LA PRESENCIA INGLESA EN GIBRALTAR ES UNA PERMANENTE Y FALAZ AMENAZA A LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD TERRITORIAL DE ESPAÑA.

 

1.Antecedentes.

El Reino Unido (RU) mantiene su actual presencia en nuestro territorio justificada, en parte, por el Tratado de Utrecht de 1713 y, en parte, por imposición imperialista y neocolonial absolutamente inaceptable para España. El RU viene dándole forma a su ocupación de Gibraltar, durante los últimos 311 años, atendiendo solo a su propio interés y sin consideración ni respeto alguno hacia un importante aliado dentro de la Alianza Atlántica (OTAN) aprovechando, sobre todo, los momentos de más debilidad interna en la Historia de España.

Las limitaciones con las que el RU aceptó el Peñón en Utrecht fueron, principalmente, las siguientes:

-Disponer solo de las aguas interiores del puerto, no mar territorial alguno.

-No disponer de soberanía sino solo de la propiedad de un terreno para el establecimiento de una base militar.

-Compromiso de retrocesión a España, llegado el caso de falta de interés en la propiedad cedida.

-Absoluta incomunicación por tierra.

-Restricciones comerciales con el resto de España.

Todas estas limitaciones fueron impuestas por el rey francés Luis XIV durante sus conversaciones con la reina Ana de Inglaterra para proteger, precisamente, su propio interés. A Francia no le interesaba en absoluto un RU con demasiado poder sobre un Estrecho, como el de Gibraltar, que ya tenía en aquella época una evidente importancia estratégica para cualquier nación europea.  En esta negociación no participó el candidato borbónico a rey de España, ya Felipe V, por maniobras política dilatorias de su tío, el propio Luis XIV.

Desde entonces, la conducta inglesa es un permanente incumplimiento de lo acordado en Utrecht mediante todo tipo de tretas políticas aprovechando siempre, en su propio beneficio, las debilidades y circunstancias internas de los sucesivos gobiernos de España. El incumplimiento más destacado se consumó posteriormente con la apropiación, por decisión unilateral del RU, de la zona del istmo donde está hoy instalado el aeropuerto militar de la Royal Air Force (RAF).

2.Consideraciones.

Mientras España renuncia al uso de la fuerza, se da la paradójica circunstancia de que el RU no lo hace, demostrando con ello, en el fondo, una inseguridad y debilidad argumental auto percibida por el colonizador que explica la permanente defensa de unos supuestos derechos de la población civil de Gibraltar cuyo solo planteamiento complican extraordinariamente la posible solución del problema.

No hace falta ser un gran estratega para comprender que, sin hacer nada por nuestra parte, como confirma la desconcertante pasividad de los sucesivos gobiernos españoles, la fruta gibraltareña no madurará jamás. Y España seguirá teniendo que asumir una humillación permanente mientras no atine a demostrar a la potencia neocolonialista la necesidad de poner bajo bandera española el territorio gibraltareño cedido en Utrecht, y naturalmente también la zona del istmo usurpada posteriormente, como vienen decidiendo las NNUU, desde hace años, en numerosas Resoluciones. Cualquier observador objetivo podrá comprender que, si el RU decidiese devolver su colonia para ponerla bajo bandera española probablemente no tendría nada que perder desde el punto de vista estratégico porque España podría concederle a un fiel aliado en la OTAN, previo el acuerdo correspondiente, disfrutar prácticamente de las mismas facilidades navales de las que hoy disfruta en la zona, facilidades que se podría extender hasta la propia base de Rota.

Hemos de reconocer que uno de los problemas que no ayudan a resolver el problema es verdaderamente el comportamiento y actitud de todos los gobiernos de España desde la transición a la democracia que se han movido casi todos ellos entre la excesiva prudencia o la práctica inacción. El ministro que más interés puso en encontrar una solución al problema de Gibraltar, hemos de reconocerlo, fue D. José Manuel Garcia-Margallo cuyas iniciativas no fueron debidamente apoyadas como merecía. El ministro Garcia-Margallo supo tener el obligado e imprescindible “animus pugnandi”, del que carecieron sus antecesores y sucesores, para tratar de resolver un contencioso ante una diplomacia británica que siempre antepone la defensa a ultranza de sus intereses antes que favorecer cualquier proceso negociador.

Una muestra de esta ambigüedad de nuestros gobiernos la hemos puesto en evidencia, nada menos que ante una reciente Asamblea General de Naciones Unidas al manifestar que, sin abandonar nuestra permanente voluntad de   recuperar nuestra integridad territorial, se estaba estudiando la creación de una “zona de prosperidad compartida” de cuyo contenido y alcance solo muy recientemente se ha informado al pueblo español.

Según un reciente estudio de la Universidad de Málaga, el concepto de “prosperidad compartida” es un simple instrumento de la diplomacia británica para apoyar los intereses gibraltareños, pero también para reafirmar su permanente presencia en nuestro territorio, sin coste alguno por su parte.

Es evidente que la verja, que nunca reconocimos como frontera, instalada por los “colonizadores” en 1908, se ha convertido, de hecho, en la herramienta negociadora más importante que tiene España y que británicos y gibraltareños, por distintas razones, más pueden temer. Parece conveniente que, aunque la verja desaparezca formalmente por necesidades del nuevo acuerdo, se mantenga la posibilidad diplomática de cerrarla para resolver los graves problemas que el nuevo acuerdo pueda provocar. Si se eliminase completamente sería posible que, según vaya evolucionando la situación, el propio RU intente instalarla de nuevo, pero en están ocasión incorporando a la ciudad de La Línea a lo mejor a propuesta de los propios linenses, que todo es posible cuando se da a las poblaciones locales más derechos de los que les corresponden.

Efectivamente, para evitar que el RU se adueñe de más territorio español por su única e imperial decisión, sin avenirse a ninguna forma de negociación, la herramienta que parece más efectiva para evitarlo sería anunciar públicamente la posibilidad de un gradual y progresivo cierre de la verja que haga comprender a los gibraltareños que su próspero futuro estará mejor  asegurado perteneciendo a España que no manipulado por un RU demasiado acostumbrado a no tener muy en cuenta a las poblaciones de los territorios que ocupa. Este cierre progresivo de la verja podría finalmente no llevarse a cabo, en el plazo de años que se considere oportuno, durante los cuales tendrían que progresar debidamente las negociaciones con el gobierno español para poner el territorio gibraltareño bajo bandera española a cambio de la correspondiente concesión para que el RU pueda seguir disfrutando de un determinado número de facilidades navales en el Estrecho, para satisfacer sus necesidades estratégicas.

Si el acuerdo anteriormente descrito no pudiese ser alcanzado, habría que emprender una efectiva campaña para recabar el apoyo de toda la UE, de la OTAN y hasta de los EEUU para denunciar las injustificadas y antihistóricas ambiciones británicas que España no estaría dispuesta a soportar por continuo incumplimiento por parte del RU del Tratado de Utrecht.

Después de las amplias sonrisas de todos los políticos que alcanzaron el acuerdo sutilmente alcanzado por la UE y el RU, las declaraciones y comportamientos de unos y otros nos aproximan un poco a la comprensión del acuerdo alcanzado, pero también a los problemas que se pueden presentar durante y después de su redacción.

A la luz de lo que ya se conoce sobre el acuerdo alcanzado por la UE, el RU y España, el mencionado acuerdo se refiere principalmente al derribo simbólico de la verja y al libre tránsito de personas y mercancías a través de ella, mientras se mantienen todas las prerrogativas, legales y no legales, del RU en la zona.

La redacción final del documento será bastante difícil de alcanzar porque España no podrá aprobar un documento que termine definitivamente con los fundamentos de nuestra permanente reclamación.  Porque, al margen del Tratado de Utrecht, España no podrá aceptar la pretendida soberanía británica sobre la zona, la posesión incondicional y permanente de su base militar, y un   mar territorial, hoy de tres millas, pero mañana de las millas que más y mejor convenga a los intereses del RU. Y la verja permanentemente abierta para que todos los gibraltareños disfruten de la posibilidad de entrar y salir de España, como si tierra de nadie se tratase.

La evidente dependencia de España, tanto de los colonialistas ingleses como de sus lacayos gibraltareños, fue sin duda el estímulo clave para alcanzar el acuerdo que estamos tomando en consideración. Para los ingleses, para garantizarse la posesión de su base militar, sin restricción alguna, y para los gibraltareños por meras razones relacionadas con su supervivencia diaria. El resultado perseguido, y al fin logrado, fue, en esta ocasión, una segura y fluida comunicación con su “vecina” España. De no haberse alcanzado el acuerdo, el RU tendría que hacer frente a un coste difícil de aceptar, mientras que los gibraltareños no podrían vivir en España, como ahora podrán hacerlo, a un coste mucho más reducido teniendo en cuenta las actuales diferentes rentas “per cápita” a ambos lados de la verja, como ya está sucediendo en La Línea, según su alarmado alcalde, Juan Franco, con inciertos y peligrosos resultados. Y, mientras tanto, el negocio asegurado fue el motivo de todo tipo de sonrisas y efusivos parabienes entre los negociadores, incluidos los españoles que fueron los que más podían perder.

Como estamos comprobando, el libre tránsito de personas y mercancías ya está empezando a provocar un efecto que, en principio, no podemos reconocer como aceptable por lo que pueda tener de ocupación consentida, por parte de la población gibraltareña, del territorio español.

Recién alcanzado el acuerdo el actual ministro británico de asuntos exteriores, David Lammy, se apresuró a responder en sesión parlamentaria a las preguntas que le fueron planteadas.

-El RU se felicita por el acuerdo alcanzado. Los más activos parlamentarios demostraron un inusitado interés en confirmar que podrán seguir conservando su base militar en las condiciones actuales.

– El ministro Lammy también afirmó que los gibraltareños tenían la soberanía sobre el territorio que habitan y, a renglón seguido, manifestó también que tal soberanía era patrimonio del RU. Se olvido de añadir que se refería a una soberanía usurpada porque nunca fue cedida por España en el Tratado de Utrecht.

-El ministro Lammy también manifestó, con gran hipocresía, que el parlamento español no tendría nada que decir sobre el acuerdo alcanzado porque éste sería un acuerdo exclusivo entre el RU y la UE. Espantoso ridículo para los sagaces negociadores españoles.

Y, por último, debemos de reconocer un grave y larvado peligro para todos los españoles porque es muy posible que el RU, o su representante gibraltareño, proponga en la redacción definitiva del acuerdo, que éste se eleve a la categoría de Tratado con la aviesa intención de presentarlo como el sustituto natural del Tratado de Utrecht que aún hoy, con todas sus limitaciones, protege nuestros permanentes derechos sobre nuestro propio territorio.

3.Conclusión.

Es absolutamente necesario que la parte española, aun aceptando las posibles bondades del acuerdo alcanzado, incluya en su redacción definitiva las siguientes reservas:

• El RU dispone solo de la propiedad del territorio gibraltareño (menos la zona del istmo) porque España nunca cedió su soberanía.
• No procede por tanto posesión de mar territorial alguno sobre aguas jurisdiccionales españolas.
• No procede la utilización de la base militar sin el acuerdo y aprobación por parte española de las actividades que el RU lleva en ella a cabo.
• Es necesario que España incluya la posibilidad de restablecer y cerrar la verja si el acuerdo evoluciona gravemente en contra de su seguridad o sus inalienables intereses.

En San Isidro (Pontevedra), a 5 de agosto de 2025.

 

Aurelio Fernández Diz  Capitan de Navio, r. 

De la Asociacion Española de Militares Escritores.  Del Foro de Pensamiento N aval.  Correspondiente de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares.

 

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