Con tres años de retraso, el Gobierno da el pistoletazo de salida a la implantación de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE) para los empleados públicos. El departamento que dirige Óscar López comenzará a negociar con los sindicatos el recorte de la semana laboral desde las 37,5 actuales, con el objetivo de que entre en vigor en marzo para unos 250.000 trabajadores en sus filas.

Antes de que se implante el recorte horario, Función Pública debe poner en marcha una hoja de ruta que pasa, primero, por la propuesta de nuevas instrucciones sobre jornada y horario del personal al servicio de la AGE y sus organismos públicos. Después, el ministerio convocará la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero, para informar de dicha modificación a los subsecretarios y subdirectores de personal de los distintos departamentos.

El siguiente paso será llevar la propuesta a la Mesa General de la Administración del Estado, donde se negociará con los sindicatos. La jornada de 35 horas semanales era un compromiso del penúltimo acuerdo marco para la Administración del Siglo XXI, que el Gobierno firmó con CC.OO. y UGT en 2022 con una vigencia hasta 2024. Es una iniciativa que quedó pendiente tras la firma del nuevo acuerdo el pasado mes de noviembre, que también suscribió CSIF, y en el que se volvió a comprometer su puesta en marcha.

«CSIF advierte de que esto es sólo el comienzo, ya que ahora toca seguir desarrollando otros aspectos importantes del acuerdo marco como la promoción interna, la jubilación parcial anticipada, la actualización de cuantías por razón de servicio o reforzar Muface y así lo trasladaremos en la reunión de la Mesa General» , apuntó la organización que dirige Miguel Borra.

UGT y CC.OO, recordaron ayer, por su parte, que el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI sigue teniendo cuestiones pendientes como el teletrabajo, la clasificación profesional y la recuperación de la jubilación parcial del personal laboral. Ambos sindicatos también informaron de la intención de Función Pública de recuperar la jubilación anticipada parcial del personal laboral y de encontrar el instrumento normativo adecuado.

Ambas organizaciones avisaron de que harán un llamamiento al Gobierno y a los grupos parlamentarios «para que actúen con responsabilidad y zanjen definitivamente un problema» que afecta a miles de empleados públicos a los que se está «negando un derecho, tanto en el terrero laboral, como en el funcionarial y estatutario».