El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha remitido las diligencias abiertas contra la conocida como «fontanera» del PSOE, Leire Díez, al juez que ya le investiga por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Se trata de la segunda causa penal que se adhiere a la abierta contra la exmilitante socialista en Madrid en el Juzgado de Instrucción número 8 y en el marco de la cual han pedido su personación el PP y Vox en condición de acusación popular.

En su auto, que avanza LA RAZÓN, la juez Pilar Martínez Gamo indica que se presume la existencia de una «infracción penal» con los hechos denunciados por la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC). El colectivo pidió a la Justicia que investigara las maniobras de Díez para conseguir trapos sucios del teniente coronel responsable de la UCO, Antonio Balas. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid fue el primero en actuar por esta denuncia que se dirigió también contra los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn, además del aboJacobo Teijelo.

Martínez Gamo explica en su auto que, al encontrarse ya otro juzgado de instrucción de Madrid investigando estos hechos, procede inhibirse en favor del mismo, al igual que hizo el Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid en el que recayó la denuncia de Iustitia Europa. Así pues, se espera que el juez Arturo Zamarriego unifique en su causa todas estas denuncias; máxime después de que la Fiscalía informara a favor de investigar a la exmilitante del PSOE, como desveló este medio.

Fuentes jurídicas confirman, además, que el Partido Popular y Vox han solicitado personarse en estas diligencias. Ambas formaciones habían denunciado ya las gestiones de Díez para recabar información negativa de Guardia Civil, jueces y fiscales implicados en los procedimientos penales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ese sentido, el PP denunció los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, mientras que Vox interpuso querella por los delitos mencionados y también obstrucción a la Justicia.

Cabe recordar que las informaciones publicadas en prensa acerca de las actuaciones de Díez propiciaron una batería de denuncias y querellas en los tribunales por hasta siete delitos. Sin embargo, el juzgado de Zamarriego cogió la delantera y acumuló la causa de Badajoz en su procedimiento. Además, la citó como imputada para el próximo 11 de noviembre junto con Pérez Dolset y Teijelo, aunque estos últimos como testigado gos. También convocó a Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil imputado en el «caso Koldo» a quien Díez requirió información negativa de la UCO y también de Víctor de Aldama a cambio de un trato de favor con la Fiscalía.

Se trata de una dinámica que se repitió en las reuniones que mantuvo con terceros –en su mayoría empresarios– a quienes les prometía intermediar en sus problemas con la Justicia. Destaca el encuentro que se celebró el pasado mes de febrero por videoconferencia con Alejandro Hamlyn y en el que participaron Dolset y Teijelo. En dicha reunión ofrecieron a Hamlyn un pacto con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de que suministrara información perjudicial de Balas.

En sus dos reuniones con Villalba le propuso ayuda en su procedimiento, un abogado de su confianza, un destino en el extranjero (en una embajada) y el cambio de la UCO por la UDEF, de la Policía Nacional, en su procedimiento.

A su larga lista de objetivos de Díez se suman también los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa. Al primero de ellos trataron de sobornarle a cambio de que dejara de lado las diligencias que sigue contra Pérez Dolset y en el marco de las cuáles pide que le envíen al banquillo por fraude de subvenciones y blanqueo de capitales. Del mismo modo también tantearon a Ignacio Stampa, quien fuera fiscal Anticorrupción del caso Villarejo y que no consiguió su plaza en el destino donde estaba comisionado ya que entonces estaba siendo investigado por presunta revelación de secretos.

La Fiscalía se dirigió hace apenas unas semanas al juzgado de Zamarriego y le pidió que incluyera este asunto en sus diligencias. Sin embargo, el instructor declinó la petición, y el fiscal lo ha recurrido ante la Audiencia de Madrid.

Por su parte, el Ministerio Público ha remitido el pendrive aportado por Díez a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Se trata de material que ya analizó Anticorrupción en el marco del «caso Villarejo» después de que lo aportara Pérez Dolset en 2022. Tanto la Policía, como Anticorrupción y el juez vieron pertinente apartar todo lo que no formaba parte del procedimiento, pero el PSOE sigue pidiendo que le den traslado del mismo para actuar contra exdirigentes del PP.