Una mayoría cualificada en la Cámara Alta invertiría las fuerzas en el Tribunal con la entrada de cuatro magistrados conservadores

La renovación del tercio del Tribunal Constitucional, es decir, de cuatro de los doce magistrados que corresponden al Senado, se puede convertir en un quebradero de cabeza para el PSOE, cuya participación en el proceso es en estos momentos decisiva, pero podría no serlo si en las próximas elecciones generales el PP consigue en la Cámara Alta una mayoría tan holgada que le permita prescindir de los socialistas.

La posibilidad de que el PP pueda pasar de la mayoría absoluta que ahora tiene (y que le obliga a pactar esta renovación con el PSOE) a una mayoría cualificada (aunque sea con Vox) amenaza la mayoría progresista del Tribunal Constitucional que sistemáticamente viene avalando con un 7-5 la política legislativa de Pedro Sánchez con decisiones tan polémicas como el respaldo a la amnistía, los amparos del caso ERE o la más reciente enmienda al Supremo en el control de las propuestas de nombramiento del fiscal general, una extralimitación, a juicio de los magistrados que suscribieron el voto particular.

Según ha podido saber ABC, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha comunicado oficialmente al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que se ha prorrogado hasta mayo el plazo para que las comunidades autónomas presenten sus candidatos, sobre los que se elegirán a los cuatro magistrados que formarán parte del Tribunal de Garantías. Las otras renovaciones corresponden al Congreso (cuatro magistrados) y al Gobierno y Consejo General del Poder J udici al (dos cada uno).

Tres meses de retraso

Según establece la Constitución, el tribunal debe renovarse por tercios cada tres años y los magistrados designados en cada ocasión son elegidos para cumplir su mandato durant e un plazo de nueve años. En este caso los nueve años se cumplen este próximo marzo, pero los mandatos de los salientes en realidad vencieron en diciembre porque aterrizaron en el Constitucional con tres meses de retraso (tenían que haberlo hecho en diciembre de 2016).

Fuentes populares explican que si se están dilatando los tiempos es por la convocatoria electoral que ha habido en Extremadura (en diciembre) y las próximas autonómicas en Aragón (8-F) y Castilla y León (15-M), pues están disueltos sus respectivos parlamentos autonómicos, que son los que tienen que proponer candidatos. A la vez remarcan la voluntad del partido de cumplir con la Constitución; de ahí que con esa comunicación oficial Rollán esté dejando claro que el Senado cumple con el procedimiento que le exige la Carta Magna y su reglamento.

Sin embargo, esas mismas fuentes reconocen que si a alguien beneficia el retraso en esta renovación es al Partido Popular. Si las generales se convocan sin que PP y PSOE hayan alcanzado un acuerdo (los populares reconocen que con este Gobierno es

muy difícil), el proceso de propuesta de candidatos volvería a empezar con el Senado que salga de las urnas, en el que, según todas las encuestas, Vox, y no el Partido Socialista, sería ya la segunda fuerza política en la Cámara Alta.

La diferencia entre uno y otro escenario es clara. En el primero, que es el actual, PP y PSOE tienen que pactar a los cuatro candidatos porque para la renovación se necesita una mayoría cualificada (160 senadores). El PP tiene 140 (mayoría absoluta) y el PSOE 88. Ese acuerdo se traduciría en la entrada en el tribunal de dos magistrados conservadores y dos progresistas, idénticos perfiles que los salientes, por lo que la composición del TC seguiría siendo la misma que ahora, con la elección, eso sí, de un nuevo presidente acorde a esa mayoría progresista, pues

Ni en el Partido Socialista ni en el Gobierno han ocultado su inquietud ante un posible bloqueo en la renovación

Si el PP consigue una mayoría cualificada, o llega a ella sumando con Vox, el vuelco ideológico en el TC estaría garantizado

el actual, Conde-Pumpido, es uno de los magistrados que salen.

Lo hacen también María Luisa Balaguer por ese grupo y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías, si bien este último puede ser reelegido porque todavía no ha cumplido su mandato al haber entrado en sustitución del originariamente elegido Alfredo Montoya, quien renunció en julio de 2022 por motivos de salud y falleció en marzo del pasado año.

El segundo escenario, que es el que teme el PSOE, se plantea con el eventual triunfo de PP y Vox en las generales, una situación en la que el PSOE no resultaría una fuerza política determinante en esta renovación. Si el PP consigue una mayoría cualificada de 160 senadores, o llega a ella sumando con Vox, el vuelco ideológico en el TC estaría garantizado hasta el punto de que el PP podría elegir a los cuatro magistrados en el primero de los casos o en el segundo de los supuestos a tres de ellos y darle el cuarto a Vox. Estaríamos hablando así de una mayoría 7-5 a favor del bloque conservador. Habría una tercera posibilidad, que es la de que PP y Vox «cedieran» un magistrado al PSOE: en ese caso habría un empate a 6 entre ambos bloques.

En el pecado va la penitencia

Fuentes populares son conscientes de que la utilización política que el PSOE haría de ese pacto PP-Vox, pero también de que «en el pecado va la penitencia» y que «si alguien ha levantado el muro y ha provocado el auge de los de Abascal ha sido precisamente el Gobierno». Si Vox quedara como segunda fuerza política en la Cámara Alta, el PP tendría que pactar con ella porque en eso consiste el mecanismo democrático de la negociación, dicen. Si Sánchez ha justificado sus pactos con ERC, Junts o Bildu en que eran necesarios para la «gobernabilidad», lo mismo es extrapolable a la «institucionalidad», comentan esas fuentes.

Ni el PSOE ni el Gobierno han ocultado su inquietud ante un posible bloqueo en la renovación (el del CGPJ duró cinco años) que llegue hasta las generales. El pasado diciembre el ministro Félix Bolaños aprovechó una pregunta de control en el Congreso del secretario general del PP, Miguel Tellado, para instarle a fijar «día y hora» para una reunión para abordar la renovación. En el Ejecutivo entienden que el proceso no se debe parar por que haya elecciones porque aunque la Cámara autonómica esté disuelta, hay una diputación permanente.

De igual forma, el Grupo Parlamentario Socialista denunció en la Comisión Constitucional del Senado en diciembre que la mayoría absoluta del PP en la Cámara había censurado una moción donde los socialistas solicitaban al presidente de la Cámara el cumplimiento del artículo 159 de la Constitución y que iniciara el proceso de renovación solicitando a los parlamentos autonómicos que elijan a sus candidatos.