España se enfrenta a unos retos con la política demográfica actual que difícilmente podrá resolver, entre ellos el descenso en la población nativa que tendrá su efecto en los próximos años en la pérdida del nivel actual de las pensiones y en los niveles científico, industrial, tecnológico y cultural de nuestra sociedad. El único remedio, si la política de familia sigue apostando por no tener muchos hijos, será la inmigración. En Enero de 2024 de una población de 47.8 millones el número de extranjeros en nuestro país era 6,5 millones de personas. El Banco de España acaba de dar el toque de alarma al anunciar que con las tasas actuales de crecimiento demográfico y desempleo será necesaria la llegada de 25 millones de inmigrantes hasta el año 2050 para poder pagar las pensiones. La caja de las pensiones, por ahora se mantiene equilibrada por el aumento incesante de transferencias del Estado que redundará en mayor deuda pública lo que es especialmente preocupante en un momento en el que hay récord de afiliados a la Seguridad Social, al haber superado los 21 millones de cotizantes. En los cuatro primeros meses del año, el Gobierno ha transferido 1.600 millones de euros más que en 2023 a la Seguridad Social, lo que supone una inyección mensual de 400 millones de euros y ha realizado transferencias a la caja de las pensiones por valor de 8.126 millones, un 24,5% más que de enero a abril de 2023. Ese aumento incesante de transferencias y más gasto de la Seguridad social no podrá mantenerse con la actual política demográfica.
Las razones de la disminución de la población nativa las sitúo en el creciente desempleo que también lleva implicado indirectamente el aumento en el número de abortos, reduciendo asimismo la tasa de natalidad que es inferior al número de defunciones. Como resultado global la población nativa disminuye.
La tasa de desempleo en España es la más alta de la UE: 12,29 %, significa 2.727.003 personas sin trabajo en Marzo de 2024 y entre ellos los jóvenes menores de 25 años con una tasa de paro del 28%. Un desempleado no es la persona deseosa de tener una familia y mucho menos una familia numerosa, por mucho que lo anhele. Y de ahí también una de las relaciones directas a la interrupción voluntaria del embarazo, vulgo aborto.
El número de abortos está en continuo ascenso, en España se producen cada año unos 240.000 embarazos no deseados. Ello es debido a que el 20% de las españolas, alrededor de dos millones, no utiliza métodos anticonceptivos o hace uso de ellos de forma inadecuada. El número de abortos en 2023 se situó en 98.000 aproximadamente. Desde 2010 la situación empeoró con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, “de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, que reconoció el derecho de la mujer a interrumpir libre y voluntariamente la gestación en las primeras catorce semanas del embarazo; posteriormente la ley 1/2023, modificó la anterior estableciendo que las mujeres podrán interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años, sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales y la obligación de las administraciones públicas sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, de garantizar la prestación en los centros hospitalarios, de acuerdo con criterios de gratuidad, accesibilidad y proximidad, estableciendo los dispositivos y recursos humanos suficientes para la garantía del derecho en todo el territorio en condiciones de equidad. Asimismo, contempla la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas, procede al desarrollo de políticas específicas para mujeres con discapacidad, se refuerzan los servicios especializados, se reconoce expresamente la consideración de situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes la baja laboral en que pueda encontrarse la mujer en caso de menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria asociada a determinadas patologías, así como la debida a la interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo, y la de gestación de la mujer desde el día primero de la semana trigésima novena, se establece la gratuidad de los productos de gestión menstrual en centros educativos, penitenciarios y sociales. Por otra parte, además de legalizar el aborto libre, “a petición de la mujer”, se potenciaron los abortos químicos sin necesidad de realizar protocolos de seguimiento/notificación. Todo ello ha provocado, además del falseamiento de los datos, por una parte, un trasvase de aumentos quirúrgicos hacia abortos químicos, y por otra, el aumento creciente de “abortos no registrados”. Eso sin contar los abortos que la distribución libre de la píldora del Día Después” (PDD) provoca en algunos casos. Consecuencia de todo ello: el número de abortos se ha multiplicado gracias a esas leyes.
La última baza objetiva del problema se encuentra en el descenso de los nacimientos respecto al aumento de las defunciones, produciendo en total la reducción paulatina de la población nativa española. Desde 2009 el número de nacimientos ha caído considerablemente y ya desde 2015 el número de defunciones es superior al de nacimientos, en el 2022 nacimientos: 329.251, defunciones 464.417.
“La tasa de desempleo en España es la más alta de la UE: 12,29 %, significa 2.727.003 personas sin trabajo en Marzo de 20024 y entre ellos los jóvenes menores de 25 años con una tasa de paro del 28%”
En esta situación de disminución paulatina de la población nativa nos encontramos con un frente demográfico, la inmigración, que no sabemos si pueda resultar la solución adecuada. Qué duda cabe que la primera palanca ha de centrarse en las políticas activas de empleo, mediante, por una parte la supresión de ayudas al desempleo a personas que rechacen, por ejemplo tres empleos. Naturalmente la desestatalización de la economía, poniendo la riqueza en manos privadas, es decir liberando a la economía de frenos y participaciones estatales , reduciendo al mismo tiempo los impuestos y suprimiendo trabas administrativas en la creación de empresas, junto a la libertad de mercado entre las diferentes comunidades autónomas , son los pasos primordiales para la llegada de inversión tanto nacional como extranjera que podrá reducir sobremanera el desempleo, talón de Aquiles de nuestra economía productiva. Y como tercera variable, la enorme cantidad de inmigración ilegal que absorbe una gran cantidad del Presupuesto y aporta muchos problemas de todo tipo a la sociedad. Todo ello desemboca en un problema complejo que afecta a la Seguridad y al Empleo como factores determinantes y al pago de las pensiones como uno de los factores colaterales.
La inmigración legal, que en general salvo los pensionistas de la UE deberían ser los que entran con contrato de trabajo, en España a 31 de diciembre de 2023, es decir personas con autorización de residencia en vigor se sitúa en 2.922.830; con certificado de registro UE, en 3.680.446; y con TIE-Acuerdo de retirada, en 209.422 ( Tarjeta de Identidad de Extranjero es el documento único y exclusivo destinado a dotar de documentación a los extranjeros en situación de permanencia legal en España).Pero esta inmigración legal no es lo suficientemente homogénea, así por ejemplo del número de personas con certificado UE, que podría ser la que pudiera suplir con mayor eficacia al trabajador nativo desempleado, son pensionistas que vienen a gozar de nuestras costas y nuestro sol. El resto de la inmigración legal, por lo general asume trabajos en el sector servicios que son los no queridos por los nativos, con lo que la brecha se va haciendo mayor. España, en situaciones normales podría poner las condiciones para la entrada de la inmigración legal y ajustando su número a las necesidades presentes y futuras del país, pero se encuentra con las decisiones de la UE que está facultada para establecer las condiciones de entrada y residencia legal de nacionales de terceros países en un Estado miembro, también en lo relativo a la reagrupación familiar. Los Estados miembros conservan el derecho de fijar volúmenes de admisión para los nacionales de terceros países que deseen buscar trabajo en su territorio. Pero la política de inmigración del actual Gobierne puede decirse que no existe racionalmente, así establece pactos para la acogida como de inmigrantes legales con EE.UU, México, que esos países rechazan. Por otra parte los partidos políticos pensando más en el número potencial de votantes que pudieran tener, propician en el Congreso de los Diputados, salvo Vox, la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la regularización extraordinaria de las personas extranjeras en situación administrativa irregular en España con residencia anterior al 1 de noviembre de 2021, cifradas en 500.000 ilegales.
La inmigración ilegal es la más perniciosa para el país, dejando aparte las cuestiones humanitarias que no son objeto de este trabajo. El inmigrante ilegal no tiene oficio conocido, no conoce el idioma y por lo general es de difícil adaptación a nuestras costumbres, por lo que se agrupan en guetos y mucho más preocupante es el problema de los menores, que debieran ser devueltos de oficio a sus padres. No hay relación entre inmigración y delincuencia, pero si entre inmigración ilegal y delincuencia. En este ámbito luchan contra ella la UE y España, pero no lo hacen con la eficacia requerida. La Unión está obligada a impedir y reducir la inmigración irregular, sobre todo mediante una política eficaz de retorno, respetando siempre los derechos fundamentales, y está facultada para celebrar con terceros países acuerdos para la readmisión, en sus países de origen o procedencia, de nacionales de terceros países que no cumplan o que hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada, presencia o residencia en el territorio de uno de los Estados miembros. En 2023, Canarias rompió todos los récords de inmigración ilegal llegada a sus costas al contabilizar 40.000 llegadas. Las previsiones son peores, 2024 amenaza no solo con superar ese récord, sino con pulverizarlo: con 16.000 llegadas en apenas 4 meses de año, el Ministerio del Interior estima que el ejercicio se cerrará con 85.000 entradas de inmigrantes ilegales a las Islas Canarias. Un reciente informe de Eurostat revela que en 2023 se llegaron a contabilizar un total de 1,27 millones de inmigrantes que residían ilegalmente en Europa y pone de manifiesto que del total de órdenes de expulsión dictadas sólo se ejecutaron el 23% de las mismas. Según un informe interno de FRONTEX, en los próximos meses 100.000 malienses podrían movilizarse desde el norte de Mali con destino a Mauritania con el objetivo de acabar en las Islas Canarias. El Ministerio del Interior no está siendo capaz de solucionar el problema de las llegadas masivas a Canarias y parece ser que el único plan es dar dinero a los países origen de la inmigración, que no lo resuelve, a pesar de que existe en estos momentos una amenaza migratoria sin precedentes sobre el archipiélago.
“La última baza objetiva del problema se encuentra en el descenso de los nacimientos respecto al aumento de las defunciones, produciendo en total la reducción paulatina de la población nativa española. Desde 2009 el número de nacimientos ha caído considerablemente y ya desde 2015 el número de defunciones es superior al de nacimientos, en el 2022 nacimientos: 329.251,defunciones 464.417”
Por otra parte la política de devoluciones parece totalmente irrelevante, la oficina estadística de la Comisión Europea señala que el Gobierno de Pedro Sánchez dictaminó durante el año 2023 un total de 10.645 órdenes de expulsión. Sin embargo, más del 40% quedaron pendientes de ejecución. Nuestro país sólo expulsó a un total de 6.285 inmigrantes ilegales.Las cifras expuestas quedan bastante lejos de los 57.538 accesos de ilegales consolidados en 2023, según estadísticas de ACNUR. De esta forma, del total de entradas ilegales en España el Gobierno sólo materializó la expulsión de apenas un 11% (6.285). En el segundo semestre del año pasado más de 30.000 inmigrantes ilegales accedieron a España. El Gobierno sólo llevó a cabo un total de 1.645 expulsiones, poco más de un 5% de todos los accesos ilegales consolidados entre junio y diciembre. Según Eurostat, Alemania comunicó el mayor número de ciudadanos extracomunitarios devueltos a otro país (15.445), seguida de Francia (12.170) y Suecia (10.330). El volumen de inmigrantes que residen ilegalmente en el continente europeo no para de aumentar, así en el año 2021 se alcanzaron los 679.30, superados en 2022 por otros 1,12 millones y en 2023 por otros 1,27 millones de ilegales.
La inmigración ilegal es uno de los problemas más graves que amenaza al continente y en el que la UE y en el caso que nos incumbe el Gobierno español, están fracasando. Éste asunto de tanta importancia debería ser competencia exclusiva de los Estados miembros, en nuestro caso del pueblo español, en quien descansa la soberanía de sus instituciones. Son los españoles los que cuentan con la legitimidad necesaria para decidir quiénes y en qué condiciones, las personas que llegan a nuestras fronteras están autorizadas a entrar en España. Pero como en tantas otras cosas, no es el caso.
Jose Manuel Adan Economista e Inspector de Finanzas del Estado
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