La Asociación de Militares Españoles (AME) anima y estimula a los diferentes gobiernos españoles, incluyendo primaria y principalmente al actual, para que GIBRALTAR vuelva a su lugar natural de situación y pertenencia geográfica: ESPAÑA.
De este modo se resolverá un foco de perjuicios económicos por el contrabando de tabaco y drogas y se completará la unidad e integridad de ESPAÑA, quebrada desde la inclusión de la granada en el escudo nacional por la injusta e irracional retención de GIBRALTAR por Gran Bretaña, incumpliendo ostentosamente los diversos mandatos de las Naciones Unidas de devolver el Peñón a su legitimo dueño, ESPAÑA.
Otra cosa es que los “llanitos” quieran seguir siendo británicos con el pasaporte correspondiente y la consideración que les corresponda como extranjeros en territorio español conforme al “Brexit”
Leemos en EL MUNDO:
El Gobierno condiciona la cumbre del Brexit para aprobar el acuerdo pactado con la ‘premier’ Theresa May a que se modifique el apartado sobre el Peñón Exige tener la última palabra sobre la relación futura
España se planta. Así se lo ha dicho el Gobierno de Pedro Sánchez a la Comisión Europea, a sus 26 socios, a Reino Unido y al negociador jefe comunitario, Michel Barnier. El Acuerdo de Salida consensuado la semana pasada entre Bruselas y Londres no cumple las expectativas de Madrid en lo que se refiere a Gibraltar.
Y aunque nadie quiere hablar abiertamente de vetos o bloqueo, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, lanzó ayer un ultimátum: «Hasta que no conozcamos lo que dice la Declaración Política sobre la relación futura con el Reino Unido no podemos aceptar el acuerdo de retirada. Ambas cosas van juntas. La señora May ha dicho que para ella es así. Para nosotros también (…). No queda mucho tiempo, la cuestión debería quedar resuelta antes del domingo o que no tuviera lugar la reunión del domingo», avisó en referencia a la inminente cumbre de jefes de Estado y de Gobierno.
Las reservas son evidentes y las posibles consecuencias, también, pues aunque el Artículo 50 invocado en el Brexit admite la posibilidad de mayoría cualificada, la unanimidad es imprescindible en el Consejo Europeo. Tras 18 meses asegurando que había entendimiento y avances, España ha cambiado el tono.
El visto bueno está condicionado a que quede negro sobre blanco en todos los documentos que la relación futura con Gibraltar será negociada entre Madrid y Londres. Que el mismo poder de veto del que hemos gozado hasta la fecha seguirá activo también a partir del 29 de marzo y hasta que termine el periodo de Transición. Esto es, mientras ambos bloques discutan el marco jurídico, económico y político que regirá sus destinos en las próximas décadas.
Por eso el ministro español se reunió ayer de urgencia con Michel Barnier para intentar limar asperezas. «Nos causa una importante preocupación el desconocimiento de cómo quedará la relación futura y el hecho de que el texto de retirada tiene artículos novedosos que siembran cierta confusión sobre un aspecto fundamental para nosotros (…) Incluye una cierta ambigüedad sobre Gibraltar que queremos que se aclare», explicó Borrell, reconociendo que sus dudas «persisten» puesto que Barnier «no quiere tocar su texto».
Es el giro más importante y la declaración más contundente en la materia, con este Ejecutivo o con el anterior. Y más después de que Pedro Sánchez asegurará en su última Cumbre que no habría ningún problema sobre el Peñón y estaba todo encauzado. España pide un cambio muy concreto en el Artículo 184 del Acuerdo de Salida. Y además, reclama que se añada una mención expresa en la llamada Declaración Política, el segundo documento al que los líderes de los 27 deben dar su aprobación el próximo domingo.
Este artículo 184, que «apareció de la noche a la mañana» el pasado miércoles, según el ministro de Exteriores, «levanta dudas» y el Gobierno quiere que se clarifique su alcance. «Queremos que quede clara la interpretación de ese texto», subrayó Borrell. «Las negociaciones futuras sobre Gibraltar son negociaciones aparte», ha insistido. Hasta que esto no quede claro, advirtió el ministro, «no podremos dar el visto bueno».
Exteriores no puede entender, dicen, ese Artículo 184, que el equipo de Theresa May vio y aprobó el pasado miércoles por la noche antes de que los propios diplomáticos españoles supieran de su existencia. El texto señala que «la Unión y el Reino Unido realizarán sus mejores esfuerzos, de buena fe y en el pleno respeto de sus respectivos órdenes legales, para tomar las medidas necesarias para negociar de manera expedita los acuerdos que rigen su futura relación». El problema, por tanto no es lo que pone. Sino lo que no dice.
«Según nuestra interpretación, la de la Abogacía del Estado y la Asociación Jurídica Internacional, es que está clara la separación de dos negociaciones diferentes. Una es la de la UE con Londres sobre la relación futura con el Reino Unido. Y otra negociación es sobre el territorio de Gibraltar, en fase de descolonización y que no pertenece ni a Reino Unido ni a la Unión Aduanera. Y ahí todo tiene que pasar por España», explican fuentes del Gobierno. Eso no está reflejado en ningún papel.
El Acuerdo de Salida, de 585 páginas, incluye un Protocolo sobre Gibraltar. Pero esto sólo sirve hasta 2020, cuando acaba el periodo de Transición del Brexit (que empezará en marzo de 2019). Una vez que la salida se consume del todo (haya o no haya una prórroga a ese periodo de Transición hasta 2022), se acabó. Y a España no le basta. Durante esa fase transitoria es cuando se negociará el futuro, todo lo que afectará a las relaciones entre la UE y Reino Unido de por vida. Y Madrid exige que haya referencias explícitas a la situación de Gibraltar.
El Gobierno, acusado en casa de haber desperdiciado una ocasión única para lograr avances en las reivindicaciones históricas sobre el Peñón, y con elecciones inminentes en Andalucía, necesita que haya una referencia legal y un mensaje potente, en línea a lo que se ha tenido hasta tres veces desde 2017.
No le bastaría que la Declaración Política lo incluya, porque es eso, sólo política, no un texto legal. Por eso ha pedido modificar el Artículo 184 o en su defecto, alguna fórmula alternativa satisfactoria. «como que se incluya un texto anexo o una referencia en las Conclusiones del próximo Consejo Europeo», explican fuentes diplomáticas. Pues ambas opciones sí tienen valor legal.
Mientras, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, criticó ayer la postura de España sobre el pacto del Brexit, por no «contribuir a la confianza y el crédito mutuo de cara al futuro», informa Andrés Machado. Entiende Picardo que «el lenguaje de los vetos y exclusiones debería ser cosa del pasado y no tiene lugar en la Europa moderna».
