Entramos en una fase nueva, más cruda y menos retórica, en la que el poder real vuelve a ocupar el centro del tablero. La capacidad de imponer condiciones, de resistir presiones y de negociar desde una posición de fuerza se convierte en el instrumento esencial del nuevo orden geopolítico. Los principios no desaparecen pero quedan subordinados a la correlación de fuerzas. Primero decide el poder; después, si es posible, se invocan los valores.
Este cambio no es ideológico sino estructural. El mundo ya no es unipolar. Donde antes existía una única nación hegemónica —Estados Unidos— hoy emergen bloques continentales y potencias regionales con intereses propios: China, Rusia, India, Estados Unidos, y una Europa debilitada, fragmentada y sin voluntad estratégica clara. En este escenario, la estabilidad no se construye mediante consensos universales, se necesitan equilibrios de poder, alianzas duras y disuasión.
Es en este contexto donde se produce el derrumbe del relato globalista y de los populismos que se alimentaron de él. Venezuela ha sido durante años el gran tótem del populismo izquierdista global. Un laboratorio ideológico sostenido por la retórica antiimperialista, la redistribución clientelar y una narrativa épica de resistencia frente a enemigos externos convenientemente caricaturizados. La realidad —empobrecimiento masivo, éxodo humano, corrupción sistémica, represión política y conversión del Estado en engranaje del narcotráfico— fue sistemáticamente relativizada o negada por una izquierda internacional que necesitaba que el experimento sobreviviera al menos en el plano simbólico. La erosión definitiva del régimen de Nicolás Maduro, sea inmediata o progresiva, tendrá por ello un alcance que trasciende Hipanoamerica. No solo porque marca el colapso de una dictadura fallida, sino porque desmonta uno de los últimos pilares morales del populismo contemporáneo. Sin Venezuela, el relato pierde su refugio épico. Y sin épica, el populismo queda reducido a lo que siempre fue: autoritarismo, incompetencia y dependencia de estructuras criminales.
Este colapso coincide además con el agotamiento del globalismo wokista como marco cultural dominante. Lenguajes inclusivos convertidos en dogma, políticas identitarias impuestas desde arriba, equidistancias morales ante regímenes criminales, tolerancia ambigua hacia la inmigración ilegal masiva o el narcotráfico cuando servían a redes de poder. Todo ello pierde eficacia en un mundo que vuelve a operar con criterios de fuerza, seguridad y control.
En este nuevo escenario, la posición del actual Gobierno de España, ya de por sí fragmentado, resulta especialmente grave. Lejos de adaptarse con realismo al cambio de ciclo, el Ejecutivo ha persistido en una política exterior ideologizada, ambigua y complaciente con la dictadura venezolana. Ha evitado calificar como dictadura lo que es; ha practicado la equidistancia moral ante violaciones masivas de derechos humanos y ha preferido proteger afinidades ideológicas antes que intereses estratégicos y principios democráticos elementales. Esa actitud no es neutral. Beneficia al régimen. El silencio, la tibieza y el lenguaje evasivo han servido para otorgar oxígeno internacional a un narcoestado en descomposición. España que durante décadas fue referente de transición democrática y puente natural con Hispanoamérica, ha quedado alineada —por acción u omisión— con uno de los regímenes más corruptos y represivos del continente. No es un error puntual, es una conducta reiterada.
A ello se suma el papel particularmente vergonzoso de José Luis Rodríguez Zapatero, convertido desde años en intermediario oficioso del chavismo. Su actuación, presentada bajo la coartada del diálogo, ha sido en la práctica un mecanismo de blanqueamiento internacional del régimen de Maduro. No ha actuado como mediador imparcial, sino como colaborador útil, ofreciendo legitimidad, tiempo y cobertura política a una dictadura criminal. Su intervención ha sido sistemáticamente indulgente con el régimen y exigente con la oposición. No ha servido para garantizar elecciones libres ni para desmantelar las estructuras represivas, sino para prolongar el statu quo. En un mundo donde el poder vuelve a ser el lenguaje decisivo, esa actuación es moralmente reprobable como también políticamente, y quizá penalmente irresponsable.
El nuevo ciclo geopolítico no será más justo ni más amable. Será más inestable, más fragmentado y menos previsible. Pero precisamente por ello exige claridad. Los principios de justicia universal, cooperación solidaria y desarrollo no desaparecen pero ya no se imponen por sí mismos. Dependen del respaldo efectivo del poder. Y quienes confunden valores con coartadas ideológicas quedan fuera de juego. En este contexto, la colaboración —activa o pasiva— con regímenes criminales deja de ser una mera opción política. Cuando organismos internacionales documentan crímenes contra la humanidad, cuando se prueban vínculos estructurales con el narcotráfico y la corrupción transnacional, esa colaboración puede generar responsabilidades penales, al menos en términos de encubrimiento, cooperación necesaria o legitimación internacional.
Cuando el ciclo populista llegue definitivamente a su fin arrasado por el nuevo tsunami que encarna el presidente Donald Trump —y todo indica que ese momento se aproxima— no solo caerán los regímenes que se sostuvieron sobre la ficción ideológica. También quedará expuesta la responsabilidad de quienes desde democracias consolidadas, miraron hacia otro lado, intercedieron o actuaron como valedores.
Porque en el mundo que emerge, el orden ya no lo dicta el relato. Lo dicta el poder. Y la historia como siempre, pasa cuentas después.
Iñigo Castellano y Barón