Al finalizar nuestro periodo de vida laboral o cuando eventualmente entramos en una etapa de maternidad, desempleo, enfermedad u otras situaciones adversas de la vida, los españoles tenemos las necesidades individuales de pensiones razonablemente cubiertas. Así mismo, si nuestra salud empeora, contamos con una atención médica pública complementada eventualmente por una privada, también gratuita. Sobre todo este sistema de Seguridad Social, que es bastante caro, existe en la práctica un consenso político y social, salvo eventuales protestas para mejorarlo o bien asegurar su futura financiación. La suerte que tenemos los españoles al contar con esta red de seguridad –pese a que todos aspiramos siempre a algo mejor– se puede comprobar preguntando al trabajador hispanoamericano emigrante qué opina, comparándolo con lo que tiene en su país. Descubriremos posiblemente que no es principalmente el amor a la Madre Patria lo que le ha movido a abandonar su país. Hay muchas naciones a la intemperie.

Pero cuando de la seguridad individual del español pasamos a la colectiva, el panorama no es tan satisfactorio. Especialmente ante amenazas que procedan del exterior. La financiación de nuestra Defensa es escasa y, sobre todo, INCIERTA. Hasta ahora hemos vivido en una especie de modorra sobre los riesgos y amenazas que se ciñen sobre España. La creencia de que los norteamericanos a través de la OTAN nos protegerían o la todavía más ingenua ideología pacifista había llevado a sectores de nuestra sociedad a pensar que eso de la guerra era cosa del pasado, al menos en nuestra «avanzada» Europa. El Sr. Trump ha interrumpido bruscamente esta siesta histórica recordándonos que eso de defenderse es una responsabilidad nacional. Suerte tendremos si no pasa a los europeos la factura de lo que le debemos a EEUU desde los tiempos del Plan Marshall y subsiguiente protección. Aunque quizás, por pronto pago, podría Trump considerar reducir el periodo facturado desde que su amigo Putin se hizo con el mando en Rusia.

En la situación mundial en que estamos entrando, nuestras Fuerzas Armadas (FAS) necesitan un marco de financiación estable que cubra las inversiones en armamento y material, su mantenimiento y los gastos del personal que lo maneja. Todas estas inversiones y gastos desbordan ampliamente en su programación el marco anual presupuestario y requieren una certeza de financiación. A la vista de la duración de los programas principales de obtención, una Ley de rango suficiente que abarque el periodo de unos quince años sería necesaria. Esta Ley debería comprometer políticamente al correspondiente gobierno estableciendo, con relación al PIB, el tanto por ciento a dedicar a la financiación de las FAS y describiendo también qué capacidades básicas pretenden cubrir estos fondos. Dado el plazo de la Ley habría que introducir en ella una cierta flexibilidad en la financiación anual –sin tratar de intentar lograr la utopía de plena seguridad jurídica– teniendo pues que confirmarse periódicamente en los Presupuestos del Estado las anualidades correspondientes. Sería, por lo tanto, un mandato público a nuestros legisladores cuando llegue el momento de confeccionar dichos Presupuestos de Defensa. Así mismo las capacidades militares a obtener deberían ser definidas con suficiente detalle para su comprensión por parte del ciudadano medio que las pagará con sus impuestos y de la industria militar que invierte para su logro; pero sin llegar a perder la flexibilidad de adaptación a la rápida fluctuación de las amenazas y al avance de las tecnologías propio de la época. En aras de la luz y los taquígrafos, abandonar definitivamente los procedimientos de los Programas Especiales de Modernización (PEM) y el financiar inversiones con fondos de contingencia sería también altamente conveniente.

Evidentemente, un compromiso tan trascendente como el que representa una Ley – aquí tan solo esbozada– requerirá un acuerdo entre los dos únicos partidos con posibilidad de gobernar España en un futuro próximo. Nos serviría además para comprobar que estos dos partidos ponen la seguridad colectiva exterior al mismo nivel de compromiso que la financiación de la seguridad individual de los españoles. Y de paso que hay cosas por encima de la lucha por el poder político.

Nuestro Gobierno ha venido insinuando que los fondos para cubrir el rearme –tras la temeraria descapitalización de las FAS que comenzó en 2008– deberían provenir de fuentes comunitarias europeas o al menos ser garantizados colectivamente por la UE como fueron los fondos de recuperación tras el COVID. Nada que objetar a esto, pero antes de pedir un nuevo crédito imagino que habrá que satisfacer deudas previas. Me refiero al compromiso de dedicar, YA, el 2% del PIB a defendernos. Mal se puede pedir más a nuestros socios sin haber demostrado la voluntad de cumplir las promesas.

Vienen tiempos de prueba. De que una clase política española dedicada prioritariamente al acoso y derribo del adversario político sienta la responsabilidad de proteger nuestra Patria de las amenazas e incertidumbres que proceden de un nuevo orden mundial donde antiguos aliados están cambiando sus prioridades y Europa pretende –confederalmente– defenderse de tres naciones autoritarias guiadas por caudillos iluminados que buscan que su grandeza e intereses sean reconocidos en sus respectivas áreas de influencia y vasallaje. Donde antes encontraremos una mano que nos ayude es al extremo de nuestro propio brazo.