La anulación de la compra de balas a una empresa israelí para la Guardia Civil ha dejado en un limbo la situación de sus almacenes de munición. Y es que los largos procesos de adjudicación tendrán que comenzar de cero y los agentes temen un próximo racionamiento de los disparos en las unidades. Uno de los supuestos que se estudian es que se reduzcan las prácticas de tiro, tal y como informan fuentes del Instituto Armado a LA RAZÓN.

El contrato de munición que se ha anulado contenía la cifra nada desdeñable de 15 millones de balas del calibre 9mm, que es el más usado entre los agentes del Cuerpo. Sin embargo, se da la circunstancia de que estas unidades de la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A., filial del grupo internacional Guardian LTD Israel, solo proporcionaban un uso aceptable en los modelos de pistola «Ramón». Para entender los pormenores de la circunstancia que se presenta ante la

Guardia Civil hay que recordar que sus agentes tienen tres modelos de armas: la «HK USP Compact», que utilizan principalmente unidades de paisanos tipo Información y la UCO; la «Beretta 92», que es para Seguridad Ciudadana, y la «Ramón», que solo está en las manos de la Unidad de Seguridad Ciudadana y de otros grupos de cierta operatividad. Estas últimas, que fueron consideradas «low cost», se retiraron temporalmente cuando se detectaron incidencias en su uso.

Todas estas armas necesitan del calibre 9mm que se intentó comprar sin éxito en el mercado internacional. El problema es que los cartuchos que utiliza la Guardia Civil entorpecían el funcionamiento de las pistolas israelíes. «La sensibilidad es distinta y se producía alguna que otra interrupción durante los ejercicios de tiro. Entonces se decidió encargar a esta empresa una munición con algún tipo de ajuste para tener una mayor sensibilidad a la hora de hacer las prácticas», explican fuentes del Instituto Armado. La adquisición de estas balas de la empresa de Israel podría haber «desempolvado» las armas «low cost» que no se pueden suministrar por estos problemas. «Se compró para minimizar los riesgos. La munición es estandarizada y se puede utilizar en todas las pistolas que tenemos», aclaran estas fuentes, que dudan que se puedan volver a comprar las «Ramón» por toda la polémica generada.

El comienzo desde cero de un nuevo proceso de adjudicación supone que pasen largos meses sin este material. Una de las inquietudes de los agentes es saber cómo se gestionará la situación para racionalizar el uso de estos cartuchos y que los almacenes no se queden vacíos. En el punto de mira están las prácticas de tiro de los funcionarios. Los efectivos tienen la obligación de hacer estos entrenamientos una vez cada semestre. La situación de los almacenes podría suponer que se reduzcan a uno al año para economizar el material disponible hasta que lleguen las nuevas unidades. Esta es la orden que gana más peso.

Contratos con demoras

Otra de las circunstancias de interés son los entrenamientos del Grupo de Acción Rápida (GAR). Estos agentes cuentan con formaciones periódicas de forma constante donde el uso de las armas de fuego es la tónica habitual. En un principio, estos elementos no quedarán afectados por la situación. No obstante, una nueva ralentización podría abocar a tomar más medidas. Mención aparte merece la cuestión relacionada con la cantidad de dinero que tendrá que abonar el Estado por la anulación del contrato. «Se van a tener que volver a gastar otros seis millones de euros, a ver quién los paga», se pregunta Daniel Fernández, el vicepresidente de los Independientes de la Guardia Civil (IGC) en declaraciones a LA RAZÓN. Y es que Fernández subraya que este importe «vendría muy bien» a los agentes del Cuerpo para «cubrir las carencias de material» que tienen. De la misma forma, el portavoz nacional de IGC cuestiona la «afectación que tendrá la compra de la nueva munición». Expresa su «preocupación» por si se «agota la que tienen en el almacén» para las diferentes unidades.

La inquietud por estas unidades no se ha frenado por el nuevo procedimiento de compra que ha salido publicado para el «suministro de diversos tipos de munición eslabonada para uso en diversas unidades de la Guardia Civil». Como adelantó este periódico, se trata de una licitación con un valor estimado de 100.430 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de dos meses. No obstante, el pliego detalla que se busca adquirir un total de 50.000 unidades de munición eslabonada en dos lotes. El primero de ellos es del calibre 5,56, con un mínimo de 20.000 unidades por un precio de 1,6 euros. El segundo de ellos busca 30.000 unidades del calibre 7,62, por un precio unitario de 1,7 euros. Un tamaño que no es el acorde con el tipo estándar. Estos elementos irán destinados a los agentes que desarrollan Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Necesitan disponer de equipos y material compatibles para realizar estas misiones en lugares complejos del mundo.

Los agentes temen que la demora en la compra suponga que los almacenes se queden sin munición

Marlaska aún no ha licitado los pliegos para adquirir las nuevas balas para el Instituto Armado