La guerra de Ucrania y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca han alterado el tablero de la política mundial y, por consiguiente, han impactado de lleno en la española porque vuelve a poner sobre la agenda qué papel debe jugar el Gobierno y, sobre todo, cómo cuadra las cuentas públicas para cumplir con las exigencias de la OTAN en materia de gasto en Defensa. En total, España tiene que llegar (hasta que se acuerde otro objetivo) a los 34.000 millones en 2029, en tan solo cinco años, y ahora está gastando 19.723: por tanto, hay que añadir 14.000 millones más, lo que se traduciría en un incremento de 2.855 millones por año, prácticamente. Y Pedro Sánchez

tiene ahora mismo una posición complicada para afrontar esos compromisos internacionales por su debilidad parlamentaria, de ahí que esté aprovechando cualquier resquicio para incrementar impuestos, como con el SMI, y esté pidiendo amparo a la Unión Europea para relajar las reglas de gasto e introducir nuevos mecanismos mancomunados como los fondos europeos.

Sánchez no tiene fuerza para aprobar presupuestos, pero tampoco parece que la tenga para subir la presión fiscal. Eso no quita para que el presidente haya protagonizado ya 97 subidas de impuestos desde 2019 y contemple seguir por esa misma línea, aunque con regates en corto para elevar la presión impositiva sin tener que pasar por las Cortes. En este sentido, prueba de esta línea estratégica está que el PSOE es el único partido que se ha opuesto a eximir el Salario Mínimo Interprofesional del IRPF, algo que Hacienda estima que puede aportar entre 1.700 y 2.000 millones a las arcas públicas: es decir, con ello, tendría ya casi una tercera parte del trabajo hecho cada año, ya que se calcula que tiene que incrementar el gasto en Defensa en torno a 3.000 millones de euros.

A la espera de cómo se resuelve el SMI, Sánchez está colando más presión fiscal por la puerta de atrás y está empleando todos los mecanismos que tiene a su alcance para impedir que decaiga la recaudación fiscal: en este sentido, gracias al control del Congreso, ha bloqueado la anulación del impuesto a la generación eléctrica que pretendían PP y Junts y que suponía más de 1.000 millones de euros; o, ha evitado adaptar los impuestos a la inflación, lo que ha permitido llenar más las arcas del Estado.

Y, a pesar de ello, la deuda crece imparablemente, ya que esa es la vía alternativa que tiene Sánchez para poder incrementar el gasto: desde que llegó en 2018, se ha disparado en 400.000 millones. Ahora mira a Europa para relajar las reglas fiscales, ya que con la pandemia ha tenido manga ancha para gastar y eso se está empezando a acabar con la reactivación de las restricciones de Bruselas. También mira a Europa para pedir un mecanismo colectivo de gasto, como los fondos europeos, ya que, internamente, va a ser incapaz de articular una respuesta para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos.