Se puede decir que el Peñón de Gibraltar lleva desde 1713 anclado en una anomalía geográfica y toda una década atrapado en un limbo burocrático del que apenas se empieza a ver el final. La primera fecha corresponde al año en el que España cedió a Reino Unido lo que ellos llaman «la Roca» en virtud del Tratado de Utrecht firmado entre ambas potencias. Y la segunda efeméride marca el año en que, de forma abrumadora, los gibraltareños votaron por permanecer en la Unión Europea mientras sus compatriotas no continentales decidían lo contrario, por la mínima expresión, en el referéndum del Brexit.

Desde entonces se fue postergando la resolución del galimatías. Había otras prioridades en la lista, sobre todo el otro gran escollo fronterizo en Irlanda del Norte, que se logró salvar en marzo de 2022. Además, la empresa se antojaba harto complicada. Lo que estaba en juego no era solo un símbolo, sino la vida cotidiana de una región entera: miles de trabajadores (hasta 15.000) que cruzan cada día la Verja, una economía gibraltareña conectada de manera indefectible con el Campo de Gibraltar y viceversa y una España determinada a evitar que el Brexit se tradujera en una «frontera dura» en el extremo sur.

Tras cuatro años de avances y retrocesos, la madeja comenzó a desenredarse definitivamente el pasado mes de junio, cuando se anunció a bombo y platillo que se había alcanzado un acuerdo político entre la Comisión Europea, España, Reino Unido y el Gobierno de Gibraltar. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no perdió la ocasión de proclamar a los cuatro vientos el carácter «histórico» del acuerdo después de meses de sequía diplomática, sobre todo tras el pinchazo de la aprobación de las lenguas «cooficiales» españolas en las instituciones de la UE.

Ese anunciado pacto fijó el marco: mantener la fluidez en el paso fronterizo, ordenar la circulación de personas y mercancías de una forma compatible con la zona Schengen y con el mercado único, y levantar un perímetro de garantías para evitar competencia desleal en fiscalidad, ayudas públicas, estándares laborales y medioambientales. El pacto, eso sí, no aborda el siempre espinoso asunto de la soberanía de Gibraltar, y tanto España como el Reino Unido han asegurado que se respetan y se protegen sendas posiciones.

Después de que se decidieran las líneas maestras aún había que escribir el texto. Poner negro sobre blanco el acuerdo ha llevado más de medio año y hace solo una semana se anunció que está cerrado a nivel técnico. Se trata de un salto sustancial, algo así como la antesala del final. El texto completo está listo para su revisión jurídica de las partes antes de someterse al circuito institucional y a la ratificación en ambos lados: el Parlamento europeo y la Cámara de los Lores británica. Será entonces cuando, por fin, podamos conocer una letra pequeña que se ha mantenido oculta a ojos de todos durante tanto tiempo.

Aunque Albares había anticipado varias veces que la desaparición física de la Verja se produciría el próximo mes de enero, huelga decir que aquello fue más un deseo del ministro que una realidad. El tratado no entrará en vigor, es decir, que no se implementarán las medidas que contempla hasta el día siguiente de su firma (previa ratificación parlamentaria). Se espera que todo esto suceda en el primer trimestre de 2026, ya que la fecha tope para la aplicación del nuevo Sistema de Entradas y Salidas de la UE (EES, en sus siglas en inglés) está fijada para el 10 de abril.

Este nuevo mecanismo obliga a los viajeros no comunitarios a registrar sus datos biométricos en frontera. Esto significa que aplicará también en los controles de entrada y salida de Gibraltar por mar y aire, una vez que la Verja sea demolida y el paso rodado entre La Línea de la Concepción y el Peñón quede libre y expedito.

La piedra angular del acuerdo es, precisamente, terminar con los controles en la Verja sin convertir Gibraltar en un agujero en Schengen. El modelo diseñado traslada el control a puerto y aeropuerto, con un sistema de escrutinio dual que permita preservar la movilidad diaria por tierra y, al mismo tiempo, garantizar que quien entra en el espacio Schengen lo hace bajo nuestras reglas.

La clave política, y la más sensible para Madrid, es que España asuma los controles Schengen en esas instalaciones, mientras Gibraltar mantiene sus controles para el tráfico hacia y desde el Reino Unido. Sobre el papel, resuelve el problema histórico de la frontera terrestre. En la práctica, exigirá coordinación quirúrgica, porque cualquier disfunción operativa se traduciría en colas, ruido político y munición para los críticos del acuerdo.