El mayor daño que puede infringirse a un país es el de corromper sus órganos judiciales, lo que significa la ausencia de Justicia. Un país sin Justicia es un país muerto. Si no hay Justicia o bien todo el país está sumido en la más pura anarquía, o por el contrario en la más pura autocracia, el comunismo puro. El manejo de la Justicia por una sola persona le concede un poder omnímodo, sobre personas, bienes, organización del estado, sobre sus propiedades, y en general sobre la libertad, que llega a eliminar, porque todos sus actos los considera por encima de la ley o bendecidos por ella. Da igual que exista Rey, tribunal de garantías constitucionales, tribunales de justicia, parlamento, partidos políticos, instituciones de control, si realmente todo está corrompido al estar al albur de una sola persona que dirige el país a su antojo. Y aquí lo de menos es el precio pagado. Ya está pagado. Nosotros estamos muy próximos a llegar a ese punto. El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano proclama que “una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución”.
En España no existe separación de poder entre el Legislativo y el Ejecutivo desde el inicio de la transición sencillamente porque los partidos políticos más importantes han preferido que los diputados obedezcan a los dirigentes de los partidos políticos en cuyas listas los acunan y no a los ciudadanos que los votan; los legisladores no han elaborado las leyes necesarias para que esto no pudiera ocurrir, todo lo contrario, han consentido que la ley electoral premie a partidos con ínfima representación y acoja a partidos contrarios a la Constitución, a la unidad de España y en general a la igualdad de todos los españoles, a los que por mercedes continuadas como traspaso de competencias y de fondos públicos, eso sí, aumentando cada vez el grado del chantaje, se obtienen la mayoría parlamentaria, consiguiendo así la anulación de la separación de esos dos poderes al no existir una armazón jurídica que lo impida.
Anulada la anterior separación de poderes, ahora es el poder judicial el que está en el objetivo del felón que nos preside. De los tres escalones que sustentan el poder judicial, los juzgados de instrucción, las audiencias provinciales y los tribunales superiores y el Supremo, podemos señalar que el primer escalón se puede considerar independiente, es la denominada primera instancia, y no puede decirse que esté corrompida, son los jueces y fiscales de los juzgados de instrucción que tiene que ver con los asuntos cotidianos, hasta ahí la clase política no puede entrar con tanta facilidad, son muchos juzgados y con el hálito de independientes, tampoco interesa a los políticos corromper todo el sistema, a pesar del peso de los partidos en las asociaciones de jueces y fiscales, que en mi opinión deberían desaparecer. El mal de que adolece este escalón es un mal general en toda la Justicia española: la lentitud en el pronunciamiento definitivo de las sentencias. El segundo escalón, el de las Audiencias provinciales, también goza de independencia, aunque estimo que depositan casi siempre su confianza en las primeras instancias y bendicen con demasiada generosidad lo resuelto en el primer escalón.
Pero es en el escalón superior donde se dirimen las luchas de los partidos más importantes entre otras cosas, porque son por lo general los encargados de juzgar a los políticos por causas dimanantes de sus actos como políticos .Los políticos no van a dejar de entrometerse, con sus declaraciones, en las decisiones que puedan tomar los tribunales, incluso yendo un paso más adelante. Recordemos el caso inaudito del Tribunal Supremo inhabilitando al partido Herri Batasuna por el delito de terrorismo y gracias a la mediación del ladino Zapatero, que había manifestado , “Esto lo arregla el Constitucional” , ese tribunal político corrigió la sentencia y declaró legal al partido terrorista , sin competencia para ello ya que se debía haber atenido al examen del respeto a los principios constitucionales nada más, pero no a enmendar una sentencia del más alto órgano jurisdiccional.
Es en la cabeza de los órganos judiciales donde inciden todas las presiones de los políticos para su total redención llegando en caso de no lograrse a auto indultarse. Los gobiernos anteriores, siempre habían permitido y respetado una cierta separación del poder judicial respecto al ejecutivo y el legislativo aunque siempre han intentado tener unas relaciones lo más estrechas posibles con los miembros del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del poder judicial, con los magistrados de los tribunales superiores, ya que en cierto modo, algunos nombramientos, dependen de los políticos, y con los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero la llegada de este autócrata consigue e incide, sin remilgo alguno, en el control del Tribunal Constitucional, presiona al Supremo consiguiendo la supresión del delito de sedición y reduciendo el de malversación, y si todo le sale mal, en el indulto de los penados, como antes fueron los causantes del golpe de estado del 1-O y ahora es el caso de los ERE de Andalucía, cabe recordar que se condenaron en 2019 a un total de 19 acusados por este fraude que superó los 700 millones de euros pudiendo llegar a los 1200. Entre los penados se encontraban Manuel Chaves y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías que eludieron la cárcel al ser condenados únicamente por prevaricación, si bien asumieron 9 años de inhabilitación, ahora para todos estos condenados del PSOE, ya se está procediendo a poner en marcha su indulto. Cabe mayor vergüenza. Esta es la injusticia de la Justicia que el indigno presidente que gozamos quiere imponer, si no puede corromper la Justicia, nos indultaremos.
Sánchez consigue el nombramiento del presidente del Tribunal Constitucional en una persona afín a su credo y a sus políticas, y el nombramiento como magistrados de esa institución a personas que acababan de trabajar a sus órdenes como altos cargos de su gobierno. ¿Y cómo lo consigue? En primer lugar consigue que el CGPJ, al estar en funciones por no haber sido renovado debido, no por el paso del tiempo, que también, si no a la imposibilidad de entendimiento entre los dos partidos, PP y PSOE que deberían haberse puesto de acuerdo en el nombramiento de los mismos una vez transcurrido el tiempo que indica la Constitución, logra que mediante una ley que el CGPJ no pueda realizar nombramientos en los tribunales superiores y ni siquiera en el Constitucional, lo que posteriormente reforma para permitir que el citado CGPJ, pueda efectuar nombramientos pero solamente para el TC, donde cuela a los susodichos anteriormente citados, entre ellos a Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia que en ese tiempo diría: “A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito”, el 22 de junio de 2021, pero este ahora magistrado del constitucional, seguramente como el felón no nos mentirá,, simplemente cambiará de idea.
Recordemos que el TC, de acuerdo con el art.159 de la CE está compuesto por 12 miembros de ellos cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del CGPJ.(en la actualidad 11 por enfermedad de uno de los magistrados) Ya tenemos pues un TC a imagen y semejanza del felón y que previsiblemente tragará con todas las leyes que deba elaborar su legislativo para poder pagar las deudas de su investidura. Para aumentar sus méritos según informaciones periodísticas dignas de crédito, frente al felón Conde-Pumpido está participando en los trabajos preparatorios previos para diseñar y redactar la Ley de amnistía que sirva para que ERC y Junts brinden su apoyo al PSOE e investir a Pedro Sánchez, de esta manera, la dependencia del poder Judicial del Ejecutivo es completa y el felón ya dispone de quien justifique sus abusos en Derecho en pos de una “dictadura perfecta” y no habrá Tribunal Constitucional que los detenga.
Ahora vamos a por los siguientes, el CGPJ y el Supremo; para lograr dominar el CGPJ el Ejecutivo sólo tiene que reformar la Ley sobre las mayorías necesarias para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Después colonizará el Tribunal Supremo por un periodo de 15 o 20 años con jueces de asociaciones de izquierda, lo que provocará que el Alto Tribunal se convierta en otra sucursal judicial. La Ley de Sánchez que maniata al CGPJ ha provocado el colapso en la Justicia. Sólo en el Tribunal Supremo, se contabilizan 22 vacantes de magistrados de las 79 plazas que componen sus Salas. Las plazas judiciales sin cubrir afectan a tribunales de todo el país como la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y las Audiencias Provinciales de toda España. Según los últimos datos del CGPJ, se espera que a finales de este año el número de plazas sin cubrir supere las 80. El propósito del Ejecutivo es el de poner al Poder Judicial en una situación insostenible que obligue a un pacto.
Siendo prácticamente imposible gobernar este país con los independentistas, por lo que es necesario modificar la ley electoral, el presente inmediato es, en el desgraciado pero muy probable caso de que este felón pueda ser de nuevo investido como presidente del gobierno, hacer frente a la próxima amnistía, que vulneraría los artículos de la Constitución, 1(principio de igualdad), 9 (principio de legalidad) y 62 (prohibición de los indultos generales). Una vez aprobada la ley, tiene que ser aplicada por el poder judicial, para ello gozamos de dos palancas en su contra: la cuestión de inconstitucionalidad que pueden interponer los jueces encargados de los procedimientos donde están encausados los golpistas, ante el TC y que su resolución puede durar algunos años, por lo que por ejemplo si el juez Llarena recurre a esta figura porque considera que la ley no se ajusta a la Constitución , el tal Puigdemont, no llegaría a España tan pronto como él quiere, y la Sala Segunda del Supremo que condenó a los líderes del golpe, podría hacerlo mismo. En segundo lugar, los partidos políticos podrían presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el TC, que no suspendería la aplicación de la ley, pero que podría en un futuro menos siniestro, paralizar la ley.
La presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Síofra O’Leary ha dado la voz de alerta sobre el bloqueo judicial en España. La jurista, ha advertido que ante situaciones como la actual, los tribunales europeos pueden “intervenir” para tratar de garantizar la independencia judicial. “Europa puede irrumpir en la actual crisis del Poder Judicial si no se renueva el CGPJ. “Cuando se producen bloqueos a nivel político en relación con el nombramiento de los jueces, los tribunales nacionales y europeos pueden tener que intervenir en defensa tanto de la independencia judicial como del buen funcionamiento de un Estado democrático de Derecho. Yo me fío muy poco de la ayuda o intermediación de las instituciones europeas, por ahora caminamos hacia una democracia con tres funciones y un solo poder, lo que se denomina la dictadura constitucional, lo justo se supedita a la necesidad y a la conveniencia del felón, es la injusticia de la Justicia.
José Manuel Adán Economista e Inspector de Finanzas del Estado
El autor: José Manuel Adán Carmona, pertenece a la XIX promoción de la Academia General del Aire, alcanzó el empleo de Capitán. Licenciado en Ciencias Económicas prestó servicio algunos años en la Dirección de EUROCONTROL en Bruselas; accedió por oposición al Cuerpo de Inspección de Finanzas del Estado en el que desempeñó importantes cargos en la Administración. En el diario FARO DE CEUTA publica desde hace años interesantes artículos sobre diversos aspectos de la vida nacional que por su interés y calidad técnica reproducimos.
Fuente:
https://elfarodeceuta.es/injusticia-justicia-organos-judiciales/