La televisión pública alemana ARD informó esta semana sobre un caso tan extraordinario como inusual: al parecer, un hombre habría desarrollado en su tiempo libre una idea que, en manos inadecuadas, podría poner en peligro la seguridad nuclear de la OTAN.

El individuo, identificado como Baran D., presentó una solicitud de patente ante una oficina del Instituto Alemán de Patentes, ubicada en Renania del Norte-Westfalia, y recibió posteriormente una carta en la que se le informaba de que su invento había sido clasificado como secreto de Estado. El caso es inédito entre las aproximadamente 60.000 patentes registradas cada año.

No es algo nuevo que una patente sea clasificada como secreto de Estado, ya que algunos inventos, especialmente los relacionados con la seguridad y el armamento, podrían suponer un riesgo si cayeran en manos de adversarios. Sin embargo, este caso resulta muy llamativo porque el inventor no está vinculado a ningún centro de investigación, universidad ni empresa del sector armamentístico, como suele ocurrir con las patentes clasificadas relacionadas con el Ministerio de Defensa. Por el contrario, habría desarrollado su creación de manera independiente, utilizando su ordenador, su curiosidad y la lectura de trabajos científicos disponibles en internet. Un conocido le habría ayudado con algunos cálculos de física e ingeniería para desarrollar su idea.

Según una carta citada por la

ARD que el hombre recibió, sin certificar, el invento podría, de hacerse público en otro país, poner en tela de juicio la capacidad de disuasión nuclear de la OTAN. Por este motivo, se le exigía la máxima discreción y se le prohibía compartir la información con cualquier persona o entidad. El inventor no habría recibido ningun tipo de apoyo ni protección adicionales de las autoridades. Cualquier intervención podría delatar su identidad y ponerlo en peligro. En estos casos, al parecer, cuando un invento se considera de especial relevancia estratégica, las autoridades lo custodian y deciden su posible desarrollo, lo que equivale «de facto» a una expropiación intelectual. Si el Estado optara por desarrollar la idea, lo haría bajo el más estricto secreto y el autor podría recibir una compensación económica.

El caso se hizo público no porque el inventor desobedeciera a las autoridades y decidiera ponerse en contacto con periodistas, sino por un hecho inesperado durante el proceso de clasificación: la oficina de patentes le preguntó si había utilizado algún tipo de inteligencia artificial durante el tiempo en el que estuvo desarrollando el invento. Según la respuesta recibida, si la información había sido compartida con una IA, ya no podría clasificarse como secreta, ya que, al haber subido los datos a la nube,

Berlín exige al inventor máxima discreción y que no comparta información

no se podría garantizar la confidencialidad. El contenido del invento sigue siendo desconocido por razones obvias, ya que su creador desea explotarlo comercialmente, pero aseguró al canal que contempla patentar su producto en Estados Unidos o Canadá, desanimado por la burocracia alemana, que le tuvo durante varios meses en ascuas.

Las patentes secretas son gestionadas por la denominada Oficina 99, con sede en Múnich. Los proyectos que maneja son tan sensibles que no existe ninguna estadística ni registro público sobre ellos. En caso de clasificación como secreto de Estado, los inventores pueden recibir una indemnización. La oficina existe desde la década de 1950 y se desconoce cuántas personas trabajan en ella. Su nombre hace referencia al parágrafo 99 de la antigua ley de enjuiciamiento criminal, relativo a los secretos de Estado y a cuestiones que puedan poner en peligro la seguridad nacional. Si un inventor considera que su idea podría resultar peligrosa en manos ajenas, la oficina de patentes recomienda, según el diario «Die Welt», entregar la documentación en un doble sobre sellado, indicándolo ya en el primero.