El soberanismo catalán no ha perdido ocasión. La de ayer era la primera comparecencia del nuevo titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso. Se trataba de marcar sus líneas de actuación principales. Pero desde las filas catalanas, en una breve intervención, se le marcó el terreno. Así, los soberanistas catalanes quisieron poner deberes al ministro del Interior. Durante su intervención en el Congreso, el diputado del PDeCAT Feliu-Joan Guillaumes le exigió a Grande-Marlaska que dé luz verde para que los Mossos d’Esquadra aumenten en 500 agentes su actual plantilla. Asimismo, reclamó también que el Gobierno impulse la compra de armas largas para los Mossos, «teniendo en cuenta que estamos en un nivel de alerta antiterrorista 4», dijo. Y finalmente, volvió a poner sobre la mesa otra de las reivindicaciones históricas de los nacionalistas catalanes: la incorporación de los agentes autonómicos a las bases de datos policiales europeas.
Durante la comparecencia, los portavoces de Ciudadanos y del Partido Popular denunciaron lo que, a su juicio, es un trato de favor por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a los presos implicados en el procés. En sus intervenciones, los representantes de ambas formaciones, Miguel Gutiérrez y Martín Toledano, hablaron de pago de favores desde el Ejecutivo a los partidos de los que forman parte los encarcelados para pagar su apoyo en la moción de censura.
En su respuesta a los grupos, Marlaska elogió el trabajo en materia de seguridad que realizan los Mossos d’Esquadra y su colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil tras escuchar la petición del PDeCAT. Grande-Marlaska recordó, además, que la adquisición de material armamentístico y municiones depende en parte también del Ministerio de Defensa. «Me enteraré y trasladaremos esa cuestión», indicó el ministro en respuesta a Guillaumes, remitiéndose también a lo que se acuerde en la Junta de Seguridad de Cataluña, sobre todo en lo referente al acceso de la policía catalana a bases de datos europeas.
El ministro se mostró visiblemente molesto con la oposición de PP y de Ciudadanos después de que ambas formaciones hablaran de trato de favor y de privilegio para los presos de ETA tras el anuncio del presidente del Gobierno su intención de acabar con la política de dispersión.
«A mí las víctimas me creen. No hay ningún tipo de negociación en la sombra. Yo no juego con nadie, menos con mis conciudadanos. Tengo mi confianza en la ley y en su aplicación. Cuando la doctrina Parot fue muy duro, pero apliqué la ley. Porque yo me creo el estado de derecho», apuntó el ministro
«Yo tengo una historia de 30 años. Para los jueces, el cumplimiento de la ley es ineludible, es nuestro ADN», remarcó. «Les digo: no hay ningún tipo de pacto, de pago, de precio, no hay nada de eso. Si se hubiera producido esa situación, este ministro del Interior no estaría aquí. No puedo ser más claro». Grande-Marlaska insistió en que el cambio de política penitenciaria es consecuencia de que ETA ha sido derrotada. Aseguró que el acercamiento de los presos se realizará de manera individualizada y negó que ya estén encima de la mesa nombres de presos: «¡Si aún estamos viendo el procedimiento…!», aclaró.
Recordó que estos futuros acercamientos nada tiene que ver con la Vía Nanclares, que aseguró que esta vía está paralizada desde 2012 «y, además, boicoteó». «Yo era un firme defensor de esta vía», añadió Grande-Marlaska.
