y se utilizaba la teoría de juegos para el estudio de los conflictos y la Defensa. Destacan las obras de Hitch y McKean (1960) «Economía de la Defensa en la era nuclear» y la de Benoit y Boulding (1963) «El Desarme y la Economía». En España, emergen trabajos como «Economía de la Defensa y Defensa Económica» del profesor Viñas (1984), así como estudios del CESEDEN y del Ministerio de Defensa. Otros aportes relevantes incluyen «Lecciones de Economía e Industria de la Defensa» de Fonfría y Pérez Forniés. El profesor Velarde exploró las conexiones entre pensamiento militar y económico en España, destacando al general Marvá y Mayer, creador de la Inspección de Trabajo y del Instituto Nacional de Previsión, lo que acredita la interrelación entre Defensa y políticas sociales, como la actuación militar en casos de catástrofes.

La Economía de la Defensa abarca desde alianzas estratégicas y acuerdos internacionales de cooperación en seguridad hasta la contratación de adquisiciones militares de alta tecnología. Se fundamenta en la Economía Aplicada y en cuestiones económicas de Defensa y Seguridad, considerando factores como la sostenibilidad fiscal, la innovación en Defensa y el mantenimiento de infraestructuras críticas. En definitiva, nos encontramos ante una ciencia joven, pero que tiene mucho que decir sobre las consecuencias económicas reales del gasto e inversión en Defensa, ya que, lamentablemente, no se prevé la desaparición del hecho bélico en un horizonte cercano.