El Cuartel de Loyola en San Sebastián (Guipúzcoa) ha resistido atentados, presiones políticas y décadas de intentos por hacerlo desaparecer. Y, por ahora, también está resistiendo al traspaso de la titularidad del Ministerio de Defensa al Ayuntamiento de San Sebastián tras un acuerdo entre el Gobierno y el PNV para los Presupuestos de 2020. De momento, el cuartel sigue en pie pese a que la voluntad del PNV es construir viviendas, y continúa resistiendo gracias a que la Ley de Costas es su última trinchera. La norma se ha convertido en su «último» escudero, aunque el nacionalismo vasco no tardará ya en convertirla en objeto de su próxima «ingeniería legislativa».

Después del« Palacete de la discordia» en París, el acuartela mi en territorio to donostiarra se perfila como el próximo pulso, sabiendo que cada cesión del Gobierno de coalición es un flanco abierto para completar su conquista.

Desde hace 25 años, el nacionalismo libra su particular batalla contra Loyola con un objetivo claro: expulsar a los militares del País Vasco. Una estrategia que emula al guion marcado por la izquierda abertzale, bajo el empeño de borrar cualquier rastro del Estado del vasco. Con ello no solo buscan la retirada militar, sino también una victoria simbólica para un nacionalismo que persigue afianzar el relato de la identidad vasca.

La Ley de Costas frena, por ahora, el asedio nacionalista ya que impide el desarrollo urbanístico que tenía previsto el Ayuntamiento de San Sebastián. El Cuartel de Loyola se encuentra cerca del río Urumea, que es navegable en algunos tramos, por lo que implica que los terrenos cercanos al cauce estén afectados por dicha normativa. En concreto, esta Ley de 1988 establece una servidumbre de protección de 100 metros desde la línea de dominio público marítimoterrestre, que incluye ríos navegables como es el caso del Urumea, junto al cual se ubican estos cuarteles. Inicialmente, en 1999, se otorgó una excepción reduciendo esta franja a 20 metros por «motivos de defensa nacional». Sin embargo, tras la venta de los terrenos al Ayuntamiento de San Sebastián para uso residencial, la Dirección General de Costas propuso restablecer la servidumbre original de 100 metros y esta ampliación limitaría significativamente la capacidad de edificación en la zona, afectando aproximadamente al 60% del proyecto residencial previsto.

Además, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dio la razón hasta dos veces a la denuncia que interpuso Vox para evitar la eliminación de este acuartelamiento y requirió al consistorio donostiarra que fueran incorporados los Cuarteles de Loyola en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Construido (Peppuc), por lo que la fachada principal no podría ser destruida.

Según ha podido saber este periódico, la Junta de Gobierno de San Sebastián acordó la suspensión del contrato que se había licitado por valor de 74 millones para la creación de 1.700 viviendas, supeditado a lo que diga la Ley de Costas. La mayoría sería vivienda pública, aunque tanto Bildu como Podemos presionaban para que lo fuera al cien por cien.

Los nacionalistas no han abandonado el proyecto y el «diálogo», para hacerse definitivamente con Loyola, está abierto. «Se está hablando», advierten fuentes consultadas por LA RAZÓN.

El nacionalismo no tiene prisa y tampoco abandona su objetivo, convencido de que todo es objeto de negociación. Para ello, tendría que llevarse a cabo un cambio en la Ley de Costas o incluso hacer una «reinterpretación» de la misma para redefinir los límites del dominio público hidráulico, demostrando que la zona ya no cumple una función ambiental o fluvial relevante. En ese caso, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (o la autoridad competente) debería hacer un nuevo estudio técnico y justificar la desafectación. Si no, hay que acudir a un cambio normativo para reducir la franja de protección en determinados ríos urbanos, permitiendo edificación con ciertas condiciones o incluso solicitar una «excepción o concesión administrativa» que permita el uso del suelo dentro de la zona de servidumbre – aunque estas suelen tener carácter temporal (75 años)– o se podría recurrir a la presión política.

En la actualidad, en el cuartel de Loyola se encuentran 515 efectivos. Se trata de una de las unidades más antiguas del Ejército: el Regimiento de Infantería «Tercio Viejo de Sicilia» Nº 67.

Los orígenes de esta unidad se remontan al 23 de octubre de 1534, bajo el Reinado de Carlos I. A lo largo de su historia ha cambiado de nombre en numerosas ocasiones, pero en 1984, con motivo del 450 aniversario de su fundación, recuperó su denominación original. Desde 1996 pertenece a la Brigada «Extremadura» XI y entre 2016 y 2017 pasó a formar parte de las Fuerzas Motorizadas de Defensa, con la denominación de Regimiento de Infantería, «Tercio Viejo de Sicilia» Nº67. Ha participado en batallas históricas contra los franceses como las de Bailén y Tudela (1808), Talavera y Ocaña (1810), Chiclana y Sagunto (1811) y Caracuel y Torralba (1812).

Entre las actividades principales de esta unidad se encuentra la participación en ejercicios y maniobras; instrucción y adiestramiento en combate convencional y urbano; ejercicios de tiro; conducción de vehículos; conocimientos sanitarios y simuladores de adiestramiento; participación en actividades institucionales; proporcionar a los mandos operativos fuerzas de Infantería organizadas, equipadas e instruidas, entre otras.

En Loyola también se ubica una unidad de servicios (USAC), que se encarga de la gestión y mantenimiento de las infraestructuras para «descargar a las unidades alojadas de aquellos cometidos que puedan distraerles de su función específica». Este cuartel del Ejército fue objetivo de la banda terrorista ETA, que ha atentado en, al menos, siete ocasiones y 17 personas vinculadas al cuartel de Loyola fueron asesinadas por ETA.

En 1995, el etarra Juan Ramón Carasatorre fue condenado por ametrallar las viviendas del cuartel. Un mes antes, los terroristas asesinaron al brigada del Ejército de Tierra Mariano de Juan Santamaría con un disparo en la nuca cuando salía del cuartel y se dirigía a su domicilio. Pero nada de eso parece importar para el fin urbanístico con el que se busca borrar 300 años de historia.

Fuentes militares consultadas por este periódico destacan que en el acuartelamiento siguen haciendo vida militar «con toda normalidad». De hecho, después de que se vendieran los terrenos al Ayuntamiento de San Sebastián han continuado ofertándose licitaciones de servicio de peluquería y comedores.

Una vez resuelto el escollo que frena las ambiciones nacionalistas de expulsar a los militares de Loyola, el Ejército plantea mudarse a otro emplazamiento, aunque ya está descartado que sea el de la Hípica donostiarra. Se baraja que se les pueda reubicar en otro espacio donostiarra o incluso trasladarles a Vitoria, aunque Defensa garantizó que las Fuerzas Armadas en San Sebastián eran algo «innegociable» y, por tanto, no saldrían de esta provincia. Mientras, el nacionalismo se abraza a la estrategia de la paciencia para lograr sus fines. La historia dirá si el Cuartel de Loyola se convierte en un nuevo símbolo de la resistencia o termina en otro terreno más en el mercadeo del poder.

El nacionalismo no ha renunciado a su proyecto y el «diálogo» está abierto