El auto judicial hace aún más llamativa la negativa de Sánchez a cumplir las instrucciones europeas, tal y como demuestra la documentación exclusiva obtenida por El Debate, probatoria incluso del intento del líder socialista de engañar a la propia Europa, explicando sus incumplimientos en la aplicación de una ley que ni siquiera existe y no ha pasado de ser una declaración de intenciones del Gobierno.

Este periódico ha accedido al intento de coartada de Sánchez ante Europa, con un informe fechado a 30 de diciembre de 2024 y escondido en un cajón hasta ahora, que el Gobierno remitió a regañadientes al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y que no consta siquiera en el memorándum más reciente del organismo que lucha contra la criminalidad económica en la política, con todas sus actividades para contenerla y prevenirla.

Su hermano y su mujer están formalmente procesado e imputada, respectivamente; en una especie de parque temático de la corrupción que afecta de una manera u otra hasta a veinte personas de su entorno político o familiar, con su histórica mano derecha al frente, José Luis Ábalos, y sospechas fundadas sobre distintas tramas en rescates abultados de empresas privadas con dinero público, compra masiva de mascarillas o licencias de hidrocarburos con fraudes y ganancias millonarios.

Con todo ello recogido en incontables autos judiciales e informes de la UCO, el Ejecutivo sigue sin hacer nada para modificar la ley, tal y como le exige el organismo europeo, que insta al Gobierno de Sánchez a depositar en una sede oficial toda la información económica referida a la esposa del presidente, Begoña Gómez, tal y como desveló este periódico.

Ya el pasado mes de abril el GRECO publicó su evaluación sobre España con datos de 2023 y alertó de que el Gobierno incumplía algunas de las 19 recomendaciones, mientras que otras solo las cumplía de manera parcial, pero el Gobierno lanzó un comunicado en el que daba la vuelta a los datos y señalaba que ya cumplía, total o parcialmente, 24 de las 30 recomendaciones.

En el nuevo informe del gobierno remitido al GRECO, cuya evaluación aún no se ha hecho pública, y al que ha accedido en exclusiva El Debate, una vez más se ignoran las instrucciones del organismo europeo que busca prevenir la corrupción y promover la integridad en el gobierno central (top executive functions) y de las autoridades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Así en el punto relativo a la necesidad de aumentar la transparencia al respecto de las actividades económicas de las parejas de los altos cargos, el Gobierno lo despacha en una sola línea, afirmando que se abordará el asunto cuando se apruebe la Ley de Gobierno Abierto.

Una reforma anunciada pero no aprobada que, en realidad, es una manera de ganar tiempo sin hacer nada o incluso un intento de anular otra ley, la de Transparencia y Buen Gobierno, que ha exhibido las vergüenzas de Sánchez en materia de ejemplaridad, con cientos de resoluciones en su contra y un grado de incumplimiento sin precedentes en La Moncloa.

Lo cierto es que en la ya larga trayectoria en el poder del líder socialista, se ha mostrado radicalmente en contra de rendir cuentas, con su plantón al Senado que dura ya catorce meses como emblema, y tampoco parece preocupado por atender un requerimiento que ignora año tras año desde su acceso a la Presidencia.

En concreto, el documento remitido por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes analiza la situación a 30 de diciembre de 2024 de los asuntos correspondientes a la quinta ronda de evaluación de GRECO, iniciada el 20 de marzo de 2017, y que se centra en la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad en los gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, y desde entonces, pese a que han pasado ocho años, nada ha cambiado en lo relativo a Gómez, imputada por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral.

Es más, el Gobierno ha ido dando diferentes versiones acerca de la recomendación de «ampliar el alcance de los requisitos de publicación de las declaraciones financieras» y (…) considerar acortar los plazos para la presentación y publicación de estos informes, así como incluir información sobre los cónyuges y familiares dependientes, entendiéndose que dicha información no necesariamente tendría que hacerse pública”, que marcaba el GRECO.

En su informe de 2021, ya señaló que “la solicitud de información financiera sobre cónyuges y familiares dependientes ha sido descartada por el momento debido a restricciones legales en materia de protección de datos, según la traducción profesional de Yolanda Cerdá de toda la documentación acumulada por este periódico.

Por su parte, en el escrito que envió al Consejo de Europa en 2023, que publicó en exclusiva este periódico, reconocía que no había hecho nada al respecto. De hecho, aseguraba de forma textual que «no se ha producido ningún avance significativo», lo que evidenciaba el nulo interés del Ejecutivo en que los negocios de Begoña Gómez sean públicos o que al menos, se depositen sus declaraciones de intereses y bienes en la Oficina de Conflictos de Intereses, tal y como recoge la institución en su lucha contra la corrupción.

Ningún avance sobre este asunto recoge el informe que hoy publica El Debate, en el que tan solo se hace referencia a una norma que no se encuentra reflejada en el Plan Anual Normativo de 2025 y sobre cuyo alcance, contenido o plazos poco se sabe, más allá de una comparecencia del ministro Óscar López en diciembre del año pasado en la Comisión Función Pública del Congreso de los Diputados, en la que manifestaba sin mayor detalle, y tras siete años de inacción del presidente Sánchez, el primer semestre de 2025 como plazo orientativo.

El GRECO exige eliminar los aforamientos

Otro de los puntos importantes que ha referido el GRECO en su informe anual es que el Gobierno tiene que modificar la legislación para que los aforamientos no sirvan de escudo en los casos de corrupción, tal y como acaba de suceder con el caso de Miguel Ángel Gallardo, imputado en la causa de David Sánchez en Badajoz, y protagonista de una fuga desde la Diputación Provincial hasta la Asamblea regional para quedar aforado.

Las autoridades españolas habían respondido que era un asunto «delicado», porque esa modificación requeriría una reforma constitucional. Además, puntualizaban que no es que los aforados estén exentos de responsabilidad, sino que esa cuestión en su caso queda en manos de la sala penal del Tribunal Supremo y no de jueces ordinarios. Pero la realidad es que en varios de los casos de corrupción que rodean a Sánchez tienen la palabra «aforado» como estrella.

De hecho, el exministro José Luis Ábalos, investigado por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, no abandonó su acta de diputado tras conocerse su presunta implicación en el ‘caso Koldo’; y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, procesado junto al hermano del presidente del Gobierno por haber «intervenido» en la contratación de David Sánchez, se ha convertido ‘in extremis’ en diputado regional, lo que le permite ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) en vez de por la Audiencia Provincial.

Y parece que el Gobierno no piensa hacer nada más al respecto, pues según el último informe que envió al GRECO no ha habido cambios y ha vuelto a «insistir que el aforamiento no exime de responsabilidad penal a las personas a las que se aplica». Además, ha recordado que «en enero de 2019, el Gobierno presentó a las Cortes Generales una propuesta de reforma de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, referida al «aforamiento» de diputados, senadores y miembros del Gobierno. La reforma proponía incorporar a ambos artículos la frase «en el ejercicio de las funciones propias de su cargo» con el objetivo de delimitar su alcance».

Según el Gobierno, esta iniciativa se encontraba en trámite legislativo en el momento de la disolución de las Cortes Generales en 2023, y por tanto se ha paralizado.

La institución insiste en potenciar el papel de la Guardia Civil y la Policía contra la corrupción en medio de la ofensiva del PSOE contra la UCO

Por otra parte, otro de los asuntos que trata el Gobierno en el informe que ha remitido al GRECO versa sobre el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y lo hace en medio de una enorme tormenta por los audios de Leire Díez y ante las evidencias de la hostilidad que rezuma el Gobierno y el PSOE contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de las investigaciones de las tramas que cercan al PSOE.

De hecho, cabe recordar que, tal y como publicó El Debate, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ambos imputados ante el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, han encargado a sus subordinados realizar un dossier recogiendo los errores de la UCO en otros casos de relevancia pública o mediática, con el único fin de desacreditarla.

Al mismo tiempo, han ido publicándose las conversaciones de Leire Díez en el que, junto a otras dos personas afines al PSOE, trataba de sonsacar información comprometida sobre Antonio Balas, el jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO y, aunque todos los niegan, la sombra de la existencia de una operación socialista para acabar con la unidad es enorme.

A pesar de los ataques que desde el entorno de Sánchez y su Gobierno se vienen realizando contra la UCO; del silencio de Marlaska ante la llamada despectivamente «UCO patriótica» y sobre las que este medio ha preguntado al ministro de Interior sin tener respuesta a fecha de cierre de edición de esta información, el Gobierno recalca, sin más, la importancia de la Guardia Civil en su Plan Estratégico 2021-2024, destacando que los objetivos de tal plan están alineados con los de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 contra el crimen organizado y el cibercrimen.

La respuesta del Gobierno se centra en recopilar las estrategias y normas que ya tiene implementadas y se limita a hablar de las unidades de Asuntos Internos de ambos cuerpos. Además, respecto a la Guardia Civil, asegura que la Estrategia Institucional de la Guardia Civil 2030 «establece la lucha contra la corrupción como uno de sus objetivos estratégicos, y el resto de las acciones llevadas a cabo por el Cuerpo deben tener como referencia su cumplimiento».

De hecho, explica que el Plan Estratégico de la Guardia Civil 2021-2024, que está actualmente en vigor, «incluye una línea de acción exclusiva dedicada a la lucha contra la delincuencia organizada y la delincuencia grave, que incluye un objetivo específico para la lucha contra la corrupción», pero no aporta más detalles al respecto de uno de los principales problemas que atenazan al Gobierno y lo colocan al borde del abismo.

La realidad es que hasta cuatro ministros, María Jesús Montero, Óscar López, Pilar Alegría y Mónica García, además del portavoz parlamentario Patxi López, repitieron el bulo de que un alto mando de la UCO fantaseaba con poner una «bomba lapa» a Pedro Sánchez o enviarle un «sicario venezolano» y no rectificaron cuando la mentira se desmontó.

Además, conviene recordar que, en plena oleada de corrupción y guerra sucia y de desprecio a las instituciones nacionales y europeas, el Gobierno intenta además legislar para retirar a los jueces de las instrucciones de los casos de corrupción y colocar en la cima a la Fiscalía General, incluso con mando sobre la UCO, mientras su titular está imputado por revelación de secretos. Todo ello entre advertencias del Consejo General del Poder Judicial sobre la necesidad de respetar a los jueces y no atacar su trabajo.